Transgénicos en la balanza y Ley de Moratoria

Al decidir la aceptación o rechazo de cualquier producto tecnológico, es necesario hacer un balance entre los riesgos y beneficios que éste pueda ofrecernos.

¿Quiénes se benefician en nuestro país con la liberación al ambiente de cultivos y alimentos transgénicos? Básicamente un grupo limitado de empresas y tecnólogos universitarios. No pasan de cinco las empresas relacionadas con la experimentación y reproducción de semillas transgénicas, de las cuales tres adeudan a la seguridad social poco más de ¢171 millones (Semillas Olson S.A., Semillas del Trópico S.A. y Dekalb Genetics Corporation de la corporación Monsanto).

Los tecnólogos ocupados en proyectos de “investigación aplicada” con cultivos transgénicos no pasan de siete. En la Universidad de Costa Rica (UCR) se trabajó con arroz, maíz, ayote y tiquisque, sin llevar al mercado ninguno de estos productos. Con arroz se trabajó 17 años, antes de cerrar el proyecto, como sucedió con los otros cultivos. A pesar de ser investigaciones aplicadas, ninguna de éstas dio beneficios concretos a la sociedad costarricense, no obstante invertirse recursos públicos por cientos de millones de colones. Ahora se están iniciando proyectos con café y frijol transgénicos. ¿Vale la pena seguir haciendo cultivos transgénicos, cuando hay otras maneras de hacerlo que no están cuestionadas, ni son tan onerosas? Desarrollar una variedad transgénica ronda los $135 millones. ¿Es pertinente continuar con este tipo de gastos infructuosos por parte del erario público?

Los riesgos y costos negativos de los cultivos y alimentos transgénicos están ligados a temas como: contaminación genética (de variedades silvestres, criollas y convencionales); desvalorización de la marca país con la que aún somos reconocidos (“Costa Rica. Sin ingredientes artificiales”); impactos negativos en exportaciones de productos comestibles (especialmente a la Unión Europea y Japón); exposición a riesgos a la salud asociados al consumo de estos productos; impactos negativos al ambiente y los trabajadores de las fincas (por exposición a los plaguicidas sintéticos a que están encadenados estos cultivos, p.ej. glifosato); afectación de la producción orgánica (por contaminación); gastos de la burocracia estatal involucrada en el seguimiento y control de estos cultivos y sus productos; y desperdicio y pérdida de recursos económicos y humanos por parte de las universidades (al dedicar esfuerzos para obtener cultivos y alimentos transgénicos, altamente costosos y cuestionados por los consumidores, tanto a nivel nacional como internacional). Las evidencias que respaldan estos y otros riesgos e impactos negativos de la liberación de organismos transgénicos al ambiente pueden verse en los poco más de 1100 informes y artículos disponibles en el enlace goo.gl/jymWZH.

Las pruebas documentales que se les han hecho llegar corroboran –sin lugar a dudas- que los beneficios de los cultivos transgénicos son únicamente de tipo económico y que recaen sobre unos pocos, en tanto que los riesgos e impactos negativos son para el ambiente y la población costarricense.

Por su parte, el Consejo Universitario de la UCR, ha recomendado en esta materia: “…2. Solicitar al Gobierno de la República declarar la moratoria al cultivo de variedades transgénicas en Costa Rica, hasta que se garantice que su uso no afecta negativamente la salud pública, el derecho humano a la alimentación, así como la integridad de la biodiversidad…”, y “…4. Instar a la Asamblea Legislativa a establecer una ley marco que regule de manera integral la materia de los transgénicos…” (goo.gl/wMaJcG).

Argumentos. Los documentos y transcripciones de las comparecencias que se encuentran bajo su análisis en el expediente 18.941 del proyecto de “Ley de moratoria nacional a la liberación y cultivo de organismos vivos modificados (transgénicos)”, reflejan que los argumentos y la prueba documental están a favor de la aprobación de un proyecto de ley de esta naturaleza, aunque se tenga que hacer algunas modificaciones, como condicionar el tiempo de la moratoria hasta contar –como mínimo- con una ley marco que regule de manera integral esta materia. Es imprudente y temerario continuar como a la fecha, otorgando permisos con base en una normativa jurídica deficiente, con lagunas y vacíos importantes, para un tema de importancia vital como éste, donde está comprometida la salud, el ambiente, la soberanía alimentaria y el comercio.

Los ministerios de Agricultura, Salud y Ambiente, así como los representantes de organizaciones de productores agropecuarios (Consejo Nacional Agroalimentario, Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios-UPAnacional, la Mesa Nacional Indígena y la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, entre otras) externaron un criterio contundente y razonado a favor del proyecto de ley citado; sin olvidar que 92% de las municipalidades del país acordaron mantener sus territorios libres de transgénicos.

Con base en lo anterior queda claro que de un lado de la balanza tenemos los intereses de unas pocas empresas comprometidas con sus ganancias, y los de unos cuantos tecnólogos que desean continuar con sus proyectos fallidos después de poco más de dos décadas de estarlo intentando con recursos económicos públicos. Por el contrario, del otro lado de la balanza, y con la aprobación del proyecto de ley precitado, se estaría haciendo valer el art. 50 de nuestra Constitución, a la par de los principios Preventivo y Precautorio: resguardando la salud, la soberanía alimentaria, así como la imagen de ser un país amigable con el ambiente que siga atrayendo turistas, y además, favoreciendo las exportaciones de productos no transgénicos.

Como representantes del Soberano, ahora ustedes tienen la palabra para decidir hacia qué lado de la balanza se inclinan a la hora de evaluar, discutir y votar el proyecto en cuestión.

*Catedrático UNED y UCR, [email protected]

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Martes 13 Enero, 2015

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Jaime E. García G.