Freddy González, expresidente del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), denunció a la Contraloría General de la República ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Lo anterior debido a la resolución en la que lo deshabilita para ejercer cargos públicos por los próximos cinco años, al igual que a otros exdirectivos del Infocoop, como Carlos Castro, quien también se apersona en este proceso.
Ambos alegan que la resolución de la Contraloría les causó daños, tanto de orden patrimonial como moral.
González y Castro reclaman la suma de ¢20 millones porque habrían sufrido de angustia, frustración, impotencia, inseguridad, zozobra, ansiedad, pena, intranquilidad y desilusión, según la defensa.
“En cuanto a Freddy González, habiendo sido funcionario público desde hace más de 20 años, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, si bien al momento de la sanción no los ejercía, significa que se le cerraron las puertas para acceder a cargos públicos por el plazo de cinco años de la sanción y probablemente para el resto de su vida por las consecuencias de la injusta e ilegal sanción. Además por los efectos mediáticos de la trascendencia pública de la sanción impuesta”, se lee en la denuncia, de la que DIARIO EXTRA tiene copia.
González ha sido dirigente cooperativo desde hace más de 30 años, fue miembro de la junta directiva de Infocoop en diferentes puestos, incluso en la presidencia.
También ejerció como secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, fue miembro de la asamblea plenaria del Consejo Nacional de Cooperativas y secretario ejecutivo.
Entre otras peticiones, se solicita que el Tribunal Contencioso Administrativo designe a un perito profesional en economía y finanzas o un contador público autorizado para que rinda su criterio.
Lo anterior en relación con el fondo de la resolución de la Contraloría que determinó posibles afectaciones para el Infocoop a partir de la fijación de una tasa de equilibrio.
El especialista sería contratado para determinar si hubo alguna afectación sobre la cartera de crédito o algún riesgo sobre la cobertura de gastos de operación y transferencias del Infocoop entre 2010 y 2017 a partir de la fijación de la tasa de interés.
Para la defensa de González y Castro los argumentos de la Contraloría no tienen pies ni cabeza, pero independientemente de eso, si se estuviera en presencia de alguna irregularidad se corre el riesgo de que para el momento de la sanción el caso ya estuviera prescrito. Además de que no habría argumentos para justificar un castigo de cinco años.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Miércoles 13 Noviembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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