El Ministerio Público confirmó que María Rosa López Gutiérrez y Jorge Chavarría Carrillo, alcaldesa y exalcalde de Santa Cruz, respectivamente, irán a juicio por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), con sede en Guanacaste, logró que el caso se elevara a juicio luego de que presentaran la acusación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, legislación en provecho propio e influencia en contra de la Hacienda Pública.
En la resolución del 19 de febrero el Juzgado Penal de Hacienda acogió la solicitud de apertura de debate.
INVESTIGACIÓN
Los hechos por los que se acusa a ambos representantes municipales ocurrieron entre el 7 de febrero y el 30 de abril de 2016. En esa fecha Chavarría era el alcalde de Santa Cruz y López la vicealcaldesa.
Posteriormente, a partir del 1º de mayo de 2016, López se convirtió en alcaldesa.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, López aparentemente recibió de forma ilegal el pago del rubro salarial de prohibición, el cual corresponde a un 65% adicional al salario base.
Este pago se hizo entre febrero de 2011 y mayo de 2015, cuando desempeñaba el cargo de vicealcaldesa.
En apariencia el 16 de febrero de 2011 Chavarría ordenó la inclusión de la funcionaria como empleada municipal y se le pagara el concepto de prohibición, de este modo López recibiría ese porcentaje extra.
Por esta acción la alcaldesa recibió un pago adicional de al menos ¢84 millones.
Otro de los hechos acusados se registró cuando López asumió el cargo de alcaldesa. La acción se relaciona con un acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Santa Cruz el 28 de marzo de 2017.
Ese día los regidores que conforman ese órgano acordaron contratar un abogado externo para que tramitara la anulación de las gestiones administrativas que permitieron el pago presuntamente indebido.
El reclamo se haría por la vía contenciosa administrativa, no obstante el 1º de abril de 2017 la alcaldesa emitió un acto administrativo que vetó el acuerdo del Concejo Municipal para la contratación del abogado.
El caso se tramita bajo el expediente 15-001180-0421-PE, en el cual la Procuraduría General de la República se apersonó como querellante y demandado civil.
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
EMAIL: [email protected]
Sábado 22 Febrero, 2020
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA