Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, tendría que desplazarse hasta la Asamblea Legislativa para dar cuentas sobre el acuerdo en Corte Plena en que se le autorizó presentar las acciones y mecanismos legales ante la Contraloría General de la República, con tal de que las anualidades sigan pagándose de forma porcentual en el Poder Judicial.
El acuerdo, que se tomó el lunes 6 de enero, generó todo tipo de comentarios de los legisladores, quienes creen que se incumple lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, normativa que dispone que dichos incentivos deben cancelarse de forma nominal.
“En virtud de lo anterior y dado que las acciones del Poder Judicial podrían ser absolutamente ilegales e inconstitucionales, pues su actuación quebranta el principio constitucional de igualdad ante la ley entre los empleados del sector público y adicionalmente como órgano constitucional desacata una ley, para mantener beneficios salariales que jurídicamente fueron reformados en su totalidad por estos legisladores y legisladoras, por lo que podría cuestionarse su vigencia. Es por ello que solicito se presenten a comparecer las siguientes personas: Fernando Cruz Castro; Rodrigo Chávez Robles, ministro de Hacienda; Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia; Stephany Arias Calero, gerente de Área de la Contraloría; Hilda Rojas Zamora y Pablo Pacheco Coto, fiscalizadores de la Contraloría”, se lee en la moción que presentó la diputada Yorleny León.
También se solicitó la comparecencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de Julio Jurado Fernández, procurador general de la República, y Armando López Baltodano, procurador de la Ética Pública.
La moción se vería el próximo jueves y de aprobarse, pronto arrancarían las comparecencias.
¿QUÉ ORDENÓ LA CONTRALORÍA?
Tal como lo publicó DIARIO EXTRA en su edición del sábado 21 de diciembre, la Contraloría ordenó a Cruz girar las instrucciones internas correspondientes para implementar los ajustes salariales necesarios para que todos los empleados del Poder Judicial se sometieran a lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas en materia de remuneraciones.
En este sentido el Título III de dicha normativa especifica las nuevas reglas que entran a regir en materia salarial, como son los pluses: dedicación exclusiva, tope del auxilio de cesantía, porcentaje reconocido por concepto de anualidades, pago de la carrera profesional y lo referente a la prohibición.
También se agrega que se efectuarán evaluaciones de desempeño a todos los funcionarios.
Lo anterior a pesar del acuerdo adoptado el 18 de marzo anterior por la Corte Plena, el cual señaló que las nuevas pautas de la reforma fiscal eran aplicables a los nuevos funcionarios o los que reingresen a la institución, mas no así a aquellos que en la actualidad mantienen una relación de servicio con dicho poder de la República, para lo que alegó la existencia de derechos adquiridos de buena fe.
“(…) Se ordena al señor Fernando Cruz Castro en su calidad de presidente de la Corte Suprema de Justicia o a quien en su lugar ocupe el cargo: a) Hacer del conocimiento de los miembros de la Corte Plena la emisión y contenido de la presente orden.
b) Girar las instrucciones a las instancias internas competentes del Poder Judicial para asegurar la aplicación del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No.9635, en las condiciones, términos y plazos establecidos en dicha norma, para la totalidad de los funcionarios del Poder Judicial sin distingo de la fecha de incorporación, así como definir los mecanismos de seguimiento para asegurar dicho cumplimiento”, se lee en el oficio DFOE-PG-0739.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Martes 14 Enero, 2020
HORA: 12:00 AM
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