Alternativas

En “Más allá de las pensiones contributivas” el Banco Mundial acaba de afirmar que “Costa Rica se encuentra entre los países latinoamericanos con más alta cobertura (en pensiones) entre los trabajadores activos, así como entre los adultos mayores. Estos países tienen en común una menor importancia relativa de la informalidad, baja incidencia de la pobreza entre los adultos mayores y la existencia de mecanismos de aseguramiento no contributivos a o asistenciales.”

La ventaja comparativa de Costa Rica en este campo surge con la creación en 1941 de la Caja Costarricense de Seguro Social en el gobierno del Presidente Calderón Guardia. El siguiente paso de trascendencia en pensiones se dio con el inicio de su expansión en el gobierno del Presidente Echandi y con su reforma constitucional de 1961 que estableció la obligación de universalizar los seguros sociales. El sistema protector de los trabajadores se extiende en el campo de las pensiones en 1974 en el gobierno del Presidente Daniel Oduber, con la iniciativa del diputado Rafael Angel Calderón Fournier que había introducido el régimen no contributivo (RNC) en la Ley de Desarrollo y Asignaciones Familiares. Finalmente, en el año 2000, la Ley de Protección al Trabajador consolida el sistema previsional introduciendo el sistema de capitalización individual del régimen obligatorio de pensiones complementarias, fortaleciendo grandemente el sistema de IVM y la capacidad administrativa de la Caja, y dando nuevos recursos y pautas al sistema de pensiones no contributivas.

Esto es motivo de justo orgullo nacional, pero no ocasión de sentirnos satisfechos. Tenemos tareas fundamentales sin cumplir. Me referiré a las relacionadas con las pensiones no contributivas.

El sistema de pensiones no contributivas todavía no protege a todos los ancianos en situación de pobreza y mucho menos a los ancianos en condiciones de vulnerabilidad (personas por encima de línea de pobreza pero por debajo del ingreso del 50% más rico). Las pensiones de este sistema dedicadas a los ancianos (también cubren a otras personas sin pensión regular) son solo entre el 60 y 70% del total de éstas (según sean datos del RNC o de la Encuesta de Hogares) lo cual deja sin este ingreso de 30.000 a 40.000 adultos mayores pobres. Esto se podría corregir en buena parte (20.000 casos) con solo no volver a adjudicar pensiones no contributivas a personas de ingresos relativamente altos, mantener fijo el número de pensiones a las personas en condición de vulnerabilidad y asegurar que todas las pensiones de reemplazo vayan a ancianos pobres. Esto lo hicimos en 1998-2002 cuando aumentó el monto y número de estas pensiones, pero para ancianos pobres, usando el SIPO. La Administración Arias también aumentó las pensiones, y en mayor porcentaje, pero sin enfocarlas en los pobres.

El sistema de pensiones no contributivas disminuye en 2,2 puntos la magnitud de la población en situación de pobreza y de pobreza extrema. Es uno de los más valiosos y efectivos instrumentos de la política costarricense de justicia social. Pero debemos terminar la tarea en favor de las familias más necesitadas.

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Lunes 24 Marzo, 2014

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Miguel Ángel Rodríguez