El incremento en el decomiso de teléfonos celulares y sus accesorios encienden las luces de alerta para las autoridades penitenciarias, luego de los constantes trabajos de inteligencia y allanamientos que realizan.
Nils Ching, subdirector de la Policía Penitenciaria, manifestó que no van a bajar la guardia con las inspecciones que se hacen a funcionarios y público en general.
“En relación con funcionarios institucionales que se les ha hecho el debido proceso por estar involucrados en el ingreso de teléfonos celulares a centros penales tenemos desde el 2016 a la fecha, 77 procesos administrativos instaurados.
De estos, 17 han resultados despedidos, 30 de ellos han sido suspendidos y en lo que va del año llevamos una treintena de procedimientos a servidores. Seguiremos con mano dura e intolerancia para quienes se vean involucrados y dañen la imagen institucional”, aseguró.
En días pasados, un funcionario de mantenimiento fue detenido con 10 celulares ocultos entre sus herramientas, lo cual se logró gracias a informes de inteligencia policial.
De las 77 personas a quienes se les abrió investigación, 52 laboraban para la Policía Penitenciaria.
Lorena Ortega, jefa del Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Justicia y Paz, indicó que en promedio cada investigación puede demandar entre dos y cuatro meses.
“El ingreso de celulares a los centros penitenciarios no es permitido debido al riesgo de comercialización. En el caso de los funcionarios, en muchos casos la carga probatoria no permite concluir la existencia de complicidad para la comisión de un delito.
Cuando se demuestra un dolo, se procede con el despido”, comentó la jurista.
Ortega recordó el caso de funcionarios que por error se llevaron entre sus pertenencias un cable USB o un chip.
“En todos los casos hay que abrir un debido proceso. Si queda en evidencia que obedeció a un descuido, igual se abre una investigación y si es del caso, se sanciona como una falta laboral sin dolo”, enfatizó.
Por eso se aplican suspensiones que van de 1 a 30 días, en el caso de los policías penitenciarios, y de 1 a 15 días en el caso de otros funcionarios administrativos.
