En Costa Rica 450 mil personas viven la angustia de saberse en procesos de cobro judicial a causa de las altas tasas de interés que se pagan por la posesión de tarjetas de crédito, al punto que los especialistas las consideren “de usura”, pues en algunos casos superan márgenes de hasta el 50% o 60%.
Datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) afirman que en nuestro país los ciudadanos deben ¢1.500 millones en créditos revolutivos de tarjetas de crédito, lo cual implica una morosidad del 12,92%.
Esta es la razón por la cual la Asociación Pro Defensa del Consumidor Financiero (Aprodeco) buscará que los tribunales les devuelvan la confianza y tranquilidad a los nacionales que están viviendo la excesiva violencia de los procesos de cobro que realizan entidades financieras y bufetes de abogados.
Adriana Rojas, representante y abogada de Aprodeco, afirma que toda esta situación procede de una colocación excesiva de tarjetas de crédito sin dirimir si una persona está o no en capacidad de enfrentar las obligaciones.
Rojas señala que, si bien en nuestro país aún no prospera el proyecto de ley para regular el tema de las tasas de interés, eso no impide pedir razones de proporcionalidad en el mercado para este mecanismo de lucro que usa el sector financiero.
“Ya en el 2012 vivimos una justificación con la disputa por eliminar la tasa piso, sin embargo, hay principios y garantías constitucionales que establecen que los derechos de las entidades financieras no son ilimitados, que estos derechos están establecidos por los principios que tutelan al consumidor financiero: proporcionalidad, razonabilidad, justicia y equidad.
Entonces necesitamos analistas y peritos financieros que nos digan en un juicio si existen y respetan criterios de equidad, proporción, justicia y razonabilidad en tasas del 50%”, explicó.
La especialista manifestó que todas las personas con interés en matricularse en el proceso colectivo de demanda contra las entidades financieras por este tema deberán contactarse al call center 4052-0680, donde una serie de estudiantes y expertos en derecho analizarán el caso particular para después englobarlos contra las entidades financieras.
Adujo que, ante la práctica de muchos bancos y financieras de vender las deudas a bufetes, los cuales aprovechan para hostigar a los consumidores, ya hay jurisprudencia de costarricenses indemnizados hasta con ¢5 millones por el daño moral ocasionado con los procesos de acoso a la hora de realizar un cobro.
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CRÉDITOS: Foto: Randall Sandoval
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Miércoles 16 Octubre, 2019
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