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Sucesos

Agromonte adeuda ¢560 mills. a la Caja

Investigan empresa por tráfico de personas, San Carlos

  • Al no tener agua potable, los peones tienen que cargar su botella para hidratarse debido a las altas temperaturas

  • Según dice Sofía, cuando llegan las autoridades les piden que se escondan, porque no les pagan el seguro social

  • Los sueldos de hambre hacen que no tengan ni para comprar zapatos a sus hijos para ir a la escuela

  • Sin tener un lugar adecuado para guardar o calentar el almuerzo, no les queda más que dejarlo en el suelo

Las pésimas condiciones laborales en que trabajan los peones de la piñera Agromonte no son el único inconveniente que enfrenta la empresa ante las decenas de denuncias de sus peones, pues la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que la compañía está morosa.

Luis Diego Calderón, gerente financiero de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) confirmó que la deuda con la institución estatal alcanza los ¢560 millones, sin embargo, para cerrar la empresa se requiere todo un procedimiento administrativo.

“No podemos cerrarla sin respetar el debido proceso y en eso está la institución con esa empresa. Además, la CCSS tiene gestiones en las vías judicial y administrativa para recuperar esas deudas y se ha venido haciendo todo lo posible en el marco legal”, aseguró el funcionario.

Añadió que el proceso que se debe seguir para un cierre consiste en prevenir a la empresa de que la mora tiene de más de un mes. “Se le hace la prevención de cierre y si no paga se hace la resolución de cierre. La resolución puede ser recurrida, es ahí donde el patrono puede presentar los recursos ordinarios de revocatoria de apelación; si los presenta hay que conocerlos y resolver sobre eso. Una vez que termine el procedimiento administrativo puede cerrarse. Esta empresa tiene varios procesos administrativos y se ven en Ciudad Quesada”, concluyó.

 

5 AÑOS DE PROBLEMAS

 

Por otra parte, Edgar Morales, secretario general adjunto de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), narró que ha estado en el campo con los trabajadores y reveló que desde hace 5 años comenzaron a atender el tema de los peones de la piña en la zona norte del país, particularmente en las fincas Agromonte, Finca 11, La Providencia y otras.

Morales señaló que son constantes los señalamientos que le han hecho al respecto a las instituciones de gobierno como la CCSS, INS, MAG, Ministerio de Trabajo y Migración. Sin embargo, manifestó que no se han tenido resultados positivos por parte de estas instituciones en atender los derechos humanos de estas personas.

“Nosotros hemos dicho que en algunos sectores de las piñeras no existe el Estado costarricense. En una ocasión llevamos al viceministro de Trabajo a la finca Agromonte, así como a la Defensora de los Habitantes. A esta última no la recibieron y la dejaron parada en el portón.

Solamente recibieron al viceministro de Trabajo, pero sin ningún acompañante; nadie del sindicato, ningún trabajador, nadie más, de lo contario el viceministro tenía que devolverse”, apuntó Morales.

Para el dirigente sindical es incomprensible que la empresa no haga nada para corregir la situación pese a la investigación que se le sigue desde el 2016 por tráfico de personas y tras un allanamiento. “Es una exportadora fuerte de la región, los cultivos están en expansión, pues están limpiando grandes extensiones de terreno. Parece que el negocio es próspero, pero resulta que exporta una determinada cantidad de producto con 200 trabajadores que aparecen en planilla, pero tiene aproximadamente 700 trabajando adentro. Entonces, ¿qué está pasando adentro con esos 500 trabajadores?”.

 

EVADEN RESPONSABILIDADES

 

El que la empresa tenga contratistas, no la exime de la responsabilidad de poner en regla a quienes le dan servicios, ya que siguen siendo los campos de piña de Agromonte donde desempeñan las labores que se les asigna.

Morales sospecha que, “hay intención de evadir la responsabilidad social, los salarios mínimos que se debe pagar a los trabajadores y las responsabilidades que tiene la empresa productora con el trabajo. También considera que es una forma de hacer fraude fiscal con la seguridad social, porque estos 500 trabajadores no están aportando nada a la seguridad social del país. Otro problema es que la piña requiere mucho químico para ser tratada, las hojas de la fruta son punzantes, el trabajo en los cultivos es difícil y complejo, por eso decimos que es un trabajo calificado, pero se paga como no calificado”.

 

ESCLAVITUD

 

Otro de los señalamientos que han hecho desde la Uniòn Nacional de Trabajadores es que una buena parte de los que trabajan en los cultivos lo hacen en condición semiesclavista. “De alguna manera ellos pueden salir de la plantación, pero si lo vemos estrictamente desde el punto de vista laboral están en condición de esclavitud, porque una persona con ¢3 mil por día no puede vivir”, comentó.

Agregó que muchos tienen hijos por lo cual no les alcanza el dinero para darles calidad de vida. Asimismo, viven en lamentables condiciones habitacionales. No tienen donde hacer sus necesidades fisiológicas, no hay sitios adecuados para consumir sus alimentos durante la jornada laboral por lo que muchos padecen dolores de estómago y diarrea. Trabajan bajo una temperatura extremadamente fuerte, también cuando llueve los alimentos se le dañan.

Incluso hay un decreto que dice que los trabajadores merecen agua potable, pero estos deben traer su botellita pues no hay agua fresca, ni siquiera para lavarse las manos”, culminó el dirigente sindical.

 

BUROCRACIA Y DERECHOS HUMANOS

 

Según Morales, esto es el aparato burocrático en contra del trabajador y a favor del empresario, por eso ya denunciaron en los mercados de Alemania como se produce esa miel dorada en Costa Rica.  “Que conozcan la miseria de los que producen la miel que se comen en Europa, a pesar de que ya la empresa fue demandada, iremos al Ministerio Público a poner una denuncia, al Ministerio de Trabajo y llamar la atención de la CCSS, del INS, de Migración, de la Defensoría de los Habitantes. Luchamos para que se tutelen los derechos de trabajo de estas personas, los derechos humanos, para que vayan no a perseguir a esta gente, sino a las empresas.

“Ahí vimos al presidente de la República en las Naciones Unidas criticando el irrespeto a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, mientras hay gente esclavizada en su propio país, como ciudadano costarricense siento vergüenza”, sentenció Morales.

 

HISTORIA CRUEL

 

Sofía, tiene tres años de trabajar a través de un contratista en la empresa en cuestión. Se trata de Eddie Maradiaga, quien conviene con Agromonte los trabajos en los campos de piña que necesita la empresa.

Al igual que el resto de los entrevistados que el Diario de más Venta en Costa Rica ha podido documentar alrededor de la miseria que se vive en los sembradíos de piña; la mujer nos mostró los comprobantes donde recibe ¢30 mil semanales, pero con los rebajos por el servicio de bus o un vale de adelanto salarial, no le queda ni para subsistir.

Sofía supone que Maradiaga los tiene asegurados, pero tal parece que la realidad es otra. Cuando escucharon sobre la llegada del equipo periodístico de DIARIO EXTRA, buscaron ocultar a los trabajadores, pero estos se opusieron pues consideran que están asegurados y con todo en regla, por lo que no tienen por qué esconderse. Sin embargo, esa es una cruel mentira, ya que estos trabajadores no están asegurados.

“Se supone que nosotros tenemos los documentos del seguro, pero nunca nos han dado una colilla”, dijo Sofía.

Contó además que al lugar han llegado oficiales de Migración, pero los esconden, sobre lo cual dijo que no sabe si Agromonte lo permite, pues quien negocia con la empresa es el contratista.

 

OIJ ALLANÓ LA EMPRESA

 

Esta empleada afirma que en temporada baja su salario es de apenas ¢20 mil por semana, sin rebajos, por lo que podría ser menos. Refiere que conoció a Maradiaga cuando estaba buscando trabajo, pues en ningún lado le daban y buscó al hombre que le dio empleo.

Ella tiene que mantener junto a su esposo a cinco hijos; el salario no les alcanza ni para comprar un par de zapatos a los niños para ir a la escuela. Hace 9 meses Maradiaga los hizo firmar unos contratos, no obstante, este no les permite leer los documentos para saber que están firmando.

Asegura que si alguno lee el contrato lo despiden, pues al parecer lo que señala el documento es que si los despiden vuelven a firmar otro contrato, pero sin el pago de las cargas sociales.

El pasado 23 de setiembre la Fiscalía de San Carlos y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanaron la empresa buscando evidencia sobre un caso de tráfico y trata de migrantes nicaragüenses, pero el operativo no resultó efectivo, pues habrían escondido a los trabajadores de las autoridades. Es así como el delito investigado se redireccionó hacia tráfico y no trata de personas.

PERIODISTA: Alexander Méndez

CRÉDITOS: Fotos: Mauricio Aguilar

EMAIL: [email protected]

Miércoles 23 Octubre, 2019

HORA: 12:00 AM

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