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Opinión

Desorden violenta derecho a la ciudad

EDITORIAL

Según datos de ONU Hábitat, en el año 2050, 65% de la población mundial vivirá en las ciudades.

La vida en las urbes, y no hablamos solo de las capitales, sino de los centros de población que concentran la dinámica económica y social de una región, comunidad o país, se torna cada vez más compleja, abarrotada y hasta desordenada.

La falta de planificación en el desarrollo de las ciudades impacta vital a su su población, pues genera un deterioro en la calidad de vida y, peor aún, fomenta desigualdad, criminalidad, falta de oportunidades y hasta problemas de salud.

En Costa Rica, el desorden urbano es una realidad, la carencia de planes reguladores en la mayoría de los cantones comprende la muestra más evidente del deterioro de las poblaciones. Sin embargo, cualquiera pensaría: ¿qué tiene que ver esto con el progreso de la comunidad?

Pues bueno, la respuesta es que todo. Una ciudad desordenada, entiéndase densamente poblada, con construcciones ilegales o sin supervisión, que mantenga mala infraestructura vial, dificultad de acceso a servicios básicos como agua, luz o transporte público, con escuelas y centros de salud que atienden altas demandas y, para colmo de males, un comercio nacido de la improvisación, golpea sí o sí a sus lugareños.

Datos recientes del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) evidencian la proliferación del desorden y la falta de planificación: la Zona Norte y el Pacífico Norte del país se encuentran entre los porcentajes más altos de las construcciones sin permisos municipales. 

Por ejemplo, en la Región Norte, el 44% de las obras aún no cuenta con permisos, lo cual representa 157 de 359 sitios visitados. El cantón de San Carlos resalta con un 66% de obras sin permisos.

El informe destaca que, en el cantón central de Alajuela, se registró la mayor cantidad de metros cuadrados sin trámite municipal con 41.047 m².

Cuando vemos estas cifras, no podemos evitar cuestionarnos qué pasa con los planes reguladores y con las gestiones de las municipalidades para controlar el desorden en la construcción. 

Desde hace varios años, los planes reguladores en los 82 cantones del país son un tema de discusión, que las urbes crezcan de forma ordenada y en armonía con la naturaleza para lograr un balance resulta lo óptimo, pero no se logra. Ha habido miles de excusas, pero pocas acciones para mitigar este problema. 

De las 82 municipalidades, ni la mitad tiene planes reguladores y eso es un verdadero riesgo, las complicaciones para hacer realidad dichas propuestas pasan por asuntos como la viabilidad ambiental de Setena y estudios sumamente costosos. 

La idea con los planes reguladores consiste en poner límites y orden a las decisiones que se tomen respecto a las nuevas construcciones. Esta falta de planes genera un crecimiento desordenado que atenta a todas luces con el derecho a la ciudad.

¿Y qué es el derecho a la ciudad? Los expertos lo denominan como la posibilidad de construir una urbe en la que se pueda vivir con dignidad, que permita a los habitantes reconocerse como parte de ella, y que posibilite la distribución equitativa de los recursos, el trabajo, la salud, la educación, acceso a la vivienda. Pero también que propicie la participación ciudadana y el acceso a servicios públicos y privados para desarrollarse.

Pero este no es un concepto nuevo, nace en 1968, definido por Henri Lefebvre en 1967 como el derecho de los habitantes a construir, decidir y crear la ciudad.

¿Y por qué es importante retomar este concepto? Pues bien, todos hemos sido testigos del crecimiento acelerado de las poblaciones urbanas y con ello de la desmejora en la forma de vida de las personas. 

No se trata de ejercer control sobre el crecimiento, sino sobre la forma. San José constituye un ejemplo que debe mencionarse, está saturado de carros, el transporte público es de mala calidad, la construcción se torna vieja y desigual, además muchos edificios están desocupados o inhabitables. Alrededor se formaron cinturones de pobreza con casitas una encima de la otra, de manera improvisada. 

Y tenemos la otra cara de la moneda, la construcción de condominios, en espacios muy estrechos, sin áreas verdes, con acceso limitado en zonas céntricas aglomeradas. 

Costa Rica debe retomar el tema con urgencia y buscar la forma de que todos los ayuntamientos logren coordinación entre la búsqueda del desarrollo económico y social, lo cual sobrepasa el pensamiento de nuevas construcciones solamente. 

Debe armonizarse con las instituciones estudiantiles para generar mallas curriculares acordes a las necesidades de la comunidad o región, generación de emprendedurismo y empleos nuevos, regionalización empresarial con economías novedosas e innovadoras, que rompan los esquemas tradicionales. 

Es momento de una propuesta integral que permita no solo el rescate de la riqueza ambiental de las zonas, sino su explotación con medida: el desarrollo no es enemigo de la sostenibilidad. 

Se deben retomar los espacios públicos, hacer ciudades amigables e inteligentes, y la conectividad no puede resultar un asunto selectivo tampoco. 

Si las ciudades urbanas y las que se desarrollan en la ruralidad logran un equilibrio, el derecho en cuestión tendrá validez en todos los sentidos.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Viernes 08 Noviembre, 2019

HORA: 12:00 AM

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