Kathia Góngora Meza, directora del Centro de Atención Institucional Vilma Curling, conocido como El Buen Pastor, en San Rafael Abajo, Desamparados, es investigada por las autoridades por firmar la libertad de una privada de libertad a la que le faltaban 4 años por descontar.
Se trata de la reclusa María Marta Silva Meneses, quien descontaba una pena por estafa y se acogió a un proceso abreviado, sin embargo Góngora y su personal no se percataron que tiene una sentencia pendiente.
La primera de las causas es por estafa, donde permanecía recluida en calidad de indiciada y al vencerse el plazo máximo para la prisión preventiva se ordenó su libertad.
La otra causa tiene que ver con administración fraudulenta, caso por el que se solicitó "tener a la orden" al estar en firme una sentencia de 4 años de cárcel.
Según las autoridades penitenciarias, mediante un correo electrónico el 2 de diciembre a las 6 p.m. ingresó a El Buen Pastor una orden de libertad emitida por el Juzgado Penal de II Circuito Judicial de San José a favor de Silva.
Una vez ejecutado el acto, en el centro penal fueron informadas de la existencia de una solicitud para que la reclusa se mantuviera tras las rejas a las órdenes de otra autoridad judicial, sin embargo en Adaptación Social no se percataron y la dejaron libre.
Ante lo acontecido el director de Adaptación Social, José Luis Bermúdez, giró instrucciones a la Dirección Jurídica para abrir una investigación preliminar y verificar si existe negligencia de algún funcionario y sentar las responsabilidades del caso.
En mayo 2016 Silva se vinculó con la empresa ofendida Trustco Investment Trust Company S.A. como asesora financiera, sin embargo entre julio y agosto de ese mismo año uno de los socios desistió de continuar en el cargo y al conocer ella compró el 25% de sus acciones.
MENTE BRILLANTE
Silva ocupó el puesto de agente corredora de bolsa y ejecutiva de cuenta de Lafise, por lo cual las inversiones de los dos ofendidos de apellido González experimentaron un perjuicio, siendo ella la encargada de atender, asesorar y negociar personalmente con los afectados.
El denunciante le entregó 38 cheques y 2 certificados de inversión a la ahora prófuga de la justicia por la suma de $1.679.383.
El 18 de agosto de 2009 el gerente general de Lafise Valores Puesto de Bolsa envió un oficio a uno de los afectados, donde le informaba que la mujer renunciaba como agente corredora de bolsa y le asignaban otra, que evidenció el faltante de poco más de $1 millón.
Después Silva sustrajo montos de dinero ($130 mil, $200 mil y $230 mil) mediante el sistema Sinpe y luego los depositó en una cuenta de ID Investors and Developers S.A., empresa de la que es presidenta.
Trascendió que personal de Fiscalía y el Juzgado se encuentra molesto por la falta de control en Adaptación Social con los privados de libertad y esperan que se sienten las responsabilidades del caso.
Se sospecha que Silva estaría fuera del país, por lo que las autoridades de Migración, de Fronteras y de Fuerza Pública destacados en los puestos fronterizos, así como en aeropuertos están alertados para que en caso de verla detenerla.
