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Opinión

Violencia obstétrica continúa en la CCSS

EDITORIAL

Los expertos definieron la violencia obstétrica como cualquier conducta, por acción u omisión realizada por personal de la salud que afecte el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres; incorpora el trato deshumanizado, la medicalización injustificada y la patologización de procesos que son naturales. 

Entonces cuando vemos este concepto no podemos más que asociarlo con la práctica violenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de ignorar que miles de mujeres deben viajar horas desde sus viviendas hasta un sitio para recibir atención médica. 

Uno de los ejemplos más claros de este maltrato ocurre a las vecinas de Buenos Aires, Puntarenas, quienes sin el menor de los reparos deben viajar más de 61 kilómetros para dar a luz.

Lo más grave, que denunció el Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), es que las pacientes tienen que hacer el trayecto hasta el Hospital Dr. Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón, pidiéndole a Dios que no se les venga el bebé porque solo viajan con el chofer de la ambulancia. 

Es decir, la Caja vulnera en todos sus extremos los derechos de las mujeres en gestación y de los pequeños porque para las citas también deben desplazarse esa distancia, sin importar las condiciones de salud que presenten a lo largo del embarazo.

Este es tan solo un ejemplo y los hay peores porque podríamos mencionar lo que enfrentan mujeres de sitios tan alejados como las zonas fronterizas norte y sur o las que viven en el cantón de Talamanca, que deben viajar hasta el Hospital Dr. Tony Facio, en Limón.

Lo mismo ocurre en Golfito y Guanacaste, donde el acceso a los servicios de obstetricia y ginecología son casi un lujo para muchas de las nuevas madres, cuando lo correcto sería que esta atención fuera prioritaria. 

No hay mujeres ni bebés de segunda categoría, todos merecen la misma atención.

Mientras la institución despilfarra dinero en un aspectos de menor importancia, lo cierto es que debería tomar cartas en el asunto y dejar de promover tal agresión a las futuras madres.

Si bien en 2016 se aprobó un nuevo protocolo para evitar la violencia obstétrica en los servicios de la CCSS, muchas clínicas y hospitales con su respectivo personal no conocen el respeto por la maternidad y en vez de cuidar, proteger y comprender a las pacientes, las increpan, insultan y hasta discriminan.

Definitivamente la violencia contra las mujeres parece un tema de no acabar.

Veamos las cifras que revela la Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia (EMNA) de 2018, la cual mostró que un 58% de las mujeres de 15 a 49 años que parieron en los últimos dos años, sea vaginal o por cesárea, sufrió violencia obstétrica.

A un 35% no se le consultó si aplicarle medicamentos o procedimientos, al 19% no le dieron explicaciones entendibles, a un 12% le gritaron o regañaron, al 10% le hicieron críticas, comentarios despectivos o le pusieron sobrenombres.

Estas cifras demuestran mucha desatención y esa situación aún permanece en muchos centros médicos. Por ejemplo, al 9% no se le apoyó como corresponde por parte del personal médico, al 5% se le obligó a pujar sin ser necesario y el 2% dijo haber sido agredido.

Pareciera que dar a luz se convirtió en un asunto estresante para ambas partes, para la madre porque se ve marginada desde el momento que cruza la puerta del hospital y para el personal médico, que por muchas razones se mantiene alterado, desde extensas jornadas de trabajo hasta problemas de actitud.

En algunos centros médicos las maternidades son recintos descuidados, hacinados, con serias limitaciones para atender los partos y para colmo de males con escaso personal calificado. Todo eso suma tensión a un momento que debería ser el más bello, pero doloroso, para las mujeres. 

Algunos funcionarios ignoran y violentan terriblemente la Guía de atención integral a las mujeres, niños y niñas en el periodo prenatal, parto y posparto, que tiene vigencia desde hace casi 10 años y es desconocida para las mujeres porque nadie nunca les indica cuáles son sus derechos. 

Dar a luz en una buena parte de centros de la CCSS es como estar en una maquila, van y vienen los bebés, las mamás, y en una buena cantidad de casos el personal médico trabaja con prácticas obsoletas, agresivas, invasivas y molestas.

El sistema de salud pública debería analizar qué impacto tienen algunas prácticas hasta ahora ejercidas por los profesionales de la salud en casos de discapacidad, pues en medio del hacinamiento, la falta de supervisión de un familiar y hasta la premura se han detectado niños con alguna discapacidad originada al momento del parto.

Enfrentarse a los expertos en la materia es casi una guerra perdida, pues denunciar hechos irregulares en el trato o el procedimiento en las salas de maternidad es un proceso engorroso, sin resultados y con tiempos prolongados, que cansan y desestimulan al denunciante.

El margen de acción de las madres durante la labor de parto en temas como compañía, posición, alimentación y demás es un sueño, pues algunos médicos creen tener la última palabra y obligan a crueles procedimientos físicos y psicológicos que hasta ponen en riesgo la vida de las mujeres y sus bebés.

Hablar de violencia obstétrica sigue siendo un tema delicado, pero urge seguir trabajando en la concienciación del personal médico y la ciudadanía en general.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Miércoles 13 Noviembre, 2019

HORA: 12:00 AM

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