Pese a que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) emprendió una serie de acciones para mejorar y fortalecer la transparencia en su gestión institucional y en el proceso tanto de selección como de otorgamiento de beneficios, estos no han dado los resultados esperados, pues persisten debilidades en el quehacer de la entidad.
No existe una política que especifique cómo un posible beneficiario deba pedir información al IMAS, falta uniformidad en el trámite, así como la atención de denuncias y quejas por parte de la Unidades Locales de Desarrollo Social (ULDS) y las Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS), además dichas dependencias rinden cuentas de manera parcial a los ciudadanos sobre el cumplimiento o no de sus funciones, no hay un procedimiento para la depuración y administración de la lista de espera y se observan falencias en la selección y otorgamiento del beneficio “Atención a las Familias”, esos son algunos de los problemas identificados por la Contraloría General de la República (CGR).
En su informe DFOE-SOC-IF-11-2017, la entidad fiscalizadora del Estado recalca que el IMAS no cuenta con una estrategia, programa e indicadores de transparencia que fortalezcan la cultura organizacional al tiempo que no dispone de suficientes medios físicos para promover el acceso a la información institucional.
RETOS PENDIENTES
Con esto, la falta de transparencia en varios quehaceres institucionales hacia los beneficiarios es el talón de Aquiles para el IMAS. De acuerdo con la instancia contralora, se debe trabajar más.
“A pesar de que ha implementado acciones para promover y fortalecer la transparencia en la gestión institucional y en el proceso de selección y otorgamiento de beneficios…, actualmente cuenta con tareas y retos pendientes relacionados con diseñar e implementar mecanismos efectivos que promuevan una gestión administrativa transparente…”, detalla la Contraloría.
Al mismo tiempo, se identificó que, en cuanto al proceso de selección y otorgamiento de beneficios, se determinaron debilidades que impactan en las dimensiones de la transparencia, como lo son el no definir los tiempos para el otorgamiento de beneficios, en este sentido se evidenció que en la resolución de los casos la duración oscila entre pocas horas del mismo día en que se reciben los requisitos hasta más de 45 días.
“Asimismo, se hallaron expedientes físicos que no se encontraban foliados ni en orden cronológico, a pesar de que el IMAS cuenta con reglamentación interna al respecto”, se desprende del análisis contralor.
Por ello, entre otros se le giró la disposición al presidente ejecutivo del IMAS, Emilio Arias, para que, a más tardar el 28 de febrero de 2018, informe y certifique a la Contraloría que se diseñó, oficializó e implementó una estrategia para el fortalecimiento, divulgación, seguimiento y mejora de la transparencia institucional.
Entre otros aspectos, Arias determinó que se revisaron 272 expedientes de 154 mil en los cuales los funcionarios de la CGR detectan la existencia de carpetas incompletas, pero sostuvo que las debilidades identificadas no tienen que ver con las Fichas de Información Social (FIS), documento que determina que el beneficiario se encuentra en pobreza, pues este, según puntualizó el jerarca, sí se encuentra dentro de cada uno de los expedientes de los beneficiarios.
“Comparto absolutamente lo que dice la Contraloría porque eso nos ayuda a contar con mecanismos estandarizados, eso no quiere decir que no lo estemos haciendo, sino que hay que estandarizarlos. Según nos explicaron en la Contraloría, es una valoración que se está haciendo por primera vez, por lo que, desde la óptica nuestra, eso es positivo, porque va en la misma dirección de las políticas que hemos venido implementando para eliminar filtraciones y ser más transparentes”, reiteró Arias.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Martes 14 Noviembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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