Especialistas en temas de seguridad y que por años trabajaron con uniforme en diferentes funciones, aseguran que los usuarios de los servicios del Poder Judicial están en peligro por la mala preparación que tienen las personas a cargo de dar seguridad a estos recintos.
DIARIO EXTRA consultó a dos profesionales y en su análisis cuestionan a quienes realizan estas labores y sus patronos.
Maynor Araya, exjefe del Servicio Policial de Intervención Inmediata del Organismo de Investigación Judicial, y Roberto Méndez, exagente judicial, coinciden en que son muchas las carencias de los encargados de velar por la integridad de los usuarios.
Araya ejemplificó que algo como lo acontecido en Upala, donde una mujer murió por una bala “perdida”, se refleja en los trabajadores de cada una de las compañías.
“Cuando se trata de armas de fuego la responsabilidad debe recaer en las empresas de seguridad privada. Ellas se venden como expertas en seguridad, pero son quienes deben saber que un hecho accidental se puede dar, por lo que se tienen que tomar las contingencias operativas para que eso nunca pase”, manifestó.
CAPACITACIÓN
En la misma línea Méndez fue claro al señalar la falta de capacitación con que cuentan los funcionarios que son subcontratados para prestar este servicio.
“El tema principal es ese, la capacitación, y se suma la práctica, el tomar las medidas de seguridad porque muchos de estos hechos son ocurrencias del oficial, que terminan generando estos resultados”, afirmó.
Para Araya los encargados de la contratación a nivel judicial también tienen responsabilidad, debido a la revisión que deben hacer sobre la necesidad operativa que se requiere para estas estructuras.
Lo anterior para que ante alguna situación que se genere se pueda actuar como corresponde y que nadie resulte herido o en el peor de los casos muerto.
“No hay que apuntar a los cursos de seguridad privada, los conozco bien. Nuestro sistema de seguridad privada ha demostrado a lo largo del tiempo que está endeble, es muy malo. Se han visto muchas grandes empresas de más de 2.000 empleados quebradas, casualmente porque sus métodos no eran los correctos”, añadió.
CASO COMPLEJO
Entre las consultas a los profesionales se presentó el escenario de alguna situación compleja, en donde haya un ataque armado o un suceso de alto impacto, por lo que la pregunta fue dirigida a cómo creen que sería el actuar de estos oficiales.
La respuesta fue enfática tanto en la parte operativa como en la administrativa.
“No se sabe qué se está poniendo en estos puestos, ya que un día llegas y está alguien y al siguiente es una persona diferente, pero a los 15 o 22 días se ha cambiado por completo el personal, por lo que al momento en el que se llegara a generar un escenario de una categoría crítica se deberá apelar al entrenamiento, en donde se vea la capacitación y actitud de los funcionarios, pero hay muchas compañías que ni siquiera lo tienen”, expresó Araya.
Añadió que existen profesionales en criminología que pueden establecer qué deben contratar.
“Se debe corresponder a un estudio técnico, en donde el especialista defina cuáles son los riesgos y amenazas, y sobre eso defina qué va a hacer para mitigarlo. Por ejemplo, si debe poner un perro guardián, un nido de ametralladoras. Es un tema que se debe analizar técnicamente y no que todo el mundo esté por igual”, afirmó.
Finalmente, concluyeron que en temas de seguridad no es solo cumplir con las obligaciones que dispone la ley, sino reforzar la capacidad de respuesta y de actuar de cada uno de los oficiales que velan por la seguridad de los ciudadanos.
