La nacionalidad no se regala
EDITORIAL
“La nacionalidad no se regala, no se entrega, ni se rifa, ni se entrega a los mercaderes. Costa Rica es el país con la ley más blanda, el menos exigente”, estas fueron las palabras claras y contundentes del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza.
El jerarca de la policía judicial se refirió así a la forma permisiva en que la ley otorga la naturalización a criminales extranjeros con antecedentes por delitos graves.
Es decir, la legislación nacional, específicamente la Ley N.º 1155, Ley de Opciones y Naturalizaciones, tiene el portillo abierto para que personas de otras nacionalidades condenados en Costa Rica por delitos como el homicidio, tráfico de personas, pornografía infantil y hasta terrorismo puedan cumplir con requisitos escuetos y convertirse en costarricenses.
Un caso para recordar fue el del informático Arthur Bodovsky, un ucraniano nacionalizado tico, conocido como el mayor lavador de dinero del mundo y quien lideraba a una compañía llamada Liberty Reserve.
El ucraniano fue detenido en una operación internacional conjunta con Estados Unidos y España, mientras vivía en Costa Rica apareció casado con una mujer a la cual solo vio una vez en su vida y que se dedicaba a la venta de empanadas, cuando su esposo era dueño de autos lujosos y hasta una mansión.
Ese vínculo fugaz le permitió asentarse en el país y lavar más de 6 mil millones de dólares por el ciberespacio.
Este es tan solo un ejemplo del riesgo potencial que tiene el artículo 15 de la ley actual.
La comparecencia de Espinoza fue ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde se discute el proyecto “Ley para impedir que personas extranjeras con antecedentes penales obtengan la naturalización costarricense, que reforma la Ley N.º 1155, Ley de Opciones y Naturalizaciones, artículo 15, de 29 de abril de 1950”.
El proyecto en mención fue presentado por el diputado Gustavo Viales y pretende modificar específicamente el artículo 15 de la ley existente, pues faculta a los extranjeros por medio del matrimonio a nacionalizarse aún y cuando hayan cometido delitos graves en territorio nacional.
La ley actual, además de ligera, es muy antigua, data del año 1950; hablamos de una norma que tiene 69 años y cuya realidad país jamás se asemeja al presente, es más, hay delitos que ni siquiera se contemplaban.
Y están en toda su razón el diputado Viales y don Walter Espinoza de apoyar el proyecto, pues las cifras demuestran que hemos sido el escondite alcahueta de muchos criminales que vienen a hacer de las suyas a nuestra tierra y en un abrir y cerrar de ojos se convierten en costarricenses, pero que no honran al país y menos cumplen las normas.
El OIJ reporta que desde el 2011 a la fecha, casi 2.000 personas naturalizadas han sido detenidas y pasadas ante las autoridades por cometer delitos graves.
Y no se trata de ser xenófobo o impulsar medidas discriminatorias contra personas de otras nacionalidades, es que la verdad el país no puede estar a merced de gente que solo viene para hacer daños o que se vale de una legislación blandengue para acomodarse y delinquir.
Para nadie es un secreto que una gran cantidad de foráneos llega a tiquicia, busca pareja por conveniencia y ejecuta un matrimonio, declara una unión de hecho o bien tienen un hijo para logar nacionalizarse.
Una vez nacionalizados, la autoridad no podrá sacarlos de territorio costarricense, aunque cometan delitos catalogados como graves.
A setiembre, de acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), 2.324 personas obtuvieron naturalización por matrimonios, la entidad no sabe con exactitud cuántos de estos han sido ya objeto de investigaciones o detenciones policiales, pero se sabe que podría andar por el orden de los 100.
La Ley 1155 solo establece objeciones para naturalizar a una persona cuando este tenga condenas en el extranjero, paradójicamente no indica, ni se estimó en su momento que podrían delinquir en tierra nacional y eso está por la libre.
Es incompresible que un extranjero pueda venir a este país a cometer actos inapropiados y con un simple trámite de matrimonio, que muchas veces es simulado, logre asentarse y llenarse de privilegios a costas de la seguridad nacional.
La Sala Constitucional en sus votos 1633-1996 y 5085-1997 ha emitido criterios en cuanto al tema, es entendible su posición, pues la ley no dice otra cosa, solo podrá negarse la naturalización a quienes cometen delitos en el extranjero y no en Costa Rica.
Pero esto debe cambiar cuanto antes, una vez dictaminado este proyecto, deben los diputados darle los dos debates respectivos y sentar un precedente por la seguridad de todos los habitantes.
Casos de ejemplo abundan, la policía ha detenido a una buena cantidad de extranjeros vinculados al narcotráfico, lavado de dinero y hasta sicariato que aparecen casados con ticas, muchas unas completas desconocidas, otras bien pagadas que quisieron colaborar con redes delictivas y algunas por amor, y ese solo hecho les permite nacionalizarse, lo que además les da vía libre, una vez cumplida la sentencia, para permanecer en suelo nacional.
Hace unos años se logró poner un freno a los conocidos matrimonios por poder, que eran una puerta para el crimen organizado, esas uniones que se hacían entre personas en países distintos eran una forma de lograr que extranjeros con restricciones de entrar a Costa Rica pudieran ser reclamados por sus esposas o esposos.
Las autoridades descubrieron que estas uniones estaban siendo el portillo para traficar mujeres y para ingresar gente que no cumplía con los requisitos de ley, dejando así la seguridad al descubierto.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Viernes 22 Noviembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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