María de los Ángeles Díaz Pacheco tiene 42 años de vivir en las cercanías de la rotonda de las Garantías Sociales, específicamente en unos terrenos que se localizan contiguos al Radio Club de Costa Rica.
Sin embargo enfrenta una fuerte disputa con el Estado, propiamente con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por la propiedad en que habita.
Alega que dichos terrenos se usarían para la construcción del paso a desnivel que en la actualidad se ejecuta en esa zona de Zapote, aunque dijo que en los últimos días se escuchó que alguien quiere comprar para fines comerciales.
La mujer es una adulta mayor de 65 años y según relató su futuro es aún incierto en cuanto al desarrollo de las obras viales.
Ella aduce que meses atrás les notificaron el requerimiento de esa parte para continuar las labores de infraestructura que se ejecutan en la ciudad capital.
Díaz conversó con DIARIO EXTRA, relató la zozobra que enfrentan ella y su familia porque no tienen dónde vivir en caso de que el desalojo se concrete como lo han estado esperando.
La abuela narró que hace aproximadamente 30 años, como parte de unas obras viales que se hicieron en aquel entonces, le botaron la mitad de la casa. Pese a ello, no la lograron desalojar completamente.
SUBSIDIO
La adulta mayor dijo que le sugirieron acudir al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para evaluar y analizar su futuro, pero lo único que le ofrecen es un alquiler por tres meses y después deberá ver a dónde tiene que radicarse, situación que le causa mucho estrés.
Enfatizó que son 42 años de vivir ahí, que los van a tirar por la borda, lo que hace que esta situación le duela considerablemente.
Consultada sobre si tiene dónde ir o si cuenta con algún sitio para tener una vida mejor, con ojos visiblemente llorosos lo descartó. Incluso reza todas las noches en el portal que está en su hogar para que no los desalojen.
“No tengo ni un cinco. Como usted puede ver el año pasado puse el portal porque como pesa tanto y se me encojen los dedos aquí vengo a rezar todas las noches para que nos ayuden porque yo soy muy creyente.
Soy una persona que me tengo que inyectar insulina, padezco de presión alta. Yo compro muchos chances y lotería, espero que Dios me depare y de una vez me voy, pero definitivamente ellos (familia) viven de un sueldito mísero y ahí nos ayudamos”, relató.
Díaz le pidió al MOPT un poco de conciencia sobre la situación que están enfrentando y que se pongan la mano en el corazón.
INCONSISTENCIAS
Alberto Chacón, abogado de la anciana, agregó que el caso debió llevarse al Tribunal Contencioso Administrativo porque existían varias inconsistencias y errores.
Chacón dijo que cuando se llegó a solicitar la inscripción, el Contencioso pidió que un procurador de la República se presentara. Este no investigó que cuando el Estado reclamó la propiedad, la señora contaba con varios años de estar viviendo ahí.
Aseguró que por el principio "primero en tiempo, primero en derecho" la propiedad se registraría a nombre de ella. La zona no era del Estado, sino que estaba a nombre de Benilda Zúñiga Mora.
Acotó que con la señora se está cometiendo una gran injusticia para sacarla del terreno, pero que llama poderosamente la atención que si el Estado tiene todas las herramientas no lograron conseguir la firma de muchos vecinos para que pase la carretera.
El abogado acusó que las mismas ingenieras de la empresa Meco instan a la señora que debe retirarse del lugar cuanto antes, pero nadie les da las explicaciones sobre las obras que se pretenden realizar.
SIN RESPUESTA
Consultados sobre el tipo de contacto que sostuvieron con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el abogado manifestó que se presentó una revocatoria con apelación en subsidio a la institución.
Agregó que el Departamento de Demoliciones les contestó la nota, pero cuando fue a preguntar por la apelación no había sido pasada después de seis meses a la oficina del ministro Rodolfo Méndez Mata.
Al preguntarle a la secretaria sobre el tema, dijo que comenzaron a revisar y no había absolutamente nada, por lo cual denunció un desacato a la autoridad.
"En la auditoría presenté una nota en la que se elevaba el caso y preguntaba por qué no había llegado a la oficina del ministro.
La auditoría pidió que se investigara a los funcionarios.
Respuesta después de seis meses no hemos tenido y resulta que eso es violatorio de los artículos 6 de la Ley 8.220, que es una ley constitucional que es la de protección al ciudadano, y de la Ley 9.097 del Acceso a la Información, donde se señala que la respuesta debe estar dentro de los 10 días hábiles siguientes", señaló.
Adujo que al haber un desacato se debe establecer una multa del 5% sobre el salario mínimo al funcionario que no contestó y en este caso sería don Rodolfo.
DIARIO EXTRA acudió a Rodolfo Méndez, quien dijo desconocer el caso al cual se le citó.
“Se hizo la preingeniería, se está trabajando, no hay que yo conozca una interrupción de trabajos por derechos de vía, y si usted va ahí, la gente está trabajando”, manifestó de forma escueta.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Fotos: Jesús Ramírez
EMAIL: [email protected]
Martes 17 Septiembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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