El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José condenó al Estado a reinstalar un policía de forma inmediata luego de haberlo despedido de forma injusta, así como al pago de salarios caídos, daños y perjuicios que rondarían los ¢45 millones.
Se trata de un oficial de Puntarenas que pidió no ser identificado para no volver a ser víctima de una persecución como la que enfrentó, la cual lo llevó al despido en 2016.
“A mí me despide mi jefe inmediato porque me interpusieron una denuncia penal acusándome de peculado, pero eso fue una sacada de clavo porque yo varias veces le puse quejas por persecución laboral”, señaló el uniformado que espera pronto se le devuelva su puesto.
Al momento del cese se le indicó que era porque manchaba el nombre de la Fuerza Pública al tener un proceso judicial abierto, pero lo curioso es que dicho caso aún hoy no tiene ni fecha para que arranque el debate.
Por todo eso el oficial decidió iniciar la lucha legal que terminó con una sentencia a su favor, la cual obliga al Estado no solo a dejar sin efecto un despido, sino a tener que desembolsar ¢45 millones.
“Se declara la nulidad absoluta del Acuerdo Ejecutivo número 2016-263 MSP, del ocho de noviembre del dos mil dieciséis, suscrito por el Presidente de la República y Ministro de Seguridad Pública, mediante el cual se dispuso el despido con responsabilidad patronal de actor”, indica la sentencia.
Agrega: “Y por conexidad y consecuencia se anula también el oficio número 1413-2016-DRH, del veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis, mediante el cual se comunicó el anterior acuerdo al actor y estableció la fecha de ejecución de aquel acto, a partir del cinco de diciembre del dos mil dieciséis”.
En la sentencia se deja claro que deben desembolsar los salarios caídos, a los cuales se les debe calcular los respectivos aumentos, aguinaldos, salarios escolares, así como los daños y perjuicios. Todo suma ¢45 millones.
ESTUVO EN LA CÁRCEL
Según relató el uniformado, la afectación producto del despido ha sido muy fuerte para él, ya que incluso lo terminó llevando a la cárcel por no poder pagar la pensión alimentaria.
“Todo esto me ha perjudicado mucho, tengo una nota del IMAS donde incluso me dicen que ya estoy en pobreza. Tengo 45 años, en la empresa privada no me dan trabajo por la edad, esto es muy duro”, señaló.
De momento se espera saber si el Estado apelaría la resolución o va a cumplirla, pero es una situación que no se ha definido por parte de las autoridades.
El policía aseguró que se siente ansioso por regresar a las labores y así recuperar la vida que tenía antes de enfrentar ese calvario.
