Derecho de respuesta
Dr. Erick Núñez Rodríguez*
Después de la publicación hecha por DIARIO EXTRA el martes 17 de setiembre de 2019 bajo el título “Defensa Pública se sacude críticas” se aclara que en cuanto a la licenciada Elizabeth Fernández Monge y la licenciada Seyla Meza Pérez, ambas son funcionarias con más de veinte años de servicio y ninguna de ellas fue nombrada por la actual Jefatura.
En el caso de la licenciada Meza Pérez cuenta con propiedad desde el año 1994 y la licenciada Fernández Monge desde el año 1999. Además, se debe aclarar que ambas se encuentran ubicadas en las mismas plazas en las que se han desempeñado desde mucho tiempo atrás, incluso, antes que la actual Jefatura asumiera el cargo, a saber, doña Elizabeth está nombrada en su puesto desde el año 2005 y doña Seyla está en su cargo desde el año 2015. Por otra parte, conforme a la actual estructura organizacional de la Defensa Pública, entre ambas Defensoras Públicas y la Jefatura existen al menos tres niveles jerárquicos (coordinador de oficina, coordinador de materia especial, supervisor de materia especial y supervisor nacional en materia penal) que son los que se encargan de coordinar las labores de evaluación de su desempeño, con lo cual se garantiza la transparencia y objetividad del proceso.
También, se debe dejar claro que, a pesar del vínculo existente, estas funcionarias no solo nunca se han visto favorecidas de ninguna manera durante nuestra gestión, sino que, para garantizar la probidad en nuestras acciones, la M.Sc. Montero Montero en cualquier gestión relacionada con estas profesionales, se inhibe de su conocimiento, a fin de evitar conflictos de interés.
En cuanto a la relación del Dr. Erick Núñez Rodríguez con la Dra. Patricia Vargas González, su relación matrimonial inició en el año 2000 y es hasta el año 2017 que en Sesión de Corte Plena, 47-2017 del 4 de diciembre de 2017, artículo XV, se nombra al Dr. Núñez Rodríguez como Subjefe interino de la Defensa Pública y no es sino hasta julio del 2018 que la Dra. Vargas González concursó para el puesto de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia y ello lo ha hecho, en atención a sus atestados académicos y experiencia profesional. Lo cual, conforme el principio de acceso a los cargos públicos es un Derecho de todo ciudadano costarricense que cumpla con los requisitos exigidos por la Ley y el Poder Legislativo.
Por último, hay que dejar claro que en la Defensa Pública todos los nombramientos se hacen con total objetividad y apego a la normativa aplicable y nunca se ha sobrepuesto un interés personal al institucional, ni al buen servicio público. Concretamente, sobre el nombramiento de la Licenciada Sandra Mora Venegas como supervisora en materia de Pensiones Alimentarias y no penal, como erróneamente se indica en la nota, su nombramiento al igual que se hace con todos los funcionarios de la institución se sustentó en su capacidad profesional, atestados académicos, experiencia e idoneidad para el puesto.
*Sub Jefe a.i. de la Defensa Pública
