Diario Extra - Acusarán concejo municipal por prevaricato

El viernes 8 de noviembre la Sala Constitucional emitió la sentencia No.2019-21889, mediante la cual ordena a la Municipalidad de La Unión identificar todas las construcciones ilegales de viviendas en los cerros de La Carpintera e iniciar los procedimientos administrativos requeridos para poner a derecho la situación.
La noticia causó incertidumbre entre los vecinos porque desde el Concejo Municipal presuntamente se manipuló el curso de dicha sentencia al señalar que quienes vivían ahí debían irse por encontrarse en condición ilegal.
Eso indicaron varios lugareños a Luis Ballestero, quien defiende los intereses de Esperanza Aquino, propietaria de la Finca Corporación Alhambra S.A., y Alejandra Cordero, de Unidos para el Progreso S.A., ambas ubicadas en los cerros de La Carpintera, pero fuera de los límites de la zona protectora, donde se alberga una gran cantidad de familias.

ACTIVIDAD PROCESAL

Por lo anterior Ballestero acudió al Concejo Municipal de La Unión con el fin de interponer un “incidente de actividad procedimental defectuosa y suspensión del acto prima facie en sede administrativa”. Es decir, para detener de inmediato los actos contrarios a ley que pretende ejecutar el Concejo, encabezado por su presidenta Mariana Collado.
De acuerdo con el jurista, desde el Concejo “algunos regidores de la Municipalidad de La Unión y la auditora de la Municipalidad iniciaron una campaña tendiente a causar inquietud en los residentes” de los proyectos mencionados.
“Presentamos este documento por cuanto buscamos bajo el principio de buena fe procedimental y de acuerdo con la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y la Paz Social que el Concejo Municipal que ha promovido esta situación pueda observar que lo que han actuado es una serie de vicios de nulidad absoluta”, manifestó.

FAMILIAS A DERECHO

Ballestero fundamentó lo anterior con base en prueba documental emitida en abril de 2016, cuando una medida cautelar provisionalísima ante causam contra comunicación verbal realizada por funcionarios de la Municipalidad de La Unión decía que iba a ejecutarse el desalojo y posterior demolición de las viviendas.
Sin embargo el 3 de febrero de 2017 el Tribunal Contencioso Administrativo acogió la medida cautelar presentada por la Asociación de Vivienda La Esperanza contra el ayuntamiento.
Le ordenaron al ayuntamiento abstenerse de ejecutar el desalojo programado contra 78 familias que habitan el proyecto Los Girasoles, ubicado en las fincas Corporación Alhambra S.A. y Unidos para el Progreso S.A.
Además existe una certificación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, Reserva de Biosfera, Dirección Regional, Sede Regional Sinac-D-ACCVC-0651-2014, de fecha 7 de octubre de 2014, documento suscrito por el director Rafael Gutiérrez R., el cual señala: “Efectuado el estudio en las hojas cartográficas respectivas del mapa básico de Costa Rica escala 1:50.000 y en el Sistema DE Información Geográfico del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, se ha determinado con base en la ubicación consignada en el plano catastrado número C-1401750-2010, según registro con folio real 3154915-000, se describe un terreno que se ubica ‘Fuera de cualquier área silvestre protegida, sea cual sea su categoría de manejo administrada por el Ministerio del Ambiente y Energía’”.
Presuntamente desde el Concejo Municipal pretenden señalar que las familias se encuentran dentro de las áreas protegidas mediante la resolución No.1687-2005-Setena del 11 de julio de 2005 (hace 14 años y 4 meses), referente al Expediente Administrativo No.794-2004-Setena, el cual indica: “Por lo tanto se le otorga la viabilidad ambiental al mismo, quedando abierta la etapa de gestión ambiental”.
Igualmente existe un estudio del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos denominado “Informe Preliminar Sobre Inspección de Terreno”, realizado por Francisco Padilla Rugama en marzo de 2008, el cual indica: “Con base en las observaciones previas de este informe, se deduce que el terreno tiene factores y condiciones favorables en cuanto a servicios básicos, ubicación, cercanía con las ciudades y servicios de salud, educación, comercio, entre otros.
Además tiene una premisa importante, la cual es el crecimiento de la población en el sector este de la capital, lo que se vislumbra como un desarrollo no solo comercial, sino que también habitacional, por lo que el Estado en caso que lo adquiera podría utilizarlo, con el fin de resolver la problemática habitacional no solo en el sector este, sino que también de los sectores sur de San José”.

PRUEBAS FALSAS Y DEMANDA PENAL

Ante los informes suscritos por los diferentes entes estatales, Ballestero de inmediato dejó claro que es pura politiquería la de algunos regidores para endilgarle al alcalde Luis Villalobos una mala gestión, a pesar de que cumple a cabalidad los lineamientos de la Sala IV.
Acotó que con tal de verlo caer previo a las elecciones municipales no les importa atropellar a gente inocente.
Explicó que más bien son estos regidores quienes cometen prevaricato y si no desisten los demandará mediante la vía penal por cometer actos que van contra la ley.
“Se estarían basando inclusive en hechos falsos y hasta en pruebas falsas, como fotos que no corresponden a las viviendas que existen en los dos lugares que se pretende perjudicar.
A estas familias se les confirió un derecho subjetivo que solo puede ser variado si se dan las circunstancias y se siguen los procedimientos establecidos en los artículos 155 o 173 de la Ley General de la Administración Pública, que no pueden ser aplicados si de previo no se obtiene la aprobación de la Contraloría General de la República o la Procuraduría General de la República, según corresponda, lo cual no se hizo.
Además al estar generando actos que van contra la misma ley caen en el delito de prevaricato, por eso si continúan con estos actos desde la presidencia del Concejo Municipal los vamos a tener que llevar a estrados judiciales en una demanda penal”, sentenció.
DIARIO EXTRA intentó conocer la versión del alcalde Villalobos, quien nos remitió con Jean Abarca, asesor jurídico de la Municipalidad de La Unión.
Este dijo brevemente que la Sala Constitucional no mandó sacar a nadie de ningún terreno, sino iniciar estudios para poner a derecho a estas familias, situación que el alcalde enfrenta con responsabilidad.