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Nacionales

Representante legal de Popeyes podría ir a la cárcel

CCSS lleva cinco procesos por retención indebida de cuotas

  • Los restaurantes Popeyes lucen abandonados, según comprobó DIARIO EXTRA

Tras conocerse el cierre de los restaurantes Popeyes, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no se quedará de brazos cruzados.

José Eduardo Rojas, jefe del área Control Morosidad, indicó a DIARIO EXTRA que cuando una empresa cierra se mantiene el cobro a la personería jurídica y si esta desaparece pueden presentar una denuncia penal contra el representante legal. 

A su llegada al país esta figura recaía sobre Miguel Hernández, quien hoy estaría vinculado a otros negocios de comida rápida, incluyendo Ready Pizza.

“La CCSS continúa con los procesos de cobro, sobre todo en la vía judicial, tanto el proceso monitorio como el de retención indebida por el no pago de las cuotas obreras”, declaró. 

En el Seguro Social registran seis procesos judiciales de cobro y cinco de retención indebida relacionados con Popeyes. Rojas explicó que se trata de varias sociedades, que arrastran deudas desde 2014. 

“El patrono está obligado a pagar. Las cuotas obrero patronales son contribuciones de carácter obligatorio; es decir, desde el momento que una empresa se constituye como patrono está en la obligación pagar a las CCSS”, explicó.

Desde el punto de vista legal, la Caja reclama la deuda en vía judicial y en caso de no pago de las cuotas obreras se realiza la denuncia por retención indebida.

El anterior es un delito que tiene como consecuencia para el representante legal una pena de prisión que puede oscilar entre 2 meses y 10 años, según lo establecido en el artículo 216 del Código Penal.

Rojas añadió que la retención indebida se presenta cuando el patrono no paga a la CCSS las cuotas obreras que ha rebajado a sus trabajadores. 

“Las denuncias interpuestas por retención indebida son de las sociedades del grupo de empresas con responsabilidad solidaria”, expresó. 

Rojas también aclaró que en caso de que la empresa quiera abrir nuevos restaurantes con otra sociedad, la CCSS le cobra a la nueva sociedad en forma solidaria.

Lo anterior de conformidad con los artículos 30 y 51 de la Ley Constitutiva de la CCSS, los cuales establecen que en caso de traspaso, arrendamiento de cualquier índole o ser parte de un grupo de interés económico responderán solidariamente ante la Caja.

El Diario del Pueblo en varias oportunidades intentó comunicarse con Hernández, pero no ha sido posible, pues parece que a menudo cambia de número telefónico. 

La deuda que enfrenta solo una de las cédulas jurídicas relacionadas con Popeyes ronda los ¢158 millones, además está morosa con Tributación.

PERIODISTA: María Siu Lanzas

CRÉDITOS: Foto: Isaac Villalta

EMAIL: [email protected]

Sábado 21 Septiembre, 2019

HORA: 12:00 AM

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