Este lunes en sesión extraordinaria 36 diputados le dieron el segundo debate al expediente 21.426, iniciativa que propuso el gobierno para evitar la quiebra de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Esta propuesta incluye el aval para despedir a los funcionarios de la institución que no encajan en el nuevo modelo de negocio que se pretende implementar en esta empresa pública.
Seis legisladores votaron en contra el proyecto, ellos son los socialcristianos Pedro Muñoz y Shirley Díaz, los independientes Marulin Azofeifa, Nidia Céspedes y Erick Rodríguez, el frenteamplista José María Villalta del Frente Amplio y el restauracionista Giovanni Gómez.
La votación se llevó a cabo después de que la Sala Constitucional resolvió una consulta facultativa de 10 congresistas que refutaron una moción que se incluyó al proyecto, la cual otorga plazo de un mes a los trabajadores para que se acojan a alguno de las tres opciones disponibles: prejubilación, movilidad laboral o compensación por despido.
Si bien los magistrados no señalaron vicios de inconstitucionalidad en este aspecto, sí dejaron claro que a los 1.186 funcionarios de Japdeva se les debe respetar los derechos salariales y los alcances de la convención colectiva. Además determinaron que un porcentaje de ellos entra en una categoría de empleados públicos y a otros los cobija el derecho común.
Villalta explicó que el voto de la Sala deja claro que existe un procedimiento que la administración debe seguir, que no es nada más llegar y despedir.
“Deberán realizar estudios técnicos para determinar a quiénes dejan y quiénes no. En el caso de los trabajadores de un régimen laboral común se deberán respetar las reglas de la convención colectiva, que establece un procedimiento para una reestructuración, lo que producirá una batalla legal y un estira y encoge que puede tener un costo mucho mayor, producto de decisiones ilegales del gobierno que dejaron a Japdeva sin carga, incumpliendo el propio contrato de concesión”, explicó.
RECURSOS
El Congreso aprobó en presupuestos extraordinarios ¢5.700 millones para pagar los salarios de los trabajadores hasta fin de año y luego ¢17.896 millones para cubrir el despido y la creación del régimen prejubilatorio.
Japdeva cerró 2018 con un déficit de ¢3.400 millones. Sus ingresos son de ¢800 millones, pero sus gastos superan los ¢2.500 millones.
Para financiar el nuevo enfoque de trabajo de Japdeva el proyecto establece la posibilidad de que las instituciones del sector público no financiero puedan hacer traslados de sus superávits con el fin de cubrir las necesidades hasta 2023.
Se establece una restricción de más de ¢10.000 millones de traslado, pero esto no será un regalo para Japdeva, ya que gracias a una moción del socialcristiano Masís, la institución deberá devolver los recursos en un plazo de 20 años con 5 años de gracia mientras consolida sus nuevas actividades.
De acuerdo con el PAC, Japdeva debe supervisar las operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín, impulsar y dar seguimiento a los proyectos productivos que van a impactar a Limón durante los siguientes 30 años con los recursos que genera el pago del canon de la TCM, implementar nuevos negocios en el área de cruceros y manejo de carga, entre otras tareas.
OPCIONES PARA LOS TRABAJADORES
•Traslado horizontal a otras instituciones, siempre que cumplan los requisitos que estas indiquen.
•Compensación: recibir un incentivo de 8 mensualidades del salario promedio de los últimos 6 meses (si gana menos de ¢1 millón) y de 4 mensualidades si gana más de ¢1 millón si decide renunciar.
•Acogerse a la prejubilación, que se otorga a funcionarios mayores de 55 años con 25 años cotizando para la CCSS. En esa condición estarían 276.
CONGRESISTAS REACCIONAN
•Nielsen Pérez
PAC
“Para el país y para Limón Japdeva es importante. Seguirá siendo la autoridad portuaria y seguirá realizando una función fiscalizadora y de seguimiento e implementación de desarrollos de proyectos para el cantón”.
•David Gourzong
PLN
“Como diputado de la provincia de Limón quiero dejar claro que lo discutido aquí debió aprobarse desde la administración anterior. La entrada de operación de APM estaba prevista y el gobierno del PAC no tuvo empacho en no hacer nada en Limón. Es responsable de esta afectación a la población de limonense”.
•Erwen Masís
PUSC
“A algunos compañeros les hubiera gustado cerrar Japdeva y a otros seguir alcahueteando, pero la gran mayoría lo que hicimos fue dar una oportunidad a esta institución para que pueda reinventarse. Vendrá un periodo complicado porque al menos 800 personas desafortunadamente se quedarán sin empleo en esa institución y el gobierno tendrá una responsabilidad con esa región y esas personas”.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Martes 15 Octubre, 2019
HORA: 12:00 AM
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