Empleo público, Asamblea Legislativa y referéndum
Fernando Ferraro Castro
Hay que reformar el empleo público. En la Asamblea Legislativa hay tres proyectos destinados a ese fin. Uno fue presentado por los diputados Rosibel Ramos, Johnny Leiva, Gerardo Vargas, Luis Vásquez, Rafael Ortiz y William Alvarado, todos del Partido Unidad Social Cristiana. Lleva el nombre de “Ley de límites a las remuneraciones totales en el sector público” y se tramita bajo el número de expediente 19.156. El segundo fue presentado por los diputados libertarios Natalia Díaz y Otto Guevara. Es el número 19.431 y se denomina “Ley de empleo público”. El tercero fue presentado por la diputada y exministra de Trabajo Sandra Piszk. Se denomina “Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público”, y se conoce por medio del expediente 19.506. La diputada Piszk pertenece al Partido Liberación Nacional.
Sin perjuicio de que puedan reunir más apoyos, entre los 3 partidos superan la mayoría simple y esta materia no requiere una votación calificada. Individualmente ningún partido cuenta con un número de diputados suficiente para imponer sus tesis, por lo que es indispensable un esfuerzo destinado a buscar espacios comunes. Sabiendo, como sabemos, la importancia central del empleo público dentro de cualquier paquete de medidas para enfrentar el déficit fiscal y revertir la crisis en gestación, la pregunta que cualquier ciudadano debe hacerse, es qué pasa entonces con la Asamblea Legislativa que no logra producir una solución. Hay mil respuestas posibles, pero lo más acertado que se puede decir es que las razones que impiden un avance significativo en la dirección correcta son tan políticas como las que podrían hacerlo posible.
La sensación de parálisis que predomina fuera del Congreso es tan grande que la idea de un referéndum toma cada día más fuerza entre los ciudadanos. Sin embargo, esta opción no es tan simple o tan “automática” como muchos creen, esperanzados ante la imagen estática que emiten los centros de decisión.
Un referéndum que no sea convocado por el Poder Ejecutivo requiere del apoyo expreso de un 5 % del padrón electoral, de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución Política. Esto es más o menos unas 150 mil firmas debidamente identificadas. Por supuesto que es posible recogerlas, pero es algo que tomará mucho tiempo. Puede incluso que lleguemos al final de esta administración sin haberlo conseguido, y con el paso del tiempo, la situación que a todos agobia no hará más que agravarse.
Un referéndum requiere de un Presidente de la República con liderazgo, pues aún cuando el Poder Ejecutivo no puede involucrarse en la campaña, siempre estará en juego algo más que el motivo específico de la consulta. Desgraciadamente, la polémica sobre el supuesto recorte presupuestario demuestra que la administración Solís no sólo tiene un problema de comunicación y de coordinación, sino también de concepto, y si esto lo sumamos a la imagen que una tras otra revelan las encuestas, es un hecho que no contamos con ese liderazgo.
El 10 de septiembre dije en un artículo de opinión que no hay atajos para conjurar la crisis fiscal. Los diputados deben trascender sus objetivos personales y de partido y ponerse de acuerdo en una reforma que refleje un punto de vista común. De lo contrario, demostrarán que la Asamblea Legislativa perdió la capacidad de transformar nuestro Sistema, algo que no resulta simplemente de la aprobación de nuevas leyes. De ser así, serán los mismos diputados los que harán inevitable el camino al referéndum. Por la importancia del tema, pero sobre todo por el actual contexto, y a diferencia de lo que sucedió con el referéndum del TLC, esta deriva sólo agravará la sensación de intrascendencia o de obstáculo para el desarrollo, que provoca en muchas personas la Asamblea Legislativa.
