Una disputa entre empresarios autobuseros de Alajuela que data de 2014 explotó este martes con una demanda contra Roberto Thompson, exalcalde de ese cantón y diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), porque creó un alto impuesto para el uso de los andenes que utilizan las unidades de transporte público en la Estación Fecosa.
Thompson fue advertido por el Concejo Municipal que debía suspender esos cobros y no lo hizo, ante lo cual lo demandaron por el delito de incumplimiento de deberes.
En forma paralela a esta denuncia, los empresarios interpusieron un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo (expediente 172158-1027-CA), del que DIARIO EXTRA tiene copia, donde reclaman al ente municipal mejoras en la terminal porque presenta problemas de salubridad, entre otras anomalías.
El recurso fue acogido y paralizó los cobros hasta la fecha. Esta acción al parecer también imposibilita el pago de otros impuestos fuera del cobro de uso de la terminal, lo que agrava más la situación entre los empresarios autobuseros y el ayuntamiento.
Además de Thompson, también están demandados los funcionarios municipales Gonzalo Pérez Jarquín, jefe de Cobro Administrativo; Johanna Barrantes León, jefa de Procesos de Servicios Jurídicos; y Luis Enrique Abarca Moraga, coordinador de la Estación Fecosa.
El Diario del Pueblo contactó a la mayoría de estos funcionarios. Pérez Jarquín dijo por mensaje de texto que desconocía la denuncia y por eso no opinaría, mientras que Barrantes León indicó que igualmente desconocía de qué se le acusaba, por lo cual no emitiría criterio hasta no ser notificada.
Las autobuseras afectadas que accionaron la demanda son Empresa Villa Bonita S.A., Cooperativa de Transportes de Sabanilla y San Isidro de Alajuela, Autotransportes López S.A., Transportes Unidos Poaseños S.A., Autotransportes Cambronero Alfaro S.A., Calvo y Alfaro S.A., Transportes Montecillos S.A., Alpízar S.A., Transportes Carrizal S.A., Empresa Hermanos Bonilla S.A., Transportes Alajuela Turrúcares S.A. y Transporte Charo de Alajuela S.A.
“SALÍ HACE UN AÑO Y MEDIO DE LA ALCALDÍA”
El Periódico de más Venta en Costa Rica contactó al exalcalde y actual diputado para conocer su posición y en su defensa aseguró que hace un año y medio dejo la alcaldía de Alajuela, por lo cual no tiene vela en el entierro.
“No conozco los términos de esa denuncia, por lo que no puedo referirme a ella porque no la conozco. Efectivamente cuando fui alcalde tomamos las decisiones que debíamos tomar, respaldados por los pronunciamientos de la Contraloría General de la República y los acuerdos del Concejo Municipal.
Efectivamente el sector autobusero interpuso algunos procesos judiciales que fueron rechazados. Cuando yo salí de la alcaldía, hace un año y medio, estaba dispuesto para hacerse ese cobro. Me parece que esas preguntas deberían formularlas a la actual alcaldesa y las personas que tienen que ejecutar los acuerdos.
Yo cumplí con todo lo que debía y tengo un año y medio de haber sido alcalde, ahora estoy en la Asamblea Legislativa. Vamos a revisar la denuncia en mi contra para ver qué dice. En materia de Fecosa se retomó el cobro a los autobuseros. Lo que hicimos fue ordenar la terminal de buses, fue punto prioritario de mi administración”, manifestó.
“EX ALCALDE DEBE SER IMPUTADO”
Walter Brenes, abogado del bufete Energy Law Firm, quien lleva el caso, expresó que Thompson no puede escudarse en que ahora es diputado porque dejó cabos sueltos durante su administración como alcalde de Alajuela, por eso es responsable.
“El exalcalde Thompson debe ser imputado en esta causa. Es simple. Se le indicó mediante dos acuerdos municipales del 2017 que cumpliera con un tema en específico y no cumplió con lo ordenado por el Concejo Municipal.
El incumplimiento de deberes no es sobre quién ocupa el cargo actual, sino sobre quiénes ocupando esos cargos en el año 2017 estaban en posibilidad material de obedecer y no lo hicieron. Entre ellos, el señor Thompson. Tenían posibilidad material de cumplir con esa orden y no lo hicieron.
Represento a 10 empresas autobuseras, a cada una de las cuales se le ha intentado cobrar en los últimos cinco años ¢10 millones anuales. En total, a la fecha son aproximadamente ¢500 millones en cobro ilegal por parte de la Municipalidad de Alajuela”, expresó.
PERIODISTA: Ariel Chaves González
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Miércoles 16 Octubre, 2019
HORA: 12:00 AM
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