Trabajadores de la empresa de seguridad GFours o G4S exigen el respeto a sus derechos y garantías laborales, pues a partir de hoy, 350 agentes de seguridad quedarán desempleados, debido a que el Instituto Nacional de Seguros (INS) optó por contratar a otra compañía.
El Sindicato de Trabajadores G4S, la Unión Nacional de Trabajadores del Sector Público y Privado (Untrasepp) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) conforman una coalición de defensa de los agentes en seguridad privada y acordaron tomar una serie de medidas entre las que están sostener un reunión con las autoridades del Ministerio de Trabajo para que contribuya a velar por los trabajadores que perderán su empleo.
Ayer, un grupo de agentes de seguridad privada efectuó una protesta pacífica en las afueras del INS para manifestar su preocupación ante la no renovación del contrato laboral.
La preocupación que tienen los trabajadores es que la empresa ante el cierre, indique que está imposibilitada de cancelar salarios y aguinaldos, entre otros.
Indicaron que los trabajadores de la seguridad han sido víctimas de violaciones laborales, como son el no pago de horas extra y que se les paga menos de lo contemplado como salario mínimo.
Álvaro Valverde, dirigente de ANEP, indicó que en total se verán afectados los 2.700 trabajadores de G4S, pues con el pasar de los meses se irán venciendo los contratos con instituciones gubernamentales como es el caso del Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
“No vamos a permitir que una empresa transnacional deje desprotegidos a 2.700 trabajadores. La empresa se debe responsabilizar en el pago de los derechos laborales. Por eso, a partir de mañana (hoy) solicitaremos la intervención del Ministerio de Trabajo y si se hacen de oídos sordos, lo tomaremos de ser necesario”, adujo Valverde, quien añadió que acudirán a los tribunales de justicia y trabajo para interponer los reclamos respectivos.
Para el 24 de octubre, el contrato de G4S con el Banco de Costa Rica concluirá y dejaría en la calle a 1.000 más.
Ernesto López, de la Untrasepp, comentó que “no se entiende como instituciones del Estado prefieren contratar empresas que violan los derechos laborales. Se les premia con la contratación”.
Hermes Soti, uno de los afectados, indicó que se le llegará hasta las últimas consecuencias en la defensa de los derechos laborales de los agentes de seguridad privada.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Foto: Ariela Muñoz
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Lunes 06 Octubre, 2014
HORA: 12:00 AM
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