La diputada Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y la libertaria Natalia Díaz señalaron al jerarca del Congreso y candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, de llegar a un supuesto acuerdo con los gremios del Poder Judicial que resultó en el retiro de un texto de ley.
Este era impulsado por la Superintendencia de Pensiones (Supen) y se había acordado mantener como base en la discusión que se lleva a cabo en la Comisión Especial de Pensiones, que analiza reformas el régimen de jubilación de la Corte.
Guerrero acusó a Álvarez en el Plenario de calculador y querer manipular un tema urgente por un cálculo electoral.
“Una chambonada de Antonio Álvarez Desanti, que nunca se presentó a la comisión y que firma un acuerdo para sacar de la corriente legislativa el texto de la Supen, una lástima que don Antonio cierre así su gestión en esta Asamblea Legislativa, cuando le toca a él no hacer de esto una mejenga electoral, que es lo que está haciendo”, comentó la congresista del PAC.
Por su parte, Díaz dijo sentirse decepcionada y preocupada por lo ocurrido este martes en la comisión y comparó a Álvarez Desanti con el presidente venezolano Nicolás Maduro por querer imponer su posición pasando por encima de otros legisladores.
“Es una barbaridad y un atropello lo que ha pasado, porque usted cree que está por encima del resto de los diputados e impone su criterio al estilo de Maduro en Venezuela, lo que usted hizo hoy fue una ‘madurada’”, insistió la libertaria.
MENTIRA
Álvarez fue enfático en desmentir los señalamientos de las diputadas y calificó todo como un ataque electoral siendo que su candidatura es la más importante en las encuestas.
Enseñó además un acta del 30 de junio del año anterior donde se muestra el acuerdo de utilizar el texto de los gremios y que se esperaría los resultados del estudio actuarial que prepara la Universidad de Costa Rica (UCR).
“Es mentira que hay un acuerdo nuevo, y que esto es secreto, fue el acuerdo desde el inicio y lo que estamos instando es que la UCR entregue cuanto antes los estudios, el acta fue mucho antes de que yo fuera precandidato y decir que esto tiene fines electorales es una barbaridad”, insistió.
A ESCONDIDAS
Las legisladoras junto al presidente de la comisión, el socialcristiano Johnny Leiva, acusan a los otros miembros de dicho foro de pasar por encima del reglamento y realizar una sesión que se encontraba suspendida.
Precisamente en horas de la mañana de este martes, los liberacionistas Sandra Piszk, Ronny Monge y Julio Rojas, junto al frenteamplista Jorge Arguedas y Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense, se reunieron para realizar la sesión a pesar de que Leiva había comunicado por correo electrónico que estaba suspendida por la consulta que se debía hacer del texto sustitutivo de la Supen, según el procedimiento especial de “vía rápida” que tiene el foro legislativo para dicha reforma.
Según el socialcristiano, en el Sistema de Información Legislativo (SIL) se indica que el proyecto de ley se encuentra en consulta.
En esa sesión se votó una moción del frenteamplista Jorge Arguedas por unanimidad que echó atrás la decisión de acoger el texto de la Supen (que había sido votado semanas atrás por el PLN) y traer de nuevo a discusión el que propusieron los gremios del Poder Judicial.
RESPETAR ACUERDO
Para el liberacionista Ronny Monge, la decisión de sesionar se debió al compromiso que se tenía de utilizar el texto de los gremios y esperar los resultados completos del estudio actuarial que realiza la UCR.
Además, insistió que el argumento de Leiva de que el proyecto estaba en consulta según el SIL es falso, ya que a las 8:50 a.m., minutos antes de la sesión, el sistema no indicaba ninguna consulta.
Sandra Piszk defendió que su decisión para volver al texto de los gremios pasa por dos argumentos de peso, el primero es que el documento de la Supen establece una contribución especial pareja del 30% para todos los pensionados del Poder Judicial.
Y la otra, la advertencia del Ministerio de Hacienda de endosar esa responsabilidad de las pensiones al presupuesto de la República en plena crisis fiscal.
Guerrero recordó que el régimen de pensiones del Poder Judicial está en peligro, con un hueco de ¢5 mil billones, según ha dicho la UCR, y que el texto que proponen los gremios apenas soluciona ȼ1 billón del dinero que tendrán que cargar al presupuesto de la República y pagar todos los costarricenses.
Por lo pronto, ambos “bandos” esperan que el departamento de servicios técnicos del Congreso indique si el procedimiento donde cinco diputados sesionaron fue legal.
En medio del juego político, quedan los representantes de los gremios judiciales, quienes de momento se mostraron satisfechos con los resultados de la comisión.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Foto: Francisco Herrera
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Miércoles 19 Abril, 2017
HORA: 12:00 AM
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