Jueves 27, Febrero 2020

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° San José, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Alajuela, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Cartago, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Heredia, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Limón, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Guanacaste, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Puntarenas, CR


Sucesos

Justicia desconoce paradero de 596 reos

Pierde más de ¢2.635 millones en tobilleras

  • En total se han invertido ¢2.635 millones que prácticamente terminan en la basura

  • Documento al cual tuvo acceso DIARIO EXTRA, donde se expresa que no hay monitoreo de 596 reos

 

 

 

DIARIO EXTRA tuvo acceso a información donde se le señala a Marcia González Aguiluz, ministra de Justicia y Paz, que hay 596 personas con dispositivos electrónicos (tobilleras) las cuales no son monitoreadas por la cartera.
Además el escrito aduce que lo anterior significa una erogación económica mensual de $303.960 (¢175.688.880).
Lo anterior se explica en el documento GER-592 2019, fechado 10 de setiembre del 2019, emitido por el Ing. Édgar Allan Benavides Vílchez, gerente general de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), a la ministra González.
“Me dirijo a usted con sumo respeto y con una gravísima preocupación en torno a los datos que el personal técnico que opera nuestro centro de monitoreo (NOC, por sus siglas en inglés) -el cual vela por la salud y el correcto estado de los sistemas asociados a la solución brindada por la ESPH S.A.-, que ha identificado en lo que respecta a dispositivos que se han colocado a beneficiarios pero que no se encuentran con la posibilidad de ser monitoreados dentro de la plataforma.
Lo anterior debido a razones meramente operativas; es decir, que son responsabilidad directa de quienes atienden y operan el centro de monitoreo del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), responsable directo de velar por el correcto monitoreo de las personas que poseen dispositivo electrónico”, expresa el documento.
El gerente general de la ESPH le indica a la ministra que estas personas que portan la tobillera electrónica no son rastreadas por la Unidad de Monitoreo que el MJP tiene para tal fin, no obstante, el jerarca no adentra en explicaciones, pero más adelante en la carta explica:
“Al día de hoy existen 596 personas con dispositivos electrónicos que no están siendo monitoreadas (algunas incluso con periodos sin conexión de hasta un año), de los cuales 430 casos corresponden a dispositivos que no tienen carga y por otro lado se tienen 166 dispositivos que registran carga pero que no tienen comunicación debido a problemas con la cobertura de las redes móviles.
La situación descrita resulta sumamente preocupante, así como otras deficiencias de índole operativo y administrativo en que ha venido incurriendo el MJP; las cuales han sido puestas en su conocimiento -de forma reiterada- a través de sendos oficios al equipo encargado del proyecto desde junio del 2018 e incluso a su persona en diversas ocasiones”.

MÁS DE UN AÑO

De acuerdo con el texto, González Aguiluz tiene conocimiento de lo que ocurre desde junio del 2018, casi 15 meses completos, y no se ha preocupado por corregir el problema.
La titular oculta la información pese al riesgo social, sabiendo que entre estos portadores de tobillera hay quienes han cometido delitos de toda naturaleza y andan por la libre en comunidades con toda la facilidad para delinquir.
Para colmo de males el propio protocolo de vigilancia exige que, si esos individuos no son localizables, de inmediato se emite una alerta del sistema y este a su vez al Ministerio de Seguridad Pública para que se envíe a los policías a corroborar qué sucedió, sin embargo eso nunca ocurrió en estos 596 casos.

$4 MILLONES MAL INVERTIDOS

Estos 596 casos cuestan $303.960 (¢175.688.880) mensuales y todo ocurre desde junio del 2018, es decir se cumplirán 15 meses el próximo 18 de setiembre.
Si multiplicamos $303.960 por 15 nos arroja una cifra de $4.559.400 (¢2.635 millones), cifra más que escandalosa considerando que quien debe salvaguardar los intereses económicos, según lo ha dicho el presidente Carlos Alvarado en tiempos de austeridad, es González Aguiluz, situación que pareciera despreocuparle a la señora ministra.

DELITOS

El Periódico de Más Venta en Costa Rica conversó con el Lic. Joseph Rivera, abogado especialista en Derecho Penal, quien acotó que efectivamente “podría la señora ministra incurrir en el delito de omisión impropia, que según la teoría de las fuentes materiales la señora González junto con sus funcionarios debe velar para que no se dé un riesgo a la seguridad nacional porque están administrando una fuente de peligro.
También podría incurrir en un delito de incumplimiento de deberes que señala el artículo 339 del Código Penal, que será reprimido con pena de 1 a 4 años de inhabilitación en el cargo de función pública al que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función”.
Estos señalamientos que la ESPH hace a la ministra no son nuevos, pues en junio anterior hubo un desabastecimiento provocado por la mala praxis de MJP, según dijeron en la empresa herediana.
Igualmente ocurrió hace un par de semanas, cuando un error de producción en la empresa Geosatis provocó que la ESPH le hiciera ver a Justicia lo ocurrido porque probablemente se daría un nuevo desabastecimiento, ya que muchas veces el Ministerio solicita reemplazo de dispositivos sin una revisión técnica previa, debiendo la compañía herediana rellenar el faltante.

 

 

 

PERIODISTA: Alexander Méndez

EMAIL: [email protected]

Lunes 16 Septiembre, 2019

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA