Después de un mes que se conociera el estudio actuarial de las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) arrancará en febrero la discusión de las medidas que deberán tomarse para darle aire a ese régimen, así lo consignó su presidenta María del Rocío Sáenz.
“Creo que el tema electoral es una oportunidad y no un riesgo. Es el momento para que todos los partidos políticos tengan la gran oportunidad de fortalecer el régimen de pensiones de este país. Pero para eso tenemos que trabajar, escuchar las preocupaciones que tiene la gente y llevar las diferentes opciones a esas mesas de discusión”, declaró.
Agregó que dentro de este programa no existen pensiones de lujo, como muchos erróneamente piensan, e indicó que este primer pilar que administra la Caja tiene tope y está basado en la solidaridad de los cotizantes. También resaltó que se requiere un acuerdo nacional para llegar a esos acuerdos que tomarán las recomendaciones que den los técnicos de la Gerencia de Pensiones a la junta directiva en los próximos días.
ESTUDIO UCR
El 20 de diciembre la CCSS dio a conocer el estudio actuarial realizado por expertos de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, en el que subraya que se experimenta un proceso de envejecimiento de la población nacional y de maduración del programa de pensiones.
El análisis de los expertos revela que en 2003-2015 hubo un aumento significativo del número de pensiones y de los gastos sobre los salarios, por lo que consideran que deben hacer reajustes como por ejemplo aumentar el aporte de patronos, trabajadores y Estado del 9,16% al 15%.
“Uno de los escenarios propuestos por la institución plantea un aumento en las primas, más que en la edad de pensionarse. El informe de la UCR planteó edades múltiples de retiro, es decir, si una persona empezó a trabajar muy tarde en la vida pueda laborar hasta los 70 para que tenga una pensión más acorde porque si debe pensionarse a los 65 años no tendría esa posibilidad”, detalló Sáenz, quien confirmó que la propuesta contempla edades diferentes según el caso de cada trabajador, porque recordó que muchos empiezan a trabajar pero no cotizan y eso les perjudica.
La presidenta de la CCSS citó el caso del programa de pensiones de Uruguay, donde el aporte de las primas es de un 25% sobre el salario, pero los trabajadores trabajan hasta los 60 años.
“Si queremos buenas pensiones requerimos aportar por largo tiempo y consistentemente. Cómo lo vamos a arreglar, debemos ponernos de acuerdo”, manifestó.
RECOMENDACIONES
Un análisis de la auditoría interna de la CCSS con fecha 11 de noviembre de 2016 confirma que el traslado de recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) o del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) al IVM significaría que no sería necesario realizar otras reformas que impliquen el cambio de edad para el retiro o el aumento en la contribución de los trabajadores, patronos y Estado.
De acuerdo con la nota suscrita por Jorge Arturo Hernández, auditor interno de la Caja, en nuestro país existen seis operadoras privadas que administran el ROP y el FCL, que juntas a setiembre de 2016 mantenían activos netos por más de ¢4 billones.
A la nota de Hernández se suma la de Luis Guillermo López, jerarca interino de la Dirección Actuarial, quien coincide con la propuesta de fortalecer el IVM.
Sobre el particular Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, expresó: “El tema de las operadoras fue aprobado en la Ley de Protección al Trabajador en el año 2000, que se aprobó en la Asamblea Legislativa. La Gerencia no ha analizado esta opción en vista de que se trata de una decisión país que debe discutirse en otras instancias”.
Señaló que los recursos del IVM se invierten en títulos del gobierno y sector privado. Además dijo que ante la recomendación de los expertos de que la gestión de riesgo no debería ser ejecutada por los propios funcionarios encargados de realizar labores operativas y técnicas se presentará en los próximos días una iniciativa a la junta directiva.
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Miércoles 11 Enero, 2017
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