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Opinión

¿Por qué nos oponemos a la supervisión totalitaria?

Elián Villegas Valverde*

El Estado costarricense ha iniciado un proceso de ingreso con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el objetivo de alcanzar las mejores prácticas en políticas públicas y reformas legales que mejoren el bienestar social.

A propósito de ese ingreso, el Consejo Nacional de Supervisión preparó tres proyectos de ley: el primero, pretende aumentar la contribución obligatoria que tienen los sujetos supervisados y brinda como beneficio para los trabajadores de las superintendencias, que en caso de una demanda judicial reciban defensa legal; el segundo, pretende lograr una supervisión consolidada de los grupos y conglomerados financieros; y finalmente, un proyecto de protección al consumidor financiero. 

En general, los proyectos se caracterizan porque la Asamblea Legislativa delega o firma una carta en blanco a favor del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, para que sea este el que pueda establecer o modificar a su antojo las reglas del sector financiero.

Hemos revisado los documentos y nos causan una gran preocupación. Analizadas las propuestas en forma conjunta, se concluye un esfuerzo sistemático por controlar y coadministrar el sistema financiero, con un gran poder en manos de las superintendencias, pero sin responsabilidad por su gestión, es un esfuerzo de llevar adelante una supervisión totalitaria. 

En la realidad, es un mecanismo que evade el control parlamentario de la aprobación de la ley y además el control de legalidad, ya que en caso de que exista una norma reglamentaria abusiva, el Juez no podrá contrastarla con la norma de rango legal. En términos sencillos, las normas que dicte el supervisor estarán escritas en piedra, pues ni un Juez podrá controlar su legalidad.

De aprobarse los proyectos, las Superintendencias tendrían la posibilidad de intervenir en la estructura de la empresa, su modelo de gestión, la gobernabilidad de los productos, la estrategia del negocio, la elección y destitución de su personal, entre otras intromisiones.

Los textos propuestos constituyen una grosera amenaza a la libertad de empresa, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia, y de aprobarse acabará en un llamado “sector financiero coadministrado”.

Si el Consejo Nacional de Supervisión propone que, a través de las superintendencias, ellos van a asumir la efectiva dirección de los temas que definen las reglas del juego del sector financiero, la consecuencia lógica es que debería de tener como contrapartida necesaria, una ineludible acentuación de su responsabilidad, cuando por acción u omisión se equivoque, o, lo que es peor, obligue a equivocarse a los agentes económicos.

Lamentablemente, la técnica legislativa propuesta por el Conassif consiste en establecer reglas de supervisión excesivas, y establecer el conjunto de infracciones y sanciones de los sujetos privados que no acaten, o que incumplan las directrices del poder público, o sencillamente se equivoquen. Y luego, si por acción u omisión, el Supervisor induce a error a los operadores, aun cuando quede claro el nexo causal entre el daño económico de acatar sus directrices (o su falta de directriz), pretenden actuar, se lava las manos, a través de una cláusula legal, claramente inconstitucional, en la que se sugiere que la administración no responde de los daños derivados del ejercicio -o de la falta de ejercicio-, de sus potestades de supervisión.

El debate sobre los poderes que se está proponiendo otorgar a las superintendencias merece ser analizado de forma reposada, responsable y en búsqueda de un equilibrio entre la libertad de empresa y la protección del consumidor financiero.

Tenemos que proponer una reingeniería del modelo propuesto por el Consejo Nacional de Supervisión. Debemos aprovechar la oportunidad de valernos de las mejores prácticas mundiales en materia de control y ordenación del sector financiero, comenzando por revisar la compleja estructura y costos del sistema de supervisión costarricense, el cual debe ser urgentemente simplificado.

Comencemos por hacer un diagnóstico de la normativa vigente, identificando mediante investigaciones las reformas que en realidad se deben implementar, antes de abrir el debate sobre una estrategia que consiste en que el Supervisor intervenga en forma grosera en el giro propio del negocio.

 

*Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS)

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Miércoles 09 Octubre, 2019

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