TSE y la mordaza

El 7 de agosto del año 2019, DIARIO EXTRA dio a conocer en exclusiva que los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reinterpretaron una norma establecida en la ley con el aparente fin de favorecer al Partido Acción Ciudadana (PAC).

La nueva interpretación, explicó en su momento el sindicato de la entidad en la voz de Rui López, secretario general, permitió a este partido político usar la reserva de gastos permanentes para reintegrar al Estado una suma reconocida de más por motivo de una liquidación de gastos de la campaña electoral de 2010.

El funcionario denunció lo relativo al pago de una factura de publicidad por ¢27 millones que el PAC emitió a favor de Televisora de Costa Rica, siendo que este pago era contrario a lo establecido en la Constitución Política y el Código Electoral, lo que propició un claro beneficio a este grupo que no ha sido la tónica con otros partidos.

El sindicato ha insistido que con este proceder se desvió el destino específico de las reservas para gastos permanentes y se violentó flagrantemente el modelo de financiamiento estatal, pero más grave aún se dio un daño económico al erario público que podría cuantificarse en unos ¢32.529.113,12.

A ese monto, aducen los denunciantes, hay que sumarle el originalmente adeudado por el PAC, que representa esa misma cantidad, más la indexación generada hasta la fecha, es decir más de ¢65 millones.

Sin embargo, medio año más tarde, en vez de estar bajo investigación la manera en que se promovió dicha reforma, que solo ha beneficiado al PAC, el director general electoral y de financiamiento de partidos políticos del TSE, Héctor Fernández, pide investigar al funcionario que realizó la denuncia.

El documento en poder de este medio y que fue dado a López como notificación de los hechos, indica que él falto a la lealtad con el patrono y se le señala por una eventual falta a los deberes de la función pública por el solo acto de denunciar públicamente el cambio de la norma.

Pero no solo eso, quiere el TSE que se siente responsabilidad contra el sindicato en pleno, pues tras dar a conocer la noticia, eso generó desprestigio institucional tras los comentarios que se dieron en redes sociales.

El trabajador asegura que no dará a torcer el brazo y, por el contrario, va con más fuerza a defender que lo hecho por el TSE es poco trasparente, dijo a este medio que la investigación pedida por Fernández no es más que una mordaza.

Explicó que este tipo de acciones son intimidatorias y van contra el principio de fiscalización a lo interno. Es más, dice el señor López, que la misma Contraloría ha llamado la atención al Tribunal electoral y le ha señalado por “clima de hostilidad” en esas acciones de control.

Pero entonces la denuncia contra el funcionario parece extraña en estos momentos, pues en aquella fecha el mismo TSE reconoció el cambio de la norma y justificó que se podrá aplicar a cualquier partido.

Fue el letrado Andrei Cambronero, quien aseguró que lo dispuesto por el Tribunal electoral fue la forma más rápida y eficiente para recuperar esos dineros.

De cara a este nuevo encontronazo dentro del TSE surgen muchas dudas, no solo por el proceso de reinterpretación de la norma y su favorecimiento hasta ahora al PAC, sino que además queda un sinsabor ante la reacción jerárquica de cara a una denuncia que reviste de total interés público.

¿Acaso no pueden los funcionarios públicos que tienen información que podría comprometer evidenciar un mal accionar en las instituciones, denunciar y divulgarla?

Deben quedarse callados los trabajadores del Estado ante lo que podría ser un acto poco transparente que compromete fondos públicos que son de todo el pueblo.

Será que dar a conocer irregularidades o anomalías en una entidad es un acto desleal con el patrono, pero no así con el país.

Lo anterior nos pone de nuevo ante la Cancillería, que tuvo un accionar similar a este del TSE, pues intenta poner una mordaza a quienes denunciaron el comportamiento violento y lesivo, evidenciado en un informe oficial de la embajadora saliente Elayne Whyte.

El caso paró en el OIJ y es claro que eso solo busca callar a los funcionarios que están denunciando el desorden que impera en el recinto de las relaciones exteriores.

No quisiéramos pensar mal del TSE, del que es sabido no le gusta que le cuestionen, pero estamos seguros siempre estará abierto al escrutinio, aunque eso evidencia falencias.

Cuando surgen denuncias que involucran al tribunal electoral la postura histórica ha sido de hermetismo y hasta molestia, pero no dudamos que tienen la madurez para ser cuestionados.

Es claro que si un funcionario no encuentra el respaldo interno para denunciar hechos que no están correctos, debe ir a las autoridades correspondientes y a la prensa para hacerlo. Al menos acá en DIARIO EXTRA siempre están abiertas las puertas para quienes quieren hacerse oír.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Sábado 25 Enero, 2020

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