El Ministerio de Justicia y Paz le solicitó una mejora tecnológica a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la cual mandó a hacer un estudio de mercado para determinar quién podía suplir el servicio, así el grupo CESA, proveedor de los brazaletes de monitoreo electrónico, conoció de su posible salida.
Para defender sus intereses, CESA se hizo de los servicios del connotado abogado Boris Molina, quien en declaraciones a DIARIO EXTRA dijo que no se quedarían de brazos cruzados ante el presunto atropello.
Ante tal panorama, El Periódico de Más Venta en Costa Rica buscó respuestas en Justicia y Paz, donde mediante la oficina de prensa prácticamente manifestaron que la medida viene de la propia ESPH, pues con estos últimos se hizo el contrato, no con CESA.
En su respuesta señalan: “1) A finales del año anterior y ante la existencia de algunas fallas en el sistema, amparados en una cláusula del contrato el Ministerio de Justicia y Paz solicitó a la ESPH una mejora tecnológica.
2)Nuestra relación contractual es con la ESPH y es a ellos a quienes corresponde cumplir con las solicitudes de este ministerio.
3)Siempre hemos procurado el resguardo de los fondos públicos y brindar el mejor servicio para la seguridad de la ciudadanía”.
Recordemos que el contrato de CESA se vence en mayo del corriente, mientras que el de la ESPH se vence en el 2021, sin embargo, hay 15 empresas que participaron en un estudio de mercado para pasar de la tecnología 2G a la 3G, de las cuales 4 son los finalistas, entre ellos CESA. Sin embargo, en el convenio con el nuevo proveedor se establece que este debe tener experiencia en el manejo de 3G, situación que el licenciado Molina refuta argumentando que su representada cumple con los requisitos, pero además señala se están pasando por alto el deber de probidad.
“El funcionario público está obligado a actuar con base en el deber de probidad. Y la falta a este deber puede acarrear el despido de ese funcionario. Actuar con probidad significa respeto absoluto a la imparcialidad, a la objetividad, a actuar alejado de la arbitrariedad. Estamos valorando las diferentes acciones legales que se deben tomar. Entre ellas podrían considerarse acciones ante la Contraloría, ante la Procuraduría de la Ética, el Tribunal Contencioso y de ser necesario hasta el Ministerio Público”, manifestó Molina.
PERIODISTA: Alexander Méndez
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Lunes 17 Febrero, 2020
HORA: 12:00 AM
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