Una Constituyente inconstitucional y antidemocrática
Alternativas
El Gobierno del Presidente Maduro convocó a la formación de una Asamblea Constituyente inconstitucional y antidemocrática. Para ello, con la complicidad de los poderes judicial y electoral de Venezuela, ha llamado el próximo domingo 30 a un sui géneris proceso electoral para constituirla.
La convocatoria es inconstitucional por su procedimiento. No corresponde al Presidente de esa República convocar a la celebración de una Asamblea Constituyente, según el artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 aprobada por el pueblo por iniciativa del entonces presidente Hugo Chávez. Ese artículo señala: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
El Presidente sí tiene la facultad de iniciativa para ese fin (artículo 348), pero el poder de convocarla es del pueblo, que es el que, mediante un referéndum, debe resolver si se la convoca o no. Esa competencia no es del Presidente, ni del Tribunal Supremo de Justicia, ni del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El artículo 350 de la Constitución venezolana es igualmente contundente: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá́ cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Y los mecanismos designados por el presidente Maduro y el CNE para constituir la autocrática Asamblea Constituyente pretendida, constituyen un brutal irrespeto a los principios democráticos de participación abierta a todos los ciudadanos y de decisión por la regla de mayoría de votantes.
De los 532 constituyentes, las reglas del presidente Maduro y del CNE establecen que 336 serán seleccionados territorialmente, a razón de uno por cada municipio y dos por las cabeceras de estado. Esto determina 312 miembros, en cuya selección un municipio de unos pocos miles de lectores tendría la misma representación de uno con muchos cientos de miles. Si se toman los resultados de votación para la Asamblea Nacional del 6 de diciembre de 2015 en la cual la oposición ganó dos tercios de los escaños, el resultado de estos representantes de municipalidades le daría mayoría al Gobierno que con solo un tercio de los votos sacaría un 54% de los constituyentes y la oposición se quedaría con solo el 45% de los constituyentes territoriales.
Peor es el caso de los 168 representantes sectoriales, pues en este caso el CNE determina quién puede votar en cada sector. De esta manera, el madurismo se puede asignar, si lo quiere, la totalidad de esa representación.
Ante esas circunstancias, y para impedir que se acabe de consolidar una dictadura en Venezuela, la Asamblea Nacional de esa hermana nación ha convocado una Consulta Popular para que los ciudadanos determinen si desean o no que se constituya semejante constituyente. Esta Consulta Popular se lleva a cabo el domingo 16 de julio, el día anterior a que salga publicada esta columna que dejo lista el viernes 14, de previo a partir para asistir como observador, invitado por el diputado presidente de la Asamblea Nacional don Julio Borges. Parto en la honrosa compañía de la Sra. expresidenta doña Laura Chinchilla, y nos uniremos a los expresidentes Andrés Pastrana de Colombia, Jorge Quiroga de Bolivia y Vicente Fox de México, todos miembros del grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas.
Hemos considerado esencial la presencia de observadores internacionales para tratar de evitar nuevos y más graves atropellos contra los derechos humanos del régimen del presidente Maduro, cuyas fuerzas represivas y colectivos en 104 días de pacíficas manifestaciones ya han asesinado a más de 94 jóvenes, herido a miles, encarcelado y sometido ilegalmente a tribunales militares a cientos. Nuestra vocación por la vida, la libertad, la dignidad y los derechos humanos de todas las personas y nuestro apego a la democracia y el estado de derecho con su esencial respeto a la división de poderes y asignación de competencias nos lleva a dar testimonio de lo que ocurra en Venezuela durante esta Consulta Popular.
A esta Consulta Popular le da enorme fuerza moral el llamado al Gobierno lanzado el pasado 12 de julio por la Conferencia Episcopal de Venezuela, que pide suspender la convocatoria a la Constituyente; respetar los derechos y competencias de la Asamblea Nacional; que “abandone la represión inhumana de las manifestaciones de quienes disientan, y se desmantelen y sancionen los grupos armados que, con sus acciones, llenan de zozobra a amplios sectores de la sociedad”; la liberación de todos los presos políticos; la apertura de canales humanitarios para la dotación de alimentos y medicinas; llama a las fuerzas armadas a cumplir “su deber de estar al servicio de todo el pueblo en el respeto y garantía del orden constitucional y no simplemente de un régimen, partido o gobernante”; y pide “a la dirigencia política que, en el ejercicio de su vocación ciudadana, esté siempre comprometida solo con el pueblo y nunca en la búsqueda de propios intereses.
Los obispos del hermano país han clamado: “La Constitución ha sido violada nuevamente, y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) avalan lo que propone el Ejecutivo, sin tener en cuenta los principios básicos de la democracia participativa establecidos en la Constitución. El mencionado proyecto constituyentista pretende imponer al país un régimen dictatorial. Además, al privilegiar, en su conformación, unas bases comiciales sectoriales sin asidero jurídico, se viola el derecho de todos a elegir y a ser elegidos y el principio constitucional (Art. 63 CRBV) de la representación proporcional de la población según su distribución territorial. Asimismo, la Asamblea Nacional Constituyente tendría un poder supraconstitucional con el propósito de eliminar los actuales órganos del Estado, principalmente la Asamblea Nacional, elegida legítimamente por el pueblo. Tampoco se establecen límites en el ejercicio de sus funciones y extensión en el tiempo. Todo deja entrever que lo que se busca es instaurar un Estado socialista, marxista y militar con la desaparición de la autonomía de los poderes, especialmente el legislativo”.
Los obispos también dan legitimidad a la Consulta Popular convocada por la Asamblea Nacional: “El próximo 16 de julio, promovida por la Asamblea Nacional, tendrá lugar una consulta popular que goza de toda legitimidad. Consideramos una provocación de parte del gobierno y del CNE convocar, para ese mismo día, un simulacro de votaciones en algunos centros electorales del país, pues puede generar lamentables conflictos. El pueblo sigue exigiendo el respeto a su dignidad y a sus propios derechos”.
Quiera Dios que ayer -como lo piden los pastores católicos del pueblo venezolano- se haya respetado al pueblo venezolano en su dignidad y en sus derechos.
