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Opinión

Crónica de un incendio anunciado

Gloria Bejarano Almada / Tinta con Sentido

Como si se tratara de la crónica de un incendio anunciado, un cortocircuito acabó, nuevamente, con la tranquilidad de cientos de personas que, en minutos, vieron cómo el fuego consumió sus humildes viviendas, les arrebató sus pertenencias y les robó tanto la paz como la seguridad que da tener un techo donde proteger a su familia.

Hace diez años, en los mismos predios, se dio un incendio similar y las autoridades reconocen que el acceso, a pesar de que en esta oportunidad la luz de día estuvo a su favor, sigue siendo difícil por lo angosto de las calles; porque el suministro de agua es escaso, por no decir que nulo, cuando de agua potable se trata; porque los materiales de construcción son inapropiados y altamente inflamables; porque el tendido eléctrico está comprometido por la cantidad de tomas clandestinas; en fin, porque la condiciones de riesgo y peligro siguen siendo las mismas de hace 10 años.

La celeridad con la que el fuego arrasó más de 40 viviendas a pesar del extraordinario trabajo que realizó el Benemérito Cuerpo de Bomberos, apoyado por los oficiales de la Fuerza Pública, nos habla de la precaria situación en la que viven miles de personas en nuestro país, en El Pochote y al menos 10 precarios más. 

Los medios de comunicación nos hicieron ser testigos del dolor que enfrentan hoy cientos de familias que denuncian cómo, en repetidas oportunidades, han recurrido a las autoridades para señalar la falta de servicios básicos como agua y la atención al tendido eléctrico.

Muchos dirán que el problema es que los habitantes de esas zonas invaden tierras que no han sido debidamente urbanizadas, y tal vez tengan razón, pero la verdad es que, aun cuando existen entidades creadas desde 1940 para atender las necesidades de vivienda de los más necesitados, cada vez les es más difícil a las familias acceder a un bono de vivienda. Por ello construyen donde pueden: en las orillas de los ríos, en las barrancas, en lugares insalubres e inapropiados, donde no hay agua entubada y hay que robar la luz del cable más cercano. Los requisitos y los trámites, como en muchos otros programas y servicios del Estado, cada vez son más difíciles de cumplir por parte de los ciudadanos que van de una ventanilla a otra llenando papeles y cumpliendo exigencias que en muchas oportunidades carecen de sentido, como exigir que tengan un terreno para poderles tramitar un bono de vivienda, sabiendo que no tienen nada.

El Fondo de Desarrollo Social de Asignaciones Familiares cuenta con un multimillonario fondo para cubrir las necesidades de vivienda de los más necesitados. El Fondo de Asignaciones Familiares se nutre de un porcentaje de las planillas que aportan los patronos y otro tanto que se toma del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Ambos son suficientes para poder entregar anualmente al menos unos 15 mil Bonos Gratuitos de Vivienda, tal y como se hizo entre 1990 y 1994.

El problema en los últimos años no ha sido la falta de recaudación o que los recursos hayan sido desviados. El problema ha sido la incapacidad de las instituciones para construir proyectos de vivienda que puedan satisfacer la demanda de miles de familias que aspiran a un hogar y para quienes los programas de vivienda del Estado son la única opción real de acceder a un techo digno.

La construcción de nuevos proyectos habitacionales, por parte de las instancias gubernamentales, adolece de la misma tramitología que afecta la compra de medicamentos en la Caja o la concesión de obra pública. El país está paralizado y difícilmente ningún gobierno va a poder llenar las expectativas de los ciudadanos, mientras no se haga una revisión de los requerimientos para realizar cualquier trámite en el cual el gobierno central, las municipalidades o las instituciones tengan parte. 

La falta de sentido común es más común de lo que quisiéramos, al menos así lo percibimos quienes estamos de este lado de la ventanilla. Da la impresión de que antes de agregar una nueva disposición no se hace un recuento de las que están vigentes y, de no ser así, pareciera que priva el criterio de que, entre más complicado el trámite, más difícil es que haya corrupción, cuando precisamente el exceso de trabas propicia el soborno.

El incendio en Barrio Cuba, el siniestro ocurrido hace unas pocas semanas en La Carpio y otras muchas situaciones de emergencia en las que el común denominador son las condiciones de alto riesgo en que se encuentran las viviendas, deben ser atendidas con urgencia, pero sobre todo se debe poner en marcha la construcción de proyectos de vivienda popular para reubicar a las familias antes de que ocurra una nueva tragedia.

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Sábado 21 Septiembre, 2019

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