Un verdadero desorden y deficiencias se da en el proceso de reclutamiento, selección y nombramiento de funcionarios en el primer poder de la República pues este no se hace de manera planificada.
Lo anterior impide a la Administración identificar el número de servidores requeridos y las competencias deseables. Además, carece de un análisis de la organización y sus actividades, orientadas a solventar de manera oportuna las necesidades de personal idóneo en el corto y mediano plazo.
Estas son algunos de los problemas y debilidades detectadas por la Contralorìa General de la República, que se dio a la tarea de analizar el proceso de reclutamiento y selección de personal de la Asamblea Legislativa.
En el informe Dfoe-PG-IF-00011-2019, se identifican falencias en el control, en lo correspondiente a los procesos de nombramientos de plazas vacantes, regulación para el nombramiento en plazas interinas o en sustitución y de los sistemas de información para la toma de decisiones.
Además de los 57 diputados, la Asamblea Legislativa cuenta con 922 funcionarios activos, que se encuentran organizados entre servidores de confianza y personal administrativo. Este último grupo suma 602 empleados que se encuentran en propiedad, interino, en sustitución y vacantes sin nombramientos, es decir 449, 130, 14 y 9, respectivamente.
“(…) se determinó que el proceso de reclutamiento y selección de personal de la Asamblea Legislativa no obedece a una planificación estratégica del recurso humano que permita la toma de decisiones relacionada con la necesidad de servidores y las competencias pertinentes de los mismos para el desempeño en los puestos, fundamentado en un análisis de la organización y las actividades orientadas a solventar de manera oportuna los requerimientos de personal idóneo en el corto y mediano plazo”, se desprende del informe contralor.
SIN ACCIONES CONTRA RIESGOS
En lo correspondiente al sistema de valoración del riesgo institucional, aplicado a nivel departamental en el 2018, se concluyó que al menos un 68% de los riesgos identificados como “altos”, en la parte administrativa, corresponde a temas relacionados con la carencia de recurso humano idóneo, traslado constante de funcionarios, nombramiento de personal sin competencias para el puesto, entre otros aspectos.
Además, no existen acciones específicas para minimizar esos riesgos, plasmadas en el Plan Estratégico Institucional del Área Técnico – Administrativo, que permitan garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones que lleva a cabo dicha instancia legislativa.
“Lo anterior cobra relevancia considerando que, para el período objeto de estudio, la institución realizó tres concursos internos de los cuales se nombraron doce funcionarios en plazas en propiedad. Dichos concursos se originaron por acuerdos emitidos por el Directorio Legislativo y obedecieron a la suplencia de un requerimiento inmediato y no derivados de un diagnóstico previo de la necesidad institucional que contemple el número de plazas vacantes, la cantidad de personal interino y la actividad sustantiva de la institución para el cumplimiento de los objetivos institucionales”, se desprende del documento.
A raíz de esto, se identificaron que de 138 funcionarios en la parte administrativa, 113 estuvieron en condición de interinos o suplentes durante 1 y 3 años, mientras que los restantes 25 estaban en dicha condición en un periodo mínimo o hasta de un año.
También, se han identificado casos de empleados de la Asamblea Legislativa que llevan desde 5 años hasta 11 años de manera interina y cuyos nombramientos se prorrogan cada 6 meses a la espera de un concurso interno.
“Además, se determinó que la ejecución del proceso de nombramiento de personal mediante concurso interno no contribuye a que los puestos vacantes sean ocupados en propiedad de forma oportuna por el personal de la Institución, una vez que las personas calificadas hayan resultado elegibles en razón de un proceso de selección dispuesto para el efecto”.
Consultado al respecto, Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, comentó que, antes de la publicación del informe contralor, el directorio legislativo había aprobado el “Reglamento para el proceso de reclutamiento y selección de funcionarios de la Asamblea Legislativa” con el cual se busca normalizar la situación identificada por la entidad fiscalizadora del Estado.
Añadió que dicho reglamento, que ya fue publicado en La Gaceta, entrará en operación en los primeros meses del 2020.
En este sentido comentó que el reglamento nace con la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral, que obliga a los departamentos de Recursos Humanos, a contar con dicho reglamento y a realizar los concursos de manera debida y ordenada.
Reconoció que la situación identificada, se creó y generó durante muchos años atrás, que incluso se propició que se contratara gente sin cumplir con los requisitos, ya que fueron puestas a dedo.
“No está en operación todavía. Estamos en esa etapa en que da un plazo a Recursos Humanos para ponerlo en operación y poner en orden todo este proceso de nombramientos se dio que en años anteriores. No se llevaba a cabo un procedimiento como debe ser, con registros, hay una cantidad interinos que tienen 10 o 12 años en dicha condición. En fin, hay un montón de cosas en dicho informe que son ciertas, pero son producto de que no había una reglamentación”, reafirmó Ayales.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Jueves 21 Noviembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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