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Nacionales

Ley de aguas crea más burocracia

Afirma diputado José María Villalta

Villalta insiste en que el actual proyecto de ley no recoge la participación de todos los sectores. (Foto: Archivo)

El diputado del Frente Amplio José María Villalta, afirma que el proyecto que busca crear una nueva ley sobre el recurso hídrico (Expediente 20.212) crea más burocracia.
El texto del proyecto que ya fue acogido por mayoría en la Comisión de Ambiente crea la Dirección Nacional de Aguas (DNA) que funcionaría como un órgano adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y con un patrimonio propio.
La DNA tendría un director nacional con un nombramiento por cuatro años prorrogables.
A la entidad se le asignarían, entre otras tareas, tramitar solicitudes de permisos de perforación de pozos y aprovechamiento de cauces, realizar los estudios de vulnerabilidad de los acuíferos, así como la delimitación de las áreas de recarga y descarga de aguas subterráneas. Promover y coordinar, a nivel nacional, la gestión integrada del recurso hídrico, por citar algunas.
“Se crea más burocracia al establecer una nueva súper autoridad de aguas, si bien es necesario ordenar una serie de competencias dispersas en varias instituciones, que incluso duplican funciones, hay que ver en detalle porque creo que faltan garantías para asegurar un manejo objetivo e independiente de la gestión del recurso hídrico”, afirmó el frenteamplista.
Preocupa que la DNA haga un manejo politizado de un recurso tan importante.

RECHAZA POSICIÓN

Sin embargo, la diputada oficialista Paola Vega, quien preside la comisión donde se analiza el proyecto, rechazó la posición de Villalta y recordó que él conoce dicho texto desde hace varios años y nunca había hecho una crítica al tema institucional.
“No estamos creando una nueva burocracia, sino reordenar la institucionalidad que hoy existe y acomodarla de una manera que sea más eficiente para el usuario y para la protección del recurso hídrico”, respondió Vega.
Agregó que la ley también permite recoger ingresos frescos con multas y sanciones para funcionar adecuadamente y cuidar el recurso.
La ley establece una categoría de faltas, donde las gravísimas se castigan con multas económicas entre los 5 y 7 salarios base, es decir, entre ¢2.251.000 a ¢3.151.400.
El proyecto indica que “el Estado dotará a la Dirección Nacional de Aguas de los recursos materiales, técnicos, financieros y humanos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, mediante partidas de presupuestos ordinarios y extraordinarios.  También, se financiará con los fondos provenientes del canon que se crea en esta ley y con otros recursos financieros que se determinen como necesarios”.
El proyecto sigue en discusión en comisión donde se esperan audiencias y mociones.

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

EMAIL: [email protected]

Lunes 27 Enero, 2020

HORA: 12:00 AM

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