En las últimas horas trascendió una lista de los salarios millonarios que pagan en la Junta de Protección Social (JPS) a colaboradores de la institución cuya encomiable función es atender obras de bienestar social.
De acuerdo con la información, la planilla representa a la institución un monto de ¢657 millones entre 426 trabajadores por cada mes, es decir un total de ¢8.500 millones en promedio anuales, contando el decimotercer mes.
De esos funcionarios, 42 laboran en el área de recursos humanos, 39 técnicos o asistentes en administración de empresas, 36 inspectores de tránsito y 23 cajeros.
En la lista llama la atención que seis choferes estarían recibiendo sueldos mensuales que rondan entre ¢1,1 millones y ¢2,05 millones.
En tanto hay cajeras con remuneraciones que van de los ¢2 millones a los ¢3,1 millones.
LISTA DE SUELDOS
Los auditores Doris María Chen Cheang y Rodrigo Carvajal Mora son los dos funcionarios que registran un mayor salario, con un monto de ¢6,4 millones y ¢5,8 millones, respectivamente.
Luego sigue Josefa Valverde Vargas con un sueldo mensual de ¢4,2 millones, Olman Brenes Brenes con ¢4,4 millones, Julio Canales Guillén ¢4,27 millones, Rodrigo Fernández Cedeño ¢4 millones, Claudio Madrigal Guzmán ¢4,02 millones, Raúl Vargas Montenegro ¢4,32 millones, Ronald Ortiz Méndez ¢4,12 millones.
DEFIENDEN
El Periódico del Pueblo realizó la consulta a Ronald Barrantes, representante sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ante la JPS, quien aseguró que la lista está completamente desactualizada.
El representante sindical añadió que buscan atacar a la institución; además revisando puesto por puesto, algunos funcionarios ya no están laborando.
“En el caso de Doris Chen la presentan como contadora y ella es la auditora de aquí de la Junta, o sea el salario de ella si tiene como 35 años aquí en la Junta y con todos los pluses, pues ese es…
De esa lista me pregunto de dónde la sacaron porque no le veo una base sustentable como para llegar y decir de dónde salió ese estudio”, señaló.
INCONSISTENCIAS
En la Oficina de Comunicación de la JPS aseguran que en las listas difundidas en redes sociales y que causaron polémica detectaron una serie de inconsistencias que no quisieron revelar. Además adujeron que no harían públicos el nombre completo y número de cédula de los trabajadores, así como tampoco los puestos que ocupan ni los salarios pues ponen en riesgo su integridad.
Agregaron que debe tenerse cuidado ante la criminalidad que enfrenta el país, a pesar de que la sentencia 2014-4031 del 21 de marzo de 2014 de la Sala Constitucional expresa que los salarios pagados con fondos públicos y a funcionarios públicos no pueden ser catalogados como información personal de acceso restringido y donde prevalece el principio de publicidad administrativa sobre el derecho a la intimidad.
Con respecto a los colaboradores con los sueldos más altos, destacaron que cuentan con sentencias de los Tribunales de Justicia que les dan derecho de recibir una remuneración con un cálculo específico.
“La JPS no puede ignorar los fallos judiciales que son de acatamiento obligatorio. Una vez que estas personas se pensionen o se llegasen a retirar de esos cargos, los pagos no corresponden a esas condiciones y se harían bajo condiciones normales.
En el listado se encontraron un total de 20 personas que ya no son funcionarios de la JPS por motivo de pensión y renuncia, así como un caso de un exfuncionario que falleció hace más de un año”. Cabe destacar que tampoco indicaron quiénes son.
También adujeron el caso de una empleada que renunció y se encuentra laborando en una empresa privada hace más de ocho meses.
En cuanto a los conductores, cajeros y secretaria que aparecen con una remuneración superior a los ¢2 millones, la Junta indicó que el chofer ocupa actualmente la plaza de profesional 1B con grado académico de licenciatura.
Sobre una cajera, la funcionaria actualmente ocupa una plaza de profesional 3 encargada de una unidad y con personal a cargo con un grado académico de licenciatura.
Con respecto a la secretaria, tiene una plaza de profesional 3, se encarga de una unidad y con personal a cargo, grado académico de licenciatura.
JUNTA VIOLA FALLO DE SALA IV
La sentencia 2014-4031 del 21 de marzo de 2014 de la Sala Constitucional indica que en el caso de los salarios pagados con fondos públicos y a funcionarios públicos no pueden ser catalogados como información personal de acceso restringido. Prevalece el principio de publicidad administrativa sobre el derecho a la intimidad.
“Tales sueldos son pagados por fondos públicos, por lo que se justifican su divulgación en virtud de los principios de transparencia y del control de las finanzas de la administración”.
La Sala Constitucional declaró que ningún ciudadano está obligado a justificar ante la administración pública las razones por las que solicita los datos. “El Estado debe informar al administrado acerca de sus actuaciones y progresivamente hacer accesible la información que se encuentra en su poder mediante los medios tecnológicos de que disponga”, indica el fallo.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Jueves 05 Diciembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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