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Nacionales

PANI pone en riesgo a menores de edad

Al no atender denuncias de manera oportuna

El PANI se quedó corto en su labor de protección de la persona menor de edad, según determinó la Contraloría

Pese a que cuenta con más recursos para cumplir con sus funciones sustantivas, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) deja en riesgo a las Personas Menores de Edad (PME), porque se ha quedado corto en la atención oportuna de las denuncias que se le presentan.

Entre el 2015 y el 2018, las 52 oficinas del PANI recibieron 205.822 denuncias, se les dio respuesta a 156.123, en otras palabras, 49.699 menores quedaron sin atención de la entidad rectora.

Según señala la Contraloría General de la República (CGR) en el informe Dfoe-Soc-If-00013-2019, el PANI se encuentra en deuda con la niñez y la adolescencia costarricense, pues pese al incremento en un 119% de la asignación de transferencias del Poder Ejecutivo, entre el 2015 y el 2018, dineros trasladados de la recaudación impuesto sobre la renta con el objetivo de financiar la protección de las personas menores de edad y sus familias, esos fondos no representan una mejora en sus funciones sustantivas.

La falta de un plan estratégico y de líneas de acción formalizadas para canalizar los recursos son parte de las razones para el estado actual del PANI.

Manuel Corrales Umaña, gerente del Área de Servicios Sociales de la CGR, mencionó que “esta Contraloría General identificó una serie de debilidades en el accionar del PANI en aspectos tales como la asignación  de recursos humano en las oficinas locales, el cumplimiento de metas de atención de denuncias y de su oportunidad, las subvenciones en servicio otorgadas a las organizaciones no gubernamentales mediante la modalidad de transferencias de recursos y en la determinación y atención de las necesidades de los proyectos en materia de promoción y prevención, lo cual permite concluir, por este órgano contralor, que a pesar del incremento en las transferencias del PANI, ello no refleja una mejora en las funciones sustanciales”.

 

DESEQUILIBRIO

 

De acuerdo a la instancia fiscalizadora del Estado, se evidencia un desequilibrio recurrente en las cargas relativas a las denuncias ingresadas en las 52 oficinas locales del PANI, determinándose como una de sus principales causas la ausencia de mecanismos formales de monitoreo y seguimiento continuo que permitan identificar oportunamente las necesidades de tales oficinas y, a la vez, que sirva de insumo para la definición de las acciones correctivas, inmediatas y dinámicas que deben tomarse con el fin de brindar una respuesta efectiva.

“Esto menoscaba la atención de su mandato legal y expone a las PME a situaciones de riesgo que pueden materializarse en la vulneración de sus derechos fundamentales, lo que implica una afectación al bienestar e integridad física y emocional de los sujetos de derechos que requieren de una intervención inmediata”, reseña la CGR.

Por su parte, en el Modelo de Gestión de Procesos Atencionales, el PANI estableció una priorización de las denuncias que se presentan a las oficinas locales, clasificándolas en tres categorías: Prioridad 1, la cual debe atenderse de forma inmediata. Prioridad 2, con un máximo de 15 días hábiles para iniciar la valoración de primera instancia, y Prioridad 3, con un plazo máximo de 25 días hábiles para iniciar la valoración de primera instancia.

“Con la información proporcionada por el PANI para el periodo 2017 y 2018, del total de denuncias atendidas por las oficinas locales, y teniendo en cuenta las prioridades definidas, se da un incremento de las denuncias que presentan desfases en los días de atención con respecto a lo establecido en el Modelo. En el 2017, el 69% de las denuncias se atendieron en plazos mayores a los definidos; y en el 2018, el 74%, lo que implica que, a pesar de las acciones de fortalecimiento implementadas, la oportunidad de la gestión de denuncias tiende a desmejorar”, se desprende del documento.

“En definitiva, las debilidades presentadas en el control, seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos provoca que exista poca información para que las autoridades del PANI valoren con certeza el efecto de los ¢7.000 millones invertidos en proyectos de promoción y prevención en los últimos cuatro años y si realmente los programas y proyectos generaron mejoras en las condiciones de vulnerabilidad que viven las PME y en la promoción efectiva los derechos de la niñez”

En este sentido se reitera que “estas debilidades  pudieron incidir en que niños, niñas y adolescentes bajo condiciones de abandono y de maltrato familiar no hayan contado con la atención integral que requieren, dada la incapacidad de atender oportunamente las denuncias que se reciben en algunas oficinas locales, la falta de creación de cupos en alternativas de protección  y la poca claridad con la que se ejecutaron los proyectos de promoción y prevención que no permite conocer sus efectos reales”.

*Colaboró el periodista Bharley Quirós.

 

 

DIPUTADOS REACCIONAN

 

Roberto Thompson

PLN

 

“La incompetencia de gestión del PANI y de quienes han conducido esta institución afecta directamente el cuido, protección y formación de nuestros niños y adolescentes. Estamos poniendo en riesgo a toda una generación por la inoperancia institucional confirmada hoy”.

 

Jonathan Prendas

Independiente

 

“Cuando se conocen noticias sobre los graves casos de abuso y agresiones contra niños, niñas y adolescentes, uno intuye que en el PANI no hay una adecuada planificación y que esas deficiencias están poniendo en riesgo el bienestar y la vida de muchos menores en condición vulnerable. Pero cuando la contralora de la República, Marta Acosta, explica en la Asamblea los resultados de una auditoría que revela serías desatenciones en esa institución, no queda duda de que urgen cambios, pues la entidad ha desatendido a su población meta. El PANI debe ser intervenido, es urgente”.

PERIODISTA: Krissia Morris Gray

CRÉDITOS: Foto: Jesús Ramírez.

EMAIL: [email protected]

Viernes 22 Noviembre, 2019

HORA: 12:00 AM

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