Diario Extra - Sociedad JCB-banqueros dio crédito de $15 mills.

La Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República finalizó la acusación contra nueve personas por el caso del cemento chino-Banco Popular, a quienes las señalan como sospechosas de cometer los presuntos delitos de influencia contra la hacienda pública y falsedad ideológica.
De acuerdo con Emilia Navas, fiscala general de la República, el delito de influencia contra la hacienda pública es sancionado con prisión de 2 a 8 años acorde con el artículo 57 de la Ley 8.422.
“El despacho comunicó formalmente a la Procuraduría General de la República y al Banco Popular la acusación, tenemos que esperar tres días para que estas dos instituciones nos informen si se van a constituir como querellantes y como actores civiles para pedir el reclamo de los daños y perjuicios sufridos en estos hechos”, explicó.
De ser este el interés de las instituciones, se dará un plazo de diez días para que envíen los documentos. Posteriormente el legajo de acusación se mandará al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Esto llevará a una audiencia preliminar en la cual podría definirse si se eleva la acusación a juicio o no.
Carlos Meléndez, fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), expresó que avalaron la acusación luego de una revisión. Esto se debe a que las investigaciones contra funcionarios públicos, o sujetos equiparados a ellos, deben pasar por esta oficina.

LOS IMPUTADOS

La pieza acusatoria incluye nueve imputados y una solicitud de sobreseimiento definitivo, la cual es en favor de Carlos Mario Alpízar Hidalgo, de Banca Empresarial.
Los acusados son el empresario Juan Carlos Bolaños, contra quien pesan tres delitos de influencia contra la hacienda pública, su esposa Ana Laura Suárez Aguiar, a quien atribuyen un delito de la misma denominación.
También acusaron a los gerentes de la empresa Sinocem, Mario Cortés Zúñiga y Javier Rojas Segura, acreditando tres delitos de influencia contra la hacienda pública cada uno.
Incluye tres funcionarios del Banco Popular, se trata del analista de crédito José Francisco Thompson Camacho, por un delito de influencia contra la hacienda pública; el jefe de la División de Banca Institucional, Rigoberto Delgado Negrini, por tres delitos de influencia contra la hacienda pública y uno de falsedad ideológica; el perito institucional Adolfo Arias Silesky, un delito de influencia contra la hacienda pública y dos de falsedad ideológica.
La lista la completan dos exfuncionarios bancarios, Kendall Gómez Barrantes, a quien despidieron de su cargo como ejecutivo de negocios, acusado de tres delitos de influencia contra la hacienda pública y dos de falsedad ideológica; así como Allan Mauricio Bogantes Brenes, analista de crédito, que renunció al banco y acusado de dos delitos de influencia contra la hacienda pública y uno de falsedad ideológica.
“Los imputados habrían dirigido acciones tendientes a lesionar los intereses patrimoniales de la hacienda y del interés público a través de la apertura de una línea crediticia otorgada a la empresa Inversiones Inmobiliarias del Grupo JCB para importar y comercializar cemento chino.
En apariencia, los funcionarios públicos acusados analizaron y recomendaron este producto financiero a pesar de que conocían que esa empresa no tenía la capacidad suficiente para atender las obligaciones de pago”, explicó Navas.
La investigación del Ministerio Público señala que, presuntamente, los funcionarios públicos Bogantes y Gómez en conjunto con Juan Carlos Bolaños Rojas habrían acordado ser socios comerciales en la venta de cemento importado desde China.
Además, las indagaciones arrojan que el dinero del crédito desembolsado por el Banco Popular nunca se usó para importar el producto.

CRÉDITO REVOLUTIVO

José Pablo Miranda, fiscal de la Unidad Especializada de la Fiscalía General, manifestó que la línea de crédito revolutiva tenía un límite de $5 millones, el cual se desembolsó en tres ocasiones, es decir le dieron $15 millones.
“Tenemos la determinación a nivel contable de que el dinero no fue utilizado para la importación de cemento y fue desviado para otros fines propios de las empresas de Juan Carlos y gastos personales, incumpliendo así de manera tajante el plan de inversión que fue estipulado”, adujo.
Estos tres desembolsos se dieron entre el 2016 y el 2017, hasta el momento en que el banco ejecutó las garantías del crédito.
Miranda añadió que la empresa de JCB podía pedir como máximo $5 millones, por lo que pagaron $10 millones, pero el total del tercer desembolso fue el que no cancelaron.