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Nacionales

Ministra de Hacienda engaña a Sala IV

Para aprobación del plan fiscal, denuncian gremios

  • Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, cambió de criterio sobre la afectación de la ley fiscal al Poder Judicial. (Foto: Archivo)

  • Esta es la carta que Aguilar envió a los magistrados con fecha 16 de octubre de 2018

Para los gremios del Poder Judicial, diputados y el líder sindical Albino Vargas la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, manipuló a los magistrados de la Sala IV para lograr la aprobación de la reforma fiscal en segundo debate en la Asamblea Legislativa.

Cuestionan el cambio radical de opinión de la jerarca cuando en octubre de 2018, mediante una carta que envió a todos los altos jueces de la Corte, enfatizó que el proyecto 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no eliminaba la potestad del Poder Judicial en el tema de remuneraciones. 

Pero ahora aplica un recorte de ¢2.500 millones a este poder de la República, como “castigo” por no ajustarse a las directrices de la reforma fiscal.

“El Ministerio de Hacienda informó que ante la decisión del Poder Judicial de no aplicar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley No.9635) en materia de remuneraciones, el Ejecutivo excluyó ¢2.543 millones del proyecto de presupuesto 2020 de este Poder de la República”, indica el comunicado oficial que se dio a conocer el martes.

En aquel momento, 16 de octubre de 2018, en su carta Aguilar dijo de forma textual: “En cuanto a la posibilidad de que el proyecto afecte la independencia del Poder Judicial al regular la aplicación de determinados pluses, quisiera señalar de manera respetuosa que el proyecto no afecta o elimina la potestad del Poder Judicial de modificar su escala salarial o modificar los salarios bases.

De modo que si el Poder Judicial considerara que es necesario aumentar el salario de algún funcionario, tiene toda la potestad y autonomía para hacerlo. Particularmente, si el Poder Judicial considera que ante la regulación de la dedicación exclusiva o las anualidades es necesario incrementar el salario de algún funcionario, puede hacerlo al amparo de su independencia en materia salarial”.

Para el momento en que se presentó este documento, la Corte Plena por mayoría acordaba que el proyecto de la reforma fiscal sí afectaba la organización y funcionamiento del Poder Judicial y su independencia.

Esto hacía que la iniciativa requiriera para su aprobación en segundo debate en el plenario, mayoría absoluta, es decir 38 votos, según establece el artículo 167 de la Constitución Política.

El primer debate del proyecto se aprobó el 5 de octubre con el voto de 35 legisladores a favor y 22 en contra.

 

PESO IMPORTANTE

 

La carta de Aguilar tuvo un peso significativo en la decisión que la Sala Constitucional tomó el 23 de noviembre, cuando resolvió que la reforma fiscal no requería 38 votos para su segundo debate.

Así lo cree Rodrigo Campos, director jurídico de la Corte Plena al afirmar: “Lo comunicado recientemente no es compatible en su esencia y razonamiento con la comunicación que en el año 2018 hizo la señora ministra a la Corte, fundamentación que parcialmente dio base al voto 19511-2018 de la Sala Constitucional”.

Para Jorge Morales, secretario general del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), justo en el momento previo a la aprobación del proyecto Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la ministra hizo una manifestación clara y contundente que esa normativa no afectaba la posibilidad del Poder Judicial de definir su régimen salarial, siendo este el principal motivo para los magistrados de interpretar que había una afectación directa y por lo tanto requería los 38 votos, que en ese momento no estaban seguros en el plenario.

“Ella salió a expresar que no había esa afectación al Poder Judicial y precisamente la Sala IV asumió ese argumento para indicar que el proyecto no requería votación calificada, pero ahora viene, cambia el discurso y dice que los empleados actuales sí deben ajustarse a esa reforma. Es decir, ante la verdad que ahora nos dice doña Rocío quiere decir que la ley se aprobó de forma ilegal porque sí requería 38 votos”, indicó Morales.

Álvaro Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), recuerda que la carta la firmó la ministra de Hacienda.

“¿Quién más podía opinar en ese contexto? Era ella la jerarca de la institución. ¿Qué más peso se puede pedir? Y la dirige a todos los magistrados. Después de ella solo el presidente”, manifestó.

“Es preocupante el actuar de la ministra y lo que busca es causar daño, perjudicar a los funcionarios públicos a costa de todo. Recordemos de dónde viene ella, relacionada con Aldesa, vinculada con este grupo de personas de gran poder económico, que no son amigos de pagar impuestos y pretenden que los trabajadores y funcionarios públicos carguen con toda la carga tributaria del Estado”, denunció Luis Bonilla Guzmán, secretario general del Sindicato del Ministerio Público (Simipu). 

Para el líder sindical Albino Vargas se demuestra que dicha misiva era demagógica y manipuladora.

“Es una carta con la perversa intención de inducir el fallo de la Sala IV en la dirección que a ella le convenía porque ahí están su firma y su criterio. Da un giro de 180 grados y ahora no solamente debe, sino que cobra y pretende hacer una vendetta política porque la Corte Plena lo que hace es seguir las instrucciones que ella dio en esa carta de octubre”, declaró.

El sindicalista calificó como un “chantaje”la actuación de la titular de Hacienda e incluso cree que analistas en derecho constitucional deberían pronunciarse si Aguilar cometió un delito contra la Constitución arrogándose una soberanía popular que no tiene y no le compete, ni le fue dada en una elección popular.

 

DOBLE DISCURSO

 

De acuerdo con José María Villalta, diputado del Frente Amplio, el gobierno manejó un doble discurso en la aprobación del plan fiscal, pues por un lado dijo que no iba a rebajar el salario de los trabajadores, ni afectar los derechos adquiridos, pero en la carta a los magistrados habla de un margen para la autonomía del Poder Judicial. 

Franggi Nicolás, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), cree que existen groseros vicios constitucionales en la ley aprobada. “Convendría revisar esto nuevamente, incluso ante la Sala IV, para ver si con esta situación nueva podría generar que sea ilegal, aunque ya esté aprobada”, apuntó.

DIARIO EXTRA quiso obtener una reacción de la ministra, pero al cierre de edición no respondió los mensajes que enviamos a su teléfono celular.

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

EMAIL: [email protected]

Viernes 23 Agosto, 2019

HORA: 12:00 AM

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