Los chalecos policiales del ministro Berrocal

Dos veces, dos órganos internos diferentes, integrados por diferentes funcionarios, en diferentes fechas, nombrados por dos ministros de Seguridad Pública diferentes, en dos administraciones distintas, la del señor Arias y la de la señora Chinchilla, designados para investigar los hechos relacionados con la compra en el año 2007 de chalecos antibalas por parte del ministro Fernando Berrocal para proteger a los policías de la Fuerza Pública y la PCD, empeñada en ese entonces en una lucha frontal contra el narcotráfico internacional y la delincuencia organizada, concluyeron que no existía ningún perjuicio para el Estado y que no se habían violentado ni normas sustantivas, ni procesales, ni administrativas, en dicho proceso de compra, por lo que recomendaron la desestimación y el archivo del caso.

Ambos altos funcionarios, los dos ministros en cuestión, de mi propio partido político, desconociendo plenamente sus responsabilidades legales, se negaron a resolver sobre el fondo del asunto, por razones fáciles de comprender en el contexto de las diferencias públicas del exministro Fernando Berrocal, con su dos sucesores, en cuanto a la forma de combatir el flagelo de las drogas y el narcotráfico internacional y nacional, en los tres años siguientes a mi renuncia como responsable del Ministerio de Seguridad Pública, frente al derrumbe total de esa lucha y, de nuevo, la consolidación de la inseguridad nacional y ciudadana, como el principal tema de Costa Rica.

Cuando se decidió comprar los citados chalecos para la Fuerza Pública y la PCD, habían sido asesinados cinco policías por los narcotraficantes y las incautaciones de droga reflejaban cifras sin precedentes de hasta más de 75 toneladas, a la vez que se habían desmantelado todas las redes de bodegaje, distribución y tránsito del narcotráfico en el territorio nacional, con la captura y entrega a las autoridades colombianas, en la isla de San Andrés, del peligroso jefe guerrillero Martínez Quinto capturado en Puntarenas y otros capos de las FARC y de los carteles que fueron detenidos en operativos de la Fuerza Pública y la PCD, así como el histórico abordaje, por primera vez en la región, de un submarino con droga en aguas territoriales costarricenses. Todo ese enorme esfuerzo se derrumbó, hasta el cambio de autoridades en el Ministerio de Seguridad Pública hace dos años, en esta administración.

Como el asunto había quedado en un limbo jurídico inadmisible, actuando como ciudadano y abogado litigante, en defensa de mis derechos constitucionales, en fecha 11 de enero del 2012, presenté un juicio contencioso administrativo contra el Estado costarricense y la Contraloría General de la República. Al respecto y una vez aceptada la demanda, se constituyó el Expediente 12-000131-1027-CA. En fecha 6 de marzo del 2013 presenté gestión de adición y aclaración.

Dicha demanda, dentro de los plazos de ley, fue resuelta por la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por SENTENCIA Número 33-2013-VI, de las dieciséis horas del 21 de febrero del años 2013, en que las autoridades judiciales dieron por buenos mis argumentos legales y sustantivos y los dos informes absolutorios de los dos órganos internos del Ministerio de Seguridad Pública y ordenaron lo siguiente:

”Se anula todo el procedimiento administrativo seguido contra el actor por el Ministerio de Seguridad Pública, a partir del acto de apertura Número 445-2010 DFCA de las nueve horas quince minutos del 30 de agosto del 2010 del Departamento de Cobros Administrativos de la Dirección Financiera del Ministerio de Seguridad Pública; incluyendo el acto final Número 001-2011 DM de las 9 horas del 6 de enero del 2011 del Ministerio de Seguridad Pública. Por conexión y consecuencia, se anula el acto del Ministerio que rechazó el Recurso de Apelación contra el Acto Final, Resolución Número 052-2011 DMC de las quince horas del 2010 del Ministerio de Seguridad Pública”. O sea, que todo lo actuado contra el exministro Fernando Berrocal Soto, quedó anulado por orden judicial, con lo que se impuso la verdad y la justicia sobre mis actuaciones limpias, transparentes y honestas como ministro de Seguridad Pública, entre los años 2006 y 2008, en el asunto de la compra de los citados chalecos blindados.

Durante este largo y complejo proceso contencioso administrativo y más que en mis 40 años de ejercicio profesional como abogado litigante, he podido aquilatar la importancia trascendental de la independencia del Poder Judicial, como garantía de la vida en libertad y el sistema democrático. Sin esa independencia no existen garantías ni para los ciudadanos, ni para los funcionarios públicos o para aquellos que, como en mi caso, hayan sido llamados transitoriamente a ejercer cargos en el Estado costarricense.

Esta es mi respuesta a un señor que publicó un artículo difamatorio en mi contra, en la edición del sábado 20 de julio, en el periódico Extra. Se trata, según me dicen, del mismo señor que ha sido acusado por calumniar a la señora Presidente de la República. Imagino que esta fue su reacción hepática y mal intencionada, a un artículo que publiqué en DIARIO EXTRA hace algunos días, titulado “Doña Laura, la libertad de expresión y los delitos contra el honor”, en que, como periodista, defendí la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero igualmente y como abogado, el derecho de cualquier funcionario público de recurrir a los tribunales de justicia, en defensa de su hoja de servicios y de su honor. Esto es lo que he hecho en vía contencioso administrativa y me siento muy feliz de los resultados obtenidos y de la SENTENCIA de la Sección Sexta del Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda.

Mi hoja de servicios públicos no tiene una sola mancha y he sido toda mi vida, en las oportunidades en que he sido llamado al servicio público, un social demócrata consecuente y leal con mis principios ideológicos y la ética.

*Exministro de Seguridad Pública

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Miércoles 31 Julio, 2013

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Lic. Fernando Berrocal Soto