Después de 11 allanamientos la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este miércoles a Randall Chavarría Matarrita, alcalde de Puntarenas, como sospechoso del delito de malversación de fondos.
Walter Espinoza, director general de la policía judicial, explicó que las acciones policiales se realizaron en las instalaciones del ayuntamiento, la casa de Chavarría -donde lo capturaron- y las viviendas de nueve personas que conformaron la Comisión de Carnavales Puntarenas 2018.
En las incursiones los agentes recabaron toda la prueba necesaria para aportar a las pesquisas, mientras que al alcalde lo remitieron al Ministerio Público, donde le tomaron la declaración indagatoria para luego solicitar medidas cautelares en su contra ante el juzgado penal de la zona.
EL CASO
De acuerdo con Espinoza, lo que se pretende esclarecer es el destino de ¢10 millones que fueron depositados en una cuenta de la Municipalidad de Puntarenas y debían utilizarse en la ejecución, planeación y coordinación de las actividades relacionadas con los carnavales de ese año.
La información ingresó meses atrás al OIJ y desde ese momento se iniciaron las pesquisas contra Chavarría y los miembros de dicha comisión.
“El decomiso de documentos se sumará a la investigación para tener un panorama más claro respecto al destino de ese dinero porque lo que se investiga es una posible malversación y una carencia en la fundamentación de los documentos de respaldo que utilizaron para justificar los gastos de esos ¢10 millones que originalmente salieron de la Municipalidad”, detalló.
En la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informaron que contra ellos se abrió el expediente 19-000407-0431-PE y el caso se mantendrá en investigación, por lo no darían más detalles en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.
ANTECEDENTES
Esta no es la primera vez que Chavarría se ve envuelto en un escándalo por el ejercicio de sus funciones como alcalde por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Precisamente en setiembre el Concejo Municipal de Puntarenas pidió su destitución inmediata, así como el retiro de sus credenciales como gobernante del cantón central.
En ese momento 6 de los 9 regidores enviaron el 17 de setiembre la solicitud al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y según la denuncia, ellos consideran que existe una negativa de parte de Chavarría para ejecutar los acuerdos aprobados en firme, por lo que consideran que existe un incumplimiento de sus funciones.
Por otra parte, en febrero el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José acogió un recurso de apelación que presentaron los abogados de Chavarría tras investigarlo como sospechoso de los delitos de malversación de fondos e incumplimiento de deberes en la función pública porque en 2015 no habría revocado la concesión de la administración del balneario San Lucas Beach Club de Puntarenas.
Tal como informó DIARIO EXTRA, el 12 de diciembre de 2018 el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José le impuso medidas cautelares que consistían en la suspensión del cargo sin goce de salario por 6 meses.
Asimismo, en noviembre de 2018 trascendió que Chavarría no aparecía inscrito en las bases de datos del Ministerio de Educación Pública (MEP) como bachiller en Educación Media, tal como lo establece la ley, pese a que aparentemente cuando fue candidato a alcalde refirió tener ese grado académico como parte de sus atestados.
En tanto, en julio de 2016 se vio involucrado en otro escándalo cuando al parecer salía de un bar clandestino en la comunidad de Fray Casiano, el cual intervinieron los oficiales de Fuerza Pública.
Tras conocerse el caso, el alcalde se sacudió las acusaciones y negó que lo hubieran detenido.
TSE
Consultado sobre la detención de Chavarría, Héctor Fernández, director del Registro Nacional del TSE, explicó que su cargo podría ocuparlo el primer o segundo vicealcalde, los responsables de asumir las ausencias temporales o definitivas del jerarca municipal.
Respecto a la solicitud del retiro de credenciales detalló que en temas de recursos públicos existen sanciones, pero le corresponde a la Contraloría General de la República dar un dictamen y recomendar la aplicación de una sanción de cancelación de credenciales.
También se podría establecer algún tipo de inhabilitación por hasta 2 años, siempre y cuando se realice el debido proceso.
“En un proceso penal, por ejemplo, si existiera alguna privación de libertad que impidiera ejercer el cargo, también podría haber una causa de cancelación de credenciales, pero por la no posibilidad de ejercer el cargo”, explicó.
Agregó que esta investigación por malversación de fondos no inhabilitaría a Chavarría en caso de que se postule como candidato para las próximas elecciones municipales.
PERIODISTA: Mónica Matarrita Mora
CRÉDITOS: Fotos: Archivo
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Jueves 31 Octubre, 2019
HORA: 12:00 AM
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