Aresep cumple con su deber de regulación
Dennis Meléndez*
El artículo suscrito por el diputado Humberto Vargas Corrales, en la edición del miércoles 11 de noviembre en DIARIO EXTRA, reúne una serie de señalamientos ajenos a la conducta del regulador general y a las competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Lo que señala el diputado carece de fundamento. En primer lugar debe aclararse que la Aresep no regula tarifas de desechos sólidos desde 1999.
Además su labor va mucho más allá de solo aumentar (o disminuir) precios de los servicios públicos; incluye, entre otros, la supervisión de la calidad de los servicios, la fiscalización de los operadores y la defensa de los derechos de los usuarios.
En este campo cumple una función de árbitro, que define reglas claras, para garantizar la prestación del servicio público, procurando que los precios sean razonables, la calidad concomitante con ellos, que no se den abusos por parte de los operadores y que estos mantengan un equilibrio financiero que les permita prestar el servicio adecuadamente.
En múltiples comparecencias legislativas, la Aresep ha brindado toda la información que justifica sus actuaciones, en donde se ha demostrado que siempre se actúa en apego a la ley.
El artículo 1° de la Ley 7593 exige que sea un ente técnico independiente, pero siempre sujeto a los planes nacionales y sectoriales de desarrollo.
Los cambios en la Ley 7593, promulgados en 2008, establecen que la Aresep debe definir su propia estructura organizativa. Esta reforma, que se basó en las buenas prácticas internacionales en la materia, eliminó la potestad del regulador de fijar tarifas, en primera instancia, aunque sí le corresponde conocerlo, como presidente de la junta directiva, en segunda instancia. Esta es una importantísima salvaguarda para garantizar total objetividad.
Este concepto fue ratificado tanto por la Procuraduría General de la República como por la Sala Constitucional. Ahora, es una función interna delegada por la junta directiva a las intendencias, que son entes totalmente técnicos especializados, que realizan además otras funciones de regulación.
El tema salarial también fue definido por la misma Ley (art. 54). Aplicar otro sería ilegal. El salario del regulador no es arbitrario ni antojadizo sino que se determina con base en estudios técnicos objetivos.
Para total transparencia el regulador está inhibido, por ley, a conocer la materia salarial o participar, en absoluto, en la definición de su salario. Este se define como el salario que está exactamente a la mitad de la escala salarial de los empleados de nivel equivalente en los entes regulados (percentil 50). O sea, está a la mitad de lo que se paga en otras instituciones. Además no recibe ningún tipo de pluses ni anualidades.
De hecho, este tipo de esquema salarial debería generalizarse a todo el sector público para terminar con los abusos que se dan por convenciones colectivas y otros privilegios discriminatorios.
Eso pondría muchísima racionalidad al gasto de la planilla del sector público y garantizaría que se pague lo mismo por igual trabajo realizado.
En referencia a las fijaciones tarifarias, estas están ajustadas a derecho y ahora se realizan con criterios totalmente técnicos.
De hecho, la Aresep ha dado la voz de alerta de que la metodología de buses requiere una actualización profunda, lo cual no ha estado exento de resistencia de los regulados. La solución ya está planteada y esperamos el apoyo de los señores diputados para beneficio de los usuarios del transporte público.
Garantizo a los ciudadanos y al señor diputado Vargas que he cumplido a cabalidad los compromisos que adquirí desde que fui ratificado por la Asamblea Legislativa, en 2010: hacer una revisión profunda de metodologías tarifarias, enfatizar el control de la calidad, fiscalizar el desempeño de los entes regulados y atender las quejas y denuncias cuando se vulneran los derechos de los regulados. Me siento orgulloso de la labor realizada por todos los funcionarios de la institución que han ayudado al mejoramiento sistemático de la regulación en Costa Rica.
*Regulador general
