El diputado Daniel Ulate, del Partido Liberación Nacional (PLN), denunció ante la Contraloría General de la República (CGR) a Raquel Vargas, directora de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), por abrir una licitación pública para la creación de un sistema Migratorio de Identificación Biométrica que tendría un costo de ¢7.634.389.479,96, a sabiendas que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) puede suplirlo de forma gratuita.
Se trata de los carteles 2019PP-000031-0016000001 y el 201PP-000068-0016200001, publicados entre el 13 y el 16 de diciembre del 2019, que consisten en el hardware y el software del sistema biométrico, ambos se encuentran en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
En la denuncia presentada por Ulate se lee: “Es menester señalar que la Dirección General de Estrategia y Tecnología del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ofreció bajo el oficio DGED-209-2018, con fecha 28 de agosto del año 2018, a la DGME el sistema de verificación de identidad por medio de un cotejo de huellas y pone a disposición de la DGME los sistemas informáticos para albergar huellas de personas extranjeras para el uso del servicio que brindan ambas instituciones, de manera tal que se maximizarían el uso de los fondos públicos y se evitaría una duplicidad paralela del gasto del erario público”, argumenta en la denuncia el legislador.
REUNIONES Y SILENCIO
A raíz de lo anterior, el diputado convocó a una serie de reuniones a la jerarca de Migración y a personeros de la Dirección General de Estrategia Tecnológica del TSE, esto con el propósito de buscar la manera de implementar un convenio entre ambas instituciones y no gastar en tiempos de crisis tanto dinero de forma innecesaria.
Tras varias convocatorias se acuerda que Dirección de Migración le remitiría al TSE “cuáles eran los requerimientos técnicos y la frecuencia de consultas de identidad... de manera que el TSE pudiera indicar si era posible dar la solución o no”.
No obstante, al parecer no hubo interés ni respuesta de parte de Migración ni de su jerarca Raquel Vargas, por el contrario, se ordenó abrir los carteles a pesar del enorme costo y la necesidad de ahorrar, como lo ha venido enfatizando el presidente de la República Carlos Alvarado, pero en la dependencia migratoria obviaron la directriz.
COSTO MILLONARIO
Cabe mencionar que el diputado Ulate envió mediante oficio AL-DUV-OFI-146-2019, del 26 de junio del 2019, la consulta sobre el proyecto Biométrico que la DGME pretende implementar, incluso a través de mensajes de WhatsApp remitidos a Raquel Vargas, a Daguer Hernández, subdirector de la DGME, y hasta Johnny Marín, asesor legal, pero la respuesta siempre fue el silencio.
Inclusive se enviaron los mensajes mediante la asistente del legislador, Maureen Pereira, antes de que se publicaran los carteles en el Sicop, pero la falta de respuesta nunca llegó.
La indignación del legislador verdiblanco surge de la costosa cifra que los costarricenses tendrían que pagar, ya que el cartel 2019PP-0000310016000001 tiene un presupuesto estimado en ¢3.317.389.479,96, mientras que el cartel 2019PP-000068-0016200001 es de ¢4.317.000.000.
Ante tal panorama, el TSE le solicita a la DGME en oficio DGET-209-2018 que le suministre nuevamente los requerimientos en materia de identificación de personas, sin embargo, tampoco hubo respuesta.
DIPUTADO PIDE CABEZA
Ante las constantes e infructuosas llamadas a Vargas Jaubert, el diputado Ulate le envía el oficio AL-DUV-OFI-221-2020 al ministro de Gobernación y Policía, Michael Soto, pidiendo las explicaciones técnicas sobre porqué su subalterna no usará el sistema ABIS del TSE.
El 11 de febrero del 2020, Vargas y Soto mediante oficio DG-0267-02-2020-SBS le contestan al presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, y con copia al diputado Ulate, que para implementar el sistema biométrico se necesitaran 50 mil consultas concurrentes por segundo, ya que en una hora la DGME realiza 180 millones de verificaciones de identidad en consulados, embajadas y puestos fronterizos.
Dichas cifras resultan irreales, pues solo el país maneja una población de 5 millones de costarricenses y Migración no cuenta con más de 200 oficiales para poder hacer tan exagerada cantidad de consultas.
Así las cosas, el legislador Ulate no dudó en solicitarle al ministro Soto la cabeza de la jerarca, no solo por gastar de manera irresponsable los fondos del erario público, sino además por faltar a la verdad.
“Exijo la renuncia inmediata de la señora Raquel Vargas Jaubert como directora de Migración y Extranjerìa porque por situaciones menos gravosas el gobierno ha destituido de sus mandatos a distintos jerarcas. Yo presenté un proyecto de Ley (21.321) cerca de marzo del 2019 para que las instituciones del Estado no inviertan en este tipo de sistemas biométricos civiles y que más bien se use el que TSE tiene manera gratuita”
Indicó el congresista que demás contó con el apoyo de la CCSS, OIJ y Ministerio de Seguridad, siendo que el ministro de esta última cartera es el jefe de Raquel Vargas
“Vemos que no siguen la línea y se oponen al proyecto con argumentos manipulados y han hecho lo que les da la gana, pereciera que esa dirección es tierra de nadie porque han querido jugar con la información para justificar semejante gasto, proporcionan datos que a todas luces parecen irreales. Hablamos de 7 mil millones de colones en tiempos de austeridad eso no se los brinca un chivo en una garrocha, más cuando otras instituciones como el TSE les ha ofrecido su plataforma y equipos de manera gratuita”, concluyó Ulate.
PERIODISTA: Alexander Méndez
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Miércoles 19 Febrero, 2020
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