La decisión del presidente Luis Guillermo Solís por levantar el veto a la Reforma Procesal Laboral al parecer no solo es negativa para los empresarios, el tico promedio no reaccionó positivamente con la medida, así lo reflejan las conclusiones de un estudio de CID Gallup.
Solamente el 15% de los consultados está de acuerdo, 26% se muestra algo de acuerdo, más un 55% (1 de cada dos consultados) indica un desacuerdo especial con el tema de permitir las huelgas en los servicios esenciales.
Los datos muestran un evidente rechazo a lo que el mandatario llamó la reforma más importante al Código del Trabajo en los últimos 50 años, algo que se hacía para legar a las generaciones futuras.
“Lo que pasa es que ahí la gente no está enterada del fondo, lo que en realidad implica la Reforma Laboral Procesal, más allá de los mayores interesados como los sindicalistas y los empresarios, las personas en realidad no conocen los beneficios y perjuicios que la medida significa”, explica Ricardo Lizano, analista político y académico en Ciencias Sociales.
Dichas reformas son solo la muestra de que las decisiones del Presidente empiezan a ser criticadas por una población que le votó con miras a un cambio en la administración del Estado costarricense, el 70% de la población aún mantiene las expectativas del tan anunciado cambio en el gobierno central.
Lizano agrega que el Poder Ejecutivo se jugó un tema, pero resalta el hecho de que la encuesta únicamente mide la percepción, en caso de que la Procuraduría emita criterio negativo o la Sala IV lo declare inconstitucional, así si será realmente dañino para la figura presidencial.
PAZ CON NICARAGUA
Los investigadores preguntaron si el Gobierno debería hacer esfuerzos importantes para negociar las diferencias con la administración de Ortega, el 77% respondió que sí, mientras que un 19% sostiene que no, por lo tanto 3 de cada 4, específicamente los jóvenes entre 18 y 24 años, mantiene una actitud de apertura hacia los vecinos.
El analista interpreta que esto manifiesta que no hay una actitud antinicaragüense, sino más bien un ambiente de tolerancia, además respalda las acciones jurídicas que se atomizaron durante la administración Chinchilla y a las cuales el gobierno actual ha dado seguimiento.
“En todo caso las relaciones diplomáticas son un tema delicado y en ese caso estoy de acuerdo con el señor Presidente, no se pueden manejar basados en los resultados de las encuestas”, afirmó Lizano.
Sobre la relación con el gobierno de Ortega, Solís explica que hay tres procesos en la Corte, uno de ellos podría darle la razón a Costa Rica por la usurpación e invasión de territorio.
“Antes no quiero dar pie a que se sugiera, se piense o se imagine que yo estoy aviniéndome con el gobierno de Nicaragua para un arreglo extrajudicial, eso es gravísimo. No puedo ir a Managua a sentarme con Ortega, pero eso no significa perseguir a los nicaragüenses, echarlos del país, acosarlos por las visas cuando están trabajo en la zafra con el café, las naranjas. Eso no lo voy a hacer por razones de derechos humanos, tenemos un compromiso con eso y porque el país los necesita”.
El estudio de CID Gallup analiza la popularidad, funciones y operación del gobierno, factores que demuestran un claro deterioro de los números que presentaba al asumir, sin embargo el experto considere que en ese sentido es de esperar que los cambios no se den tan rápido y la dinámica se mantiene igual sin importar el individuo que ocupe la silla de poder.
