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Nacionales

Limitar contrataciones divide a diputados

Proyecto de diputado Pablo Abarca

  • El socialcristiano Pablo Heriberto Abarca insiste en que hay un abuso en el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa. (Foto: Archivo)

  • Luis Ramón Carranza.

  • José María Villalta.

  • Karine Niño.

Los diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA) pretenden modificar un proyecto del socialcristiano Pablo Heriberto Abarca que reforma el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual facilita que instituciones públicas realicen contrataciones directas entre sí, evitando por ejemplo concursos y dejando por fuera a la empresa privada.
Esto ha permitido que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) haga carnets de portación de armas para el Ministerio de Seguridad por ¢1.400 millones o que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) dé una asesoría informática al Ministerio Obras Públicas y Transportes (MOPT) por ¢13.800 millones.
De acuerdo con Abarca, por esta vía se han contratado entre instituciones más de $450 millones. Su proyecto, que se tramita bajo el expediente 21.014, pretende que la excepción se aplique únicamente cuando el objeto contractual se halle entre las facultades legales de la empresa a contratar y que los entes públicos no se encuentren en competencia.
“Lo que se quiere es que estas instituciones vayan al mercado. No se les prohíbe participar, pero deben demostrar que son las mejores y además se prohíbe la tercerización”, agregó.

MOCIÓN

En la Comisión de Asuntos Económicos, donde se discute el proyecto, se aprobó una moción del frenteamplista José María Villalta que viene a modificar el texto de la iniciativa.
El legislador señala que el proyecto del socialcristiano se va al extremo y prohíbe las contrataciones entre entes públicos, a su criterio con la intención de favorecer a la empresa privada.
“Entendemos que se han dado abusos, como cuando la ESPH hace contrataciones directas y subcontrata todo sin pasar por un concurso, pero el proyecto de Abarca hace que sea peor el remedio que la enfermedad porque prohíbe totalmente la contratación entre entes públicos. Me parece que detrás está el interés de favorecer a empresas privadas”, indicó.
La moción de Villalta coloca en esta legislación lo que hoy plantea el Reglamento de Contratación Administrativa, permitiendo la contratación entre entes públicos, pero con una serie de requisitos para evitar avisos, limitando la subcontratación de servicios (tercerización).

MITOS

La liberacionista Karine Niño también adversa el proyecto tal como está. Recordó que la Procuraduría General de República señaló que se debe tener cuidado al eliminar -aunque sea de forma solapada- la excepción para la contratación interadministrativa, ya que afectaría a telecomunicaciones y seguros.
Agregó que el Ministerio de Planificación en el criterio sobre este proyecto advirtió que habría repercusiones en la Hacienda Pública, generando un aumento de costos de algunos servicios que se adquieren actualmente entre entes públicos, debido a la extensión de los procedimientos de contratación, que pueden caer en procesos recursivos o subejecución presupuestaria.
“Es falso que la figura de la excepción haya sido creada para amparar la ‘contratación de un tercero’. La legislación obliga a una participación preponderante de la entidad pública, la normativa establece un aporte superior al 50% para la subcontratación y se ha aplicado de forma supletoria para definir esa participación preponderante. El texto de la moción que votamos aclara este punto.
Es falso que esta figura produce mayores costos: la legislación actual obliga a que, de previo a celebrar un contrato, todo ente público contratante debe establecer la razonabilidad de los precios a partir de estudios de mercado u otros medios que resulten idóneos, lo cual obviamente se aplica de igual manera a los contratos interinstitucionales”, explicó la verdiblanca.
Niño insiste en que en el ordenamiento jurídico existe suficiente regulación normativa para afrontar y sancionar una eventual vulneración de los principios de eficacia y eficiencia, e igualdad y libre competencia, tanto de la Administración Pública como de los particulares.
El oficialista Luis Ramón Carranza cree que Abarca pretende satanizar la norma por casos aislados. Puso como ejemplo que hace poco el socialcristiano criticó en el plenario un caso que se produjo en la Municipalidad de Santa Ana por una alianza público-privada, pero por ese hecho no significa que se haga un proyecto para eliminar esa herramienta administrativa.
“No vamos a decir por un caso que las alianzas público-privadas son malas, ni que las contrataciones entre instituciones del Estado son malas, lo que hay que hacer es corregir los hechos puntuales”, sentenció.
Aún falta conocer mociones a este proyecto, pero Abarca dijo que buscará en el plenario revertir lo aprobado y dejar el texto tal como él lo presentó.

• Pablo H. Abarca, PUSC
“Esa moción aprobada convierte la excepción en una regla y establece una serie de requisitos para que esa excepción siga aplicándose con regularidad. Estas contrataciones son aproximadamente $420 millones, sin ningún tipo de control a recursos públicos, y nos parece que se limite. Mi texto fue avalado por la Contraloría General de la República y por eso pelearé para que así se apruebe”.

• Luis Ramón Carranza, PAC
“Consideramos que los gobiernos no pueden quedar tan indefensos con este instrumento que les permite contratar entre instituciones del Estado. Los abusos siempre han existido, es lo que hay que combatir, pero no quiere decir que sea la regla, y hay instrumentos para eso”.

• José María Villalta, FA
“Ese proyecto busca prohibir del todo que el Estado pueda contratar con otras instituciones públicas como el ICE de forma directa para desarrollar proyectos. Existe una excepción en la Ley de Contratación Administrativa que permite cuando son dos entes públicos contratar un proyecto sin seguir todos los trámites de licitación. Se creó para hacer más eficientes los recursos públicos y maximizar las capacidades del Estado, para un beneficio del interés público. Entendemos que hay abusos, pero jamás apoyaremos que se prohíba totalmente”.

• Karine Niño, PLN
“Tengo muy clara mi posición sobre los efectos negativos de la redacción original del proyecto, que afectaría la gestión y la operatividad de los entes públicos, especialmente el ICE, el INS, los bancos estatales, las universidades, las empresas públicas y las municipalidades, entre otros. También tengo clara la afectación directa que habría sobre otras instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, incluso el Ministerio de Hacienda, que han utilizado la figura de la excepción porque les ha resultado más conveniente en precio y en estándares de calidad del servicio”.

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

EMAIL: [email protected]

Lunes 21 Octubre, 2019

HORA: 12:00 AM

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