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Opinión

Las consecuencias de nuestras decisiones

Marta Acosta Zúñiga*

Escribo estas líneas pensando en quienes deseamos responsablemente un mejor futuro para Costa Rica. Desde la Contraloría General de la República, el panorama de la Hacienda Pública luce claro, y me refiero en concreto al vulnerable estado en que se encuentran las finanzas públicas, así como a las consecuencias para la sociedad costarricense si las decisiones referentes a su sostenibilidad no se abordan con una visión estructural y de largo plazo.

El momento que vivimos es crucial y, en consecuencia, debemos ser responsables no solo con nosotros mismos, sino con las futuras generaciones. Los síntomas de la crisis son muchos: un alto nivel de desempleo, reflejo de una economía desacelerada, desigualdad social creciente, una situación fiscal sensible, con un elevado déficit fiscal que muestra cifras poco sostenibles en el contexto actual (el BCCR estima que en 2019 la deuda del Gobierno Central cerrará en un 59,1% del PIB).

Lo cierto es que los gastos han crecido más allá de los ingresos durante años como consecuencia de decisiones inadecuadas, errores cometidos, omisiones, ausencia de visión integral, entre otras causas muy diversas. Los gastos corrientes como salarios, incentivos, compras de materiales, suministros, así como transferencias a otros entes (necesarios para la operación gubernamental) se han disparado más allá de lo que puede ser cubierto por los ingresos tributarios y esta diferencia ha sido cubierta con deuda, la cual ha crecido año con año a niveles insostenibles sin freno.

Aunque esta es solo una dimensión del problema que estamos enfrentando, ahora las cosas parecen salirse de control. La situación de las finanzas del Gobierno Central conlleva elevados riesgos de afectación al resto de las instituciones públicas, sobre todo a aquellas dependientes en menor o mayor grado de las transferencias de sus recursos, los cuales utilizan para enfrentar en parte su propio gasto corriente.

Por tanto, es imprescindible ordenar y controlar el crecimiento de estas. Un primer paso para procurar el urgente equilibrio de las finanzas públicas pasa, sin duda alguna, por la reforma fiscal aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2018 y, en consecuencia, en la aplicación de la regla fiscal por parte de la institucionalidad. Ese paso, sin embargo, ha de ir acompañado de otro tipo de medidas que igualmente contribuyan a la sostenibilidad de las finanzas públicas, por el lado del ingreso -como mejoras en los procesos de recaudación y lucha contra la evasión- y del gasto, situación advertida por la Contraloría en múltiples ocasiones. El desacuerdo y el evidente desconocimiento sobre las verdaderas consecuencias de esta situación, así como la incertidumbre fiscal ante la efectiva implementación de la ley y sus resultados, contagian al resto de la economía, sumado a riesgos externos como la baja expectativa de crecimiento de la economía mundial.

La producción nacional registra variaciones negativas en sectores como el de construcción, comercio y agricultura, durante este primer semestre, con expectativas poco favorables para lo que queda del año. Algunas señales que se han enviado desde distintos sectores también han tenido un impacto negativo, generando un ambiente de incertidumbre caracterizado por una negativa en las decisiones de inversión, así como la baja confianza de los consumidores que ha causado una menor actividad comercial. No hay duda de que lo que sucede a las finanzas del Gobierno afecta la economía del país y, por tanto, afecta el bienestar de la población. Nadie sale librado del círculo vicioso relacionado con las finanzas públicas; lo anterior implica hacer un uso inteligente y responsable de la política fiscal cuyo objetivo se debe orientar a encontrar el equilibrio adecuado entre la sostenibilidad de la deuda, el crecimiento de la producción, y los objetivos sociales.

Se debería apuntar a consolidar el crecimiento y la estabilidad, a que se estimule la productividad, el crecimiento a largo plazo y se favorezca la mejora de indicadores sociales tales como pobreza, desempleo y desigualdad. En todo caso, es indudable que debemos ordenar la Hacienda Pública.

La respuesta estatal debe ser clara, sin contradicciones, oportuna, orientada a minimizar la incertidumbre y las repercusiones sociales. Diversos grupos quieren ser excluidos de la solución, erosionando sus efectos y postergando aún más las respuestas integrales a la problemática.

Ningún sector debería enviar mensajes equivocados, porque la desconfianza y el desencanto que se genera también tienen consecuencias económicas y sociales. Es necesario tener presente que, si bien es cierto la discusión actual se ha concentrado en grupos de interés, Poderes de la República, algunos grupos de presión, varias entidades públicas y medios de difusión colectiva, también lo es que, en general, el ciudadano parece estar al margen del epicentro de estos intereses que se activan en virtud de las decisiones que se toman o no.

Pensar solamente en el interés de unos u otros es tener una visión individualizada y mezquina del acontecer nacional. El inmediatismo en la toma de decisiones y el favorecimiento a los intereses particulares nos cobrarán una alta factura a todos, sin excepción. La vulnerabilidad de la situación es un problema real, no es un cuento. La Contraloría General de la República estima indispensable que se ponderen seria y responsablemente las decisiones por parte de los grupos y sectores que al parecer tienen mayor incidencia en la esfera pública, no sea que el camino hacia una situación indeseable para las mayorías de este país se vuelva irreversible.

El momento demanda visión de Estado, y esa responsabilidad compete a su liderazgo, pero también a todos los líderes de grupos y a jerarcas institucionales. Hay importantes consecuencias sociales en juego. 

 

*Contralora General de la República

 

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Jueves 22 Agosto, 2019

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