Cobros impropios y con amenazas
Lic. Gerardo Morales
CONSULTA: Por motivos de la vida me quedé sin trabajo durante mucho tiempo y no pude colocarme rápido laboralmente. Ahora resulta que aparece una cobradora de crédito efectuándome un cobro, pero en mi trabajo no me lo hacen a mí, mandan mensajes de fax a la empresa o llaman a terceras personas en el trabajo y hasta piden hablar con mi jefe de parte de un tal licenciado.
No es que no quise pagar, lo que me dieron de mi último trabajo fui a pagar los meses atrasados, pero resulta que cuando llevé el dinero me salieron con que tenía que pagar todas las llamadas de cobro y las visitas del cobrador a la casa de mi madre para cobrarme. Como era tanto me dijeron que no me alcanzaba y no me quisieron tomar el monto que llevaba.
Al tiempo tuve que salir de Paquera a buscar trabajo en la capital. Cuando me comentaron en el trabajo de este cobro, me contacté con la cobradora y me dijeron que ya se hacía el cobro judicial, que si quería hacer un arreglo de pago tenía que pagar ¢125 mil por quincena y que estaba hecha la notificación desde hace meses, recibida por mi madre en Puntarenas.
La pregunta es ¿ellos pueden tomarse el derecho de cobrarme ante terceras personas y hasta hablar primero con mi jefe? Actualmente puedo perder mi trabajo, lo único que tengo para vivir.
RESPUESTA: Algunos bufetes que se dedican a cobrar cuentas morosas vienen traspasando los límites de la moralidad y la corrección, y pretenden convertirse en tribunales con llamadas engañosas y amenazadoras.
De primera mano conozco la situación porque mi hija, casada con un empresario, le ayuda con la administración y recibió una de estas llamadas, en la que un tal bufete, abogado o secretaria pretendía que se aplicara un embargo a un empleado de la empresa con solo el envío de un cobro de esos cobradores.
Lo que no sabía la gente que llamaba es que mi hija es abogada y no le iban a meter gato por liebre. Todos los cuentos que usted recibió y posiblemente su patrono se los echaron a ella, pero cayeron en saco roto, obviamente.
Sin mayor vergüenza, y menos justificación legal, exigen al patrono la retención, que nunca ha sido ordenada por un tribunal, el pago de llamadas, cobros a parientes, cartas, honorarios, arreglos de pago y demás yerbas exóticas.
El patrono no tiene mayor vela en este entierro y simplemente lo utilizan como medio de presión para que se alarme y, engañado, retenga el salario y asuma otros compromisos abusivos e ilegales.
Estas perturbaciones a la privacidad pueden ser denunciadas a la estatal Agencia de Protección de los Datos de los Habitantes (Prodhab), que pertenece al Ministerio de Justicia y Paz, ubicada en el Edificio del Registro Nacional en Zapote.
Ni una orden de embargo judicial, ni la acción molesta de terceros es causal de despido.
