Ocho de cada 10 costarricenses coinciden en que las personas de clase alta reciben trato preferencial en los tribunales de justicia o por parte de las autoridades del país.
Así lo dejó en evidencia la más reciente entrega de la encuestadora Cid Gallup, que consultó a 1.512 ciudadanos mayores de 18 años y de forma aleatoria en todo el territorio nacional entre el 7 y el 19 de setiembre.
La encuesta tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del ±2.81 puntos.
En específico, ante la pregunta, ¿Dan las autoridades de nuestro país un trato preferencial a las personas adineradas? El 80 % respondió afirmativamente, mientras que el 14 % dijo que todos reciben el trato por igual, sin importar su poder económico.
A lo anterior se suma que un 5% prefirió no responder.
Otro dato que se consultó fue si ¿Le ha solicitado un soborno a un oficial del gobierno? A lo que un contundente 9 de cada 10 dijo que no, mientras tan solo un 2% respondió afirmativamente.
“En el último año, ha habido mucha retórica conduciendo a generar brechas de clase en el país. Los líderes de los sindicatos y otros han hablado de forma negativa sobre los ‘adinerados’ y entonces no extraña que opinan cuatro de cada cinco que en los tribunales se da un trato preferencial a las personas con recursos económicos.
Es una minoría pequeña que cree que la justicia se administra a todos de forma igual. Una posición interesante para los Tribunales de Justicia, quienes deben asegurar y generar confianza que hay equidad en la administración de la justicia.
“Muy pocos manifiestan que un oficial les ha solicitado un soborno en los cuatro meses últimos. No obstante, un 8 por ciento dice que ‘siempre’ o ‘a veces’ es justificable pagar una propina por un servicio de un empleado público”, señala el estudio.
IDEA GENERALIZADA
PERO NO DEMOSTRADA
Consultado por este medio, Sergio Araya, reconocido experto en materia política, dijo que si bien los datos hay que analizarlos a profundidad, llama la atención que muchas veces la gente manifiesta algo sin tener la certeza de qué sucede en realidad.
“Entre la gente siempre está esa famosa percepción ciudadana de que efectivamente la justicia no es equitativa ni es igualitaria, que esa idea de que todas las personas tenemos los mismos derechos y los mismos deberes y que somos iguales ante la ley es solamente una expresión hueca, carente de contenido real y esto eso se apoya muchas veces en percepciones porque tampoco se basan en una estadística rigurosa, objetiva que permita con datos duros confirmar esa percepción”, opinó el experto.
Agregó: “Sin que se tome a mal lo que voy a señalar, pero a veces las personas tenemos una suerte de falta de educación cívica, es decir la gente tiene una idea de la democracia bastante simplista, creen que democracia consiste en ir a votar, cuando sabemos que si bien el ejercicio del sufragio es muy importante, el concepto de democracia es mucho más de que eso, pero a partir de ahí uno ve como la gente se aproxima o se vincula con el término, pero deja entrever un desconocimiento importante con lo que es la democracia, cómo funciona, su marco institucional, entre otros factores”.
Para seguir con el ejemplo sobre desconocimiento y percepciones, Araya trajo a colación que muchos desconocen la jerarquía de las normas.
“Por ejemplo, muchos no saben el orden entre las leyes, los decretos, la Constitución o tratados internacionales. Miden todo igual, para muchos todo forma parte de lo mismo, es decir sin entender por ejemplo que la Constitución Política está primero, los tratados internacionales están de segundo, que luego vienen las leyes, que luego vienen los decretos y que por lo tanto una ley no puede contravenir un tratado al que ya Costa Rica se ha incorporado. Eso deja a todas luces que mucha gente opina sin saber, o conocer.
Muchas veces esos vacíos se llenan a punta de prejuicios, a punta de desinformaciones, de verdades a medias, son caldo de cultivos para las fakenews, entonces de tanto repetir una mentira se vuelve verdad. Con esto no quiero decir que realmente sí habrá algún juez que emitió una sentencia a favor de alguien que era culpable porque ese alguien tenía poder económico, pero tampoco se puede generalizar”, profundizó Araya.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Martes 15 Octubre, 2019
HORA: 12:00 AM
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