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Nacionales

Quitarían ¢5.692 mills. a Registro para cárceles

Personal con estrés y depresión por carga laboral, según sindicato

  • En Sitrarena aseguraron que se opondrán al proyecto y tomarán todas las medidas para que el dinero del Registro no se traslade al Ministerio de Justicia.

  • Altos mandos del Registro informan sobre el congelamiento de plazas.

El Ministerio de Justicia y Paz pretende quitarle al Registro Nacional el superávit de ¢5.692.370.306 que mantiene con el propósito de destinarlo a la construcción de cárceles.
Dicha intención desde ya genera malestar entre los funcionarios, los que más bien piden que el dinero se invierta para la contratación de más personal, específicamente registradores.
Se trata del proyecto de Ley 21.613, Traslado de Superávit de la Junta Administrativa del Registro Nacional al Ministerio de Justicia y Paz, texto presentado el 29 de setiembre del 2019 a los diputados por Carlos Alvarado, presidente de la República, y Jairo Vargas, ministro de Justicia a.i. en ese momento.
Según señalaron en el Sindicato de Trabajadores del Registro Nacional (Sitrarena), en la institución existe mucha carga laboral tomando en cuenta que los registradores, quienes califican y hacen el trabajo de inscripción de propiedades, vehículos y demás, tienen solamente cinco días hábiles para resolver.
Eduardo Carvajal, secretario general de la agrupación sindical, manifestó que los registradores tienen responsabilidad penal, civil y administrativa al trabajar con bienes de gran valor como condominios, entre otros.
“Si se equivocan en su inscripción les aplican todo el peso de la ley, pero no dan las herramientas necesarias como, por ejemplo, nombrar más personal, en eso debería invertirse el superávit”, apuntó el sindicalista.

PLAZAS PERDIDAS

Carvajal lamentó que en la institución no se puedan hacer reasignaciones ni se puedan nombrar más funcionarios o que se permita sustituir a quienes estén incapacitados.
“La ley de creación del Registro Nacional dice que los superávits se deben invertir en desarrollo tecnológico y desarrollo humano”, aseveró el dirigente sindical.
Un ejemplo del congelamiento de las plazas fue el comunicado DGL-PRY-011-2020, enviado el martes a los trabajadores.
“Con la entrada en vigencia del Decreto 41617-H Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria para el año 2020, específicamente según lo citado en el artículo 59, se indica que: No se permitirán reasignaciones de puestos ocupados en propiedad y vacantes, para las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados. Con excepción de aquellas reasignaciones que sean descendentes”, se lee en el comunicado de la Dirección General y Gestión Institucional de Recursos Humanos.

ESTRÉS Y DEPRESIÓN

Aunado a ello, en el sindicato aseguraron que hay mucho personal con cuadros de estrés y depresión por los problemas laborales, tomando en cuenta que los sancionan disciplinariamente por cometer errores.
“En los últimos tres años, en Sitrarena hemos atendido al menos 40 casos de registradores denunciados. Aquí, solamente el 6 de enero de este 2020 ingresaron 6 mil documentos para resolver en cinco días hábiles”, apuntó Carvajal.
El estrés y depresión, según dijeron en el sindicato, aumentó por los niveles de persecución por supuesta mala praxis hacia un funcionario por parte de Fabiola Varela Mata, directora general del Registro, quien pide expedientes disciplinarios contra trabajadores que suman 20 años en la institución, solo por cometer errores mínimos.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto presentado por el gobierno señala que el sistema penitenciario se encuentra desde hace varios años atravesando una situación compleja por la carencia de infraestructura adecuada para la contención y atención profesional para la población privada de libertad.
Incluso, apuntaron que esa situación ha provocado una condición de hacinamiento carcelario que genera riesgos para la integridad física, psicológica y la salud de las personas privadas de libertad y una afectación al disfrute de sus derechos humanos.
Además, señalaron que con el hacinamiento se dificultan los procesos de atención profesional que facilitan una inserción social efectiva, lo cual, constituye el fin último de la política pública penitenciaria.

LO DIJERON

• Eduardo Carvajal, Sitrarena
“El Ministerio (de Justicia) quiere apoderarse del Registro Nacional, ya trasladaron varias oficinas aquí y más bien estamos necesitados de más espacio y personal para el trabajo sustancial de la inscripción”.

• Diana Ibarra, Abogada
“Solo el año pasado en el área de registro de vehículos perdimos entre 10 y 12 plazas por jubilación y no se pueden reponer, eso es recargo para los que seguimos”.

• Leyla Cornejo, Topógrafa
“En la inscripción de topografía perdimos 12 plazas, el problema es que por día ingresan hasta mil planos para revisión e inscripción, por eso tenemos compañeros con estrés y depresión”.

PERIODISTA: Sergio Jiménez

CRÉDITOS: Fotos: Johanfred Bonilla

EMAIL: [email protected]

Jueves 23 Enero, 2020

HORA: 12:00 AM

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