Diario Extra - Ejecutivo abre puertas a la corrupción

La decisión de recortar ¢2.500 millones al Poder Judicial, la cual tomó la ministra de Hacienda Rocío Aguilar, con el aval del presidente Carlos Alvarado, abre un hueco presupuestario en la lucha contra la corrupción en el país.
¿Qué significan esos recursos y para qué estaban destinados? En marzo anterior los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobaron dar respaldo a un proyecto para dotar de más recursos al combate a la corrupción.
En ese momento acogieron la propuesta de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, donde solicitó fortalecer la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Con esas recomendaciones le estamos haciendo una petición a la Corte de fortalecimiento porque el fenómeno criminal ha aumentado en cantidad y complejidad en materia de corrupción y necesitamos reforzar la estructura de la Fiscalía de Probidad y Transparencia. Además, crear una sección espejo especializada en corrupción en el OIJ, que alimente y trabaje los requerimientos de la Fiscalía en materia de investigación”, explicó en aquel momento la magistrada Nancy Hernández, quien tuvo a su cargo los estudios sobre el tema.
Agregó que el proyecto surgió tras un diagnóstico sobre este flagelo que afecta la confianza en la institucionalidad y que por tratarse de un tema prioritario debe incluirse en el presupuesto.

CASTIGO

No obstante, Hacienda decidió quitar estos recursos al Poder Judicial, aplicando así un “castigo”, cuyo argumento es que este poder de la República no quiere acogerse a la Ley 9635, conocido como reforma fiscal, en materia de pluses salariales.
“El Ministerio de Hacienda informó que ante la decisión del Poder Judicial de no aplicar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) en materia de remuneraciones, el Ejecutivo excluyó ¢2.543 millones del proyecto de presupuesto 2020 de este Poder de la República”, se lee en el comunicado oficial dado a conocer el martes.
Según Hacienda, “a diferencia de los 127 mil funcionarios del Gobierno Central, a quienes ya se les realizó la conversión de estos pluses de montos porcentuales a nominales para evitar el crecimiento exponencial del gasto, los 14 mil trabajadores actuales del Poder Judicial mantendrán el pago de estos pluses en términos porcentuales y con ello el crecimiento del monto asignado a remuneraciones”.
“La ministra Aguilar aseguró que ‘con mucho gusto’, de ser necesario, mediante moción, el Poder Ejecutivo se compromete a reintegrarle los recursos al Poder Judicial en cuanto se ajusten a la Ley”, finalizó el comunicado de Presidencia.
Este jueves, los sindicatos judiciales se reunieron para analizar el tema y calificaron como una “maniobra burda” el actuar de Hacienda.
Creen que hay una medida de presión porque la ministra señala que devolverá los recursos si se ajustan a los requerimientos.

NO INCUMPLEN

Las autoridades judiciales y los gremios insisten en que ellos no están incumpliendo la reforma fiscal.
Recuerdan que el transitorio 25 de la Ley 9635 indica que no se podrán reducir las remuneraciones de los empleados públicos actuales y que se respetarán los derechos adquiridos.
Es decir que la reforma tributaria aplica la nueva normativa en tema de pluses a los nuevos funcionarios que ingresaron a partir de su entrada en vigencia.
Además, la Sala IV en el voto Nº19511-2018 confirmó la independencia presupuestaria y salarial del Poder Judicial.
El artículo 34 de la Constitución Política establece que ninguna ley puede afectar derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas.
“No hay ningún argumento legal para que Hacienda le pida la Corte rebajar los salarios de todos los funcionarios judiciales para ajustarlos a lo que la Ley establece que se regulará a partir de su entrada en vigencia”, comentó Ronald Segura, presidente de la Asociación de Personal del Ministerio Público y Fiscales.
En el caso de la regla fiscal, los gremios afirman que el Poder Judicial no la está desobedeciendo, ya que no están aumentando el presupuesto de la institución.
Es más, para el próximo año lo están reduciendo en más de ¢2.000 millones, por ejemplo, no se van a hacer más nombramientos.

GOLPE A LA INSTITUCIONALIDAD

La decisión del Gobierno es vista, además, como una bofetada a la independencia del Poder Judicial.
“Es una violación flagrante a la división de poderes. La Corte no debe sujetarse a esos requerimientos, es un ataque clarísimo a la independencia judicial”, agregó Segura.
Pero la preocupación principal es que el recorte impedirá las investigaciones de un tema que carcome la sociedad costarricense, como lo es la corrupción.
Según la Contraloría General de la República, que dio a conocer la Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción del 2017, el 85% de los costarricenses considera que hay mucha corrupción en el país.
La corrupción es percibida como el segundo problema de mayor peso para los ticos. Además, un 55% de los proveedores del Estado señala que hay corrupción en el plano de las compras públicas.
Para Jorge Morales, secretario general del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), el recorte que se propone enciende muchas alarmas más aún cuando sobran los casos de corrupción como el cementazo, Hidrotárcoles, La Trocha, entre otros.
“Llama la atención que se presione al Poder Judicial, la motivación para el recorte presupuestario se reconoce como un acto de chantaje, de forzar o mover el brazo a un poder de la República y es un signo muy peligroso en una democracia y es así como se pierden los pesos y contrapesos”, consideró.
“Al que se está golpeando es al pueblo porque cuando se den cuenta que ese recorte lo que permite es que los políticos corruptos sigan con la piñata con los fondos públicos sin que haya capacidad de respuesta del Poder Judicial para perseguirlos, pues ciertamente va a generar una corriente de opinión distinta a lo que han querido provocar, diciendo que se busca proteger privilegios”, agregó Morales.
Adriana Orocú, de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), dijo que “preocupa a la Judicatura la disminuida importancia que tiene para la política pública gubernamental el emprendimiento de una lucha frontal contra la corrupción, tal y como la concibió el legislador y la asume el Poder Judicial. Para ello se requiere de recursos, que ahora son utilizados por Hacienda como moneda de cambio”.
El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, lamentó la decisión de Hacienda que le parece muy peligrosa.
“El gobierno está torpedeando la lucha contra la corrupción y no es casual que hayan escogido justo esa partida coaccionar al Poder Judicial. Ese juzgado especializado es indispensable para perseguir los chorizos del propio Gobierno y hay un claro conflicto de interés”, enfatizó.