El candidato presidencial y diputado Otto Guevara presentó un nuevo proyecto de ley para incautar bienes a estructuras ligadas a actividades ilícitas como el narcotráfico.
Guevara impulsa la propuesta “Ley Especial de Extinción de Dominio, respetando las garantías constitucionales”, bajo el expediente 20.599, después de mantener una fuerte oposición a la iniciativa 19.571, respaldado por el Gobierno.
El legislador ha argumentado que el proyecto que abriga el Poder Ejecutivo -que ha urgido por su pronta aprobación como una herramienta contra el crimen organizado- genera la “violación al principio constitucional de inocencia; invierte la carga de la prueba; confisca bienes de personas sin necesidad de que haya sentencia y viola la propiedad privada”.
La Defensa Pública también se ha pronunciado advirtiendo sobre la inconstitucionalidad del proyecto 19.571, que tras estos cuestionamientos se ha mantenido dormido en el Congreso.
Por ejemplo, Defensa Pública ha recomendado que, para evitar una “confiscación arbitraria”, debía incluirse una cláusula denominada “in dubio pro persona”, es decir, que la duda favorezca al individuo investigado; así como eliminar la causal de “crecimiento de patrimonio injustificado”.
“En esta versión se incorporaron las observaciones de los académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, que prepararon documentos amplios sobre el tema, las de Fabián Volio, Jaime Ordóñez y la Defensa Pública, por eso hablo de Extinción de Dominio, pero respetando garantías constitucionales. Con este proyecto hay que demostrar que se cometió un delito, en el otro actuaban a pura presunción, llegaban y le ponían una etiqueta a una persona, le confiscaban todos sus bienes, le podrían paralizar una empresa, le vendían los bienes perecederos. Ahora hay que hacer un debido proceso”, destacó Guevara.
Según el libertario, el proyecto además toma elementos del texto de la Ley Modelo de Extinción de Dominio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
A partir del 1º de diciembre, será el Poder Ejecutivo el que tendrá en sus manos definir la agenda de proyectos de ley.
A través de la oficina de prensa del Ministerio de la Presidencia, indicaron que el proyecto deberá ser sometido a valoración.
El diputado indicó que si el gobierno no convoca su propuesta, buscará que se convierta en el texto sustitutivo del proyecto que ya se discute.
