La magistrada de la Sala Segunda Julia Varela Araya alertó que, de avanzar el proyecto Ley para Unificación de los Regímenes de Pensiones, expediente 21.539, el Estado costarricense deberá asumir casi ¢700 mil millones y prácticamente se daría un cierre técnico del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.
Según el informe de la magistrada Varela, en específico, el Estado deberá asumir el pago de las personas que actualmente están pensionadas, suma que al año alcanza aproximadamente los ¢79 mil millones.
Aunado a eso, el último estudio actuarial efectuado con corte al 2018 indica que para una población cerrada a corto plazo, además, el Estado deberá asumir, con recursos del erario público, el pasivo actuarial estimado de ¢620 mil millones.
“Debe tomarse en cuenta que el proyecto consultado no tiene respaldo en criterios técnicos que evidencien la razonabilidad y conveniencia de afectar el fondo de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial, en los términos de esta propuesta de Ley. Por el contrario, se constata que es una propuesta de ley contraria a la ley N°9544, del 5 de junio de 2018, en el tanto esta última pretendía la permanencia y sostenibilidad del citado régimen, imponiendo condiciones con base en estudios técnicos”, agregó la magistrada como comentario final.
MAYORÍA CALIFICADA
Cabe señalar que, sobre este tema, los magistrados determinaron que la iniciativa incide en el funcionamiento y organización del Poder Judicial, razón por la que la iniciativa requerirá mayoría calificada (38 votos) en primer y segundo debate en el Congreso.
Al respecto, el legislador proponente Pedro Muñoz dijo que ese particular no le quitaba el sueño.
“Ese fondo de pensiones del Poder Judicial de por sí no es sostenible, por lo que eventualmente el Estado va a tener que asumirlo, y tan es así que los más jóvenes de ese fondo quieren salirse de ese régimen. Hay un movimiento porque están inseguros de la sostenibilidad y no están contentos teniendo que cotizar más (13%) de lo que se desembolsa para el Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)”, dijo Muñoz.
En cuanto a la alerta de magistrada Varela, que señalaba que una vez aprobada la ley debía de trasladarse al erario público al menos ¢79 mil millones (que es la plata que se paga hoy en beneficios a los actuales pensionados), Muñoz añadió que de todas formas cuando el fondo no sea sostenible, la factura deberá asumirla el Estado.
“¿Cuándo ese fondo deje de funcionar qué va a pasar? ¿No se va a trasladar al erario público? Si el fondo tiene un problema de sostenibilidad, esa será una realidad tarde o temprano. Lo que yo estoy proponiendo es que esa contingencia no se haga más grande, cuando sea más grande la población pensionada judicial”.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Martes 12 Noviembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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